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TC resolverá demanda de Uchunya contra presuntos traficantes de tierras

Foto: IDL

Servindi, 7 de setiembre, 2018.- El Tribunal Constitucional (TC) admitió a trámite una demanda de amparo contra una empresa y dos instituciones públicas que se habrían coludidos para favorecer el tráfico de tierras, el desbosque y los cultivos de palma aceitera.

Los demandados son la Dirección Regional de Agricultura de Ucayali (DRAU), la empresa Plantaciones de Pucallpa (hoy Ocho Sur P.) y la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos.

La demanda  admitida por la Sala Primera del TC  fue interpuesta por la Comunidad Nativa Santa Clara de Uchunya con el apoyo del Área de Litigio Constitucional y Pueblos Indígenas del Instituto de Defensa Legal (IDL).

La comunidad ubicada en la región de Ucayali pide al Tribunal que declare la nulidad de las constancias de posesión otorgadas por la DRAU a 222 presuntos traficantes de tierras.

Asimismo, busca se declare la nulidad de los contratos de compraventa celebrados entre dichos presuntos traficantes y la empresa Plantaciones de Pucallpa, dedicada al cultivo de palma aceitera.

Un tercer pedido es que se paralicen de inmediato las actividades de la empresa, que a la fecha ha deforestado más de siete mil hectáreas de bosques amazónicos.

Actualmente, la comunidad shipibo-conibo Santa Clara de Uchunya sufre los efectos del despojo de sus tierras y la pérdida de bosques.

La falta de seguridad jurídica sobre su territorio ancestral ha propiciado el tráfico ilegal de tierras para la instalación de palma aceitera y otros monocultivos en la zona.

Todo esto ha generado un clima de inseguridad y violencia para los miembros de la comunidad. Cabe destacar que luego de la presentación de la demanda, dirigentes y aliados han denunciado agresiones y amenazas en su contra.

La demanda busca que el Estado tome acciones eficaces e inmediatas para detener el tráfico ilegal de tierras que pone en peligro los territorios de los pueblos indígenas y promueva el desarrollo sostenible de la Amazonía.

La admisión a trámite permitirá que representantes del pueblo Shipibo-Conibo sean escuchado por el Tribunal Constitucional y así obtener un pronunciamiento de fondo.

La comunidad nativa Santa Clara de Uchunya y el IDL se ratificaron en la solidez de la demanda y confían en que la sentencia del caso constituya un precedente para reivindicar los derechos de los pueblos indígenas peruanos.

Acceda a la resolución con un clic en el siguiente enlace:

 
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Comentarios

¿Por qué la comunidad nativa Santa Clara de Uchunya solicita el apoyo del Área de Litigio Constitucional y Pueblos Indígenas del Instituto de Defensa Legal (IDL), y no al Ministerio de Cultura? ¿Por qué el Ministerio de Cultura no apoya esta demanda? ¿Será que los comuneros de Santa Clara de Uchunya no confían en el Min. Cultura, o será que éste no ha querido/podido ayudar a pesar de haberse recurrido a él? ¿Qué pasa con el Min. Cultura, cuyo viceministerio de Interculturalidad aparentemente no cumple su principal misión... la defensa de los pueblos originarios? Por último, ¿por qué Servindi no le hace una entrevista a la viceministra para conocer su posición al respecto, y sobre todo, saber su versión sobre este asunto y sobre por qué no apoya a Santa Clara de Uchunya?

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