CIDH se opone a “Ley de la impunidad”

Familiares de víctimas del caso La Cantuta y Barrios Altos esperan justicia_ Créditos: Radio Nacional Familiares de víctimas del caso La Cantuta y Barrios Altos esperan justicia_ Créditos: Radio Nacional

El organismo internacional emitió una Resolución de Medidas Provisionales requiriendo al Estado tomar las acciones necesarias  para evitar la aprobación del proyecto de ley que dispone la prescripción de crímenes de lesa humanidad cometidos en Perú durante el conflicto armado interno. 

Servindi, 3 de julio, 2024.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhortó al Estado a tomar las medidas para evitar la aprobación del Proyecto de Ley 6951/2023-CR conocido como la “Ley Cueto-Rospigliosi” o la “Ley de la Impunidad”. 

Esta propuesta legislativa planteada por los legisladores Fernando Rospigliosi y José Cueto busca la prescripción de investigaciones por crímenes de lesa humanidad cometidos antes del 2002. 

La resolución hace un especial énfasis en los casos de La Cantuta y Barrios Altos, que datan de la época del conflicto armado interno y que de ser prescritos, se convertirían en una muestra clara de la falta de acceso a la justicia de las víctimas. 

A través de esta resolución la CIDH da plazo hasta el 9 de agosto para que el Estado presente un informe completo y detallado de las medidas adoptadas para dar cumplimiento a lo dispuesto. 

Además, requiere a las víctimas presentar sus observaciones dentro de las dos semanas de presentado el informe del Estado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos hará lo mismo por su parte. 

La Ley de la impunidad o Ley Cueto ha sido criticada y observada por distintas organizaciones defensoras de derechos humanos, en especial por la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (Anfasep). 

En junio de este año la Fiscalía especializada en Derechos humanos e Interculturalidad también emitió un pronunciamiento de rechazo al proyecto de ley 6951/2023-CR debido a que alrededor de 600 casos serían archivados tras su aprobación.

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