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Debate sobre la indemnización por pérdidas y daños para los PP. II.

Protesta de comunidades Waorani y A’I Cofán de Ecuador (2020). Foto: Amazon Frontlines.

Los pueblos indígenas se encuentran entre los grupos más perjudicados por el cambio climático, no solo por la afectación a sus ecosistemas y su sustento diario, sino también por las pérdidas culturales. Frente a las injusticias climáticas que acrecientan su marginalización, reclaman un fondo por pérdidas y daños. Los líderes indígenas exigen respetar el derecho a la autodeterminación y abrir el debate sobre cómo resarcir las pérdidas retroactivas, las no pecuniarias y los daños culturales.

Los efectos del camcio climático: el debate sobre la indemnizaciòn por las pérdidas y daños para los pueblos indígenas

Por Helen Biangalen-Magata*

Debates Indígenas, 5 de octubre, 2022.- Los efectos del cambio climático han traspasado el umbral de resiliencia y la capacidad de los ecosistemas y comunidades del mundo. El número de personas afectadas por los desastres provocados por el cambio climático se está incrementando. Según las Naciones Unidas, entre 2000 y 2019, hubo 510.837 muertos y 3.900 millones de personas afectadas por 6.681 desastres relacionados al clima.

Cuando el impacto del cambio climático excede la capacidad de adaptación de los gobiernos, las comunidades y los ecosistemas, se debe considerar una indemnización por las pérdidas y daños. Este fue un tema conflictivo durante la conferencia sobre el cambio climático de la COP26 celebrada en Glasgow en 2021: mientras los países en desarrollo exigieron un fondo especial, los países desarrollados se opusieron.

En consecuencia, los Estados acordaron “deliberar sobre las disposiciones relativas a la financiación de las actividades dirigidas a evitar, reducir al mínimo y afrontar las pérdidas y los daños relacionados con los efectos adversos del cambio climático”. Esta conversación tampoco progresó demasiado durante la conferencia entre sesiones de Bonn en junio de 2022. Solo el tiempo dirá cuál será el resultado de las futuras Conferencias COP27 y COP28 respecto de este tema.
 

Líderes indígenas y representantes de las Naciones Unidas en la conferencia entre sesiones de Bonn en junio de 2022. Mientras los países en desarrollo exigieron un fondo especial, los países desarrollados se opusieron. Foto: Stefan Thorsell

Pérdidas, daños y marginalización

Para los pueblos indígenas, las pérdidas y los daños no pueden ser más reales, especialmente, en cuanto a sus derechos. La ciencia ya ha comprobado que los pueblos indígenas contribuyen de manera significativa a la reducción y adaptación del cambio climático mediante el conocimiento tradicional que ha preservado sus tierras, territorios y recursos durante generaciones. Desafortunadamente, también es verdad que se encuentran entre los grupos más vulnerables a los efectos del cambio climático. Como si esto fuera poco, la Organización de las Naciones Unidas reconoce que el cambio climático agrava la marginalización sociopolítica y económica que sufren los pueblos indígenas.

Existen pruebas que demuestran que los perjuicios causados al sustento y a la agricultura se encuentran en aumento. Sin embargo, las estadísticas mundiales y, en muchos casos, nacionales no incluyen información específica sobre los pueblos indígenas. Para ellos, los daños y las pérdidas no implican únicamente los efectos directos del cambio climático, sino también las consecuencias negativas de las acciones climáticas implementadas (como la mala mitigación y la mala adaptación). Como señalaron los líderes y lideresas durante la Conferencia sobre Cambio Climático de Bonn: “No solo se deben tener en cuenta las pérdidas físicas de nuestras tierras, sino además la pérdida cultural directamente relacionada con aquellas tierras y aguas que conforman nuestra identidad”.

Es igual de urgente reconocer, tal como lo remarca IWGIA, que el impacto se da tanto por la crisis socioecológica como por la criminalización del derecho a la protesta social. Esto ocurre cada vez que los pueblos indígenas se oponen a las políticas económicas que promueven la extracción de los recursos naturales y la explotación de sus territorios, ignorando los derechos humanos y a la Madre Naturaleza. Sin dudas, las pérdidas y los daños no ocurren de manera aislada.
 

Los impactos del cambio climático afectan las tierras de los pueblos indígenas, sus sustentos de vida y también su cultura. Foto: Fundación Tebtebba

El pueblo Tagbanua: un caso de pérdidas y daños

Un ejemplo de pérdida y daño de los pueblos indígenas es el paso del tifón Haiyan por Filipinas en noviembre de 2013, que provocó que más de 8.000 personas perdieran la vida. Según las Naciones Unidas, las consecuencias del fenómeno fueron devastadoras: 1,14 millones de estructuras fueron dañadas, 16 millones de personas se vieron afectadas, 4 millones de personas debieron desplazarse para sobrevivir y hubo pérdidas económicas que alcanzaron los US$ 13.000 millones. Entre los principales afectados se encontraba el pueblo Tagbanua que habita en la Isla de Corón: casi todas las casas de la comunidad fueron destruidas y muchos botes, su principal medio de transporte, se perdieron en el mar.

Lo peor de esta tragedia es que tranquilamente podría haber sido evitada si los tagbanuas no hubieran sido desplazados por la fuerza de sus tierras ancestrales. En 1976, mediante un decreto presidencial, su isla fue convertida en un zoológico experimental para animales de África en peligro de extinción. Al narrar el desplazamiento forzado, un anciano tagbanua recuerda: “Durante diez años, fuimos reubicados en una tierra árida. Pasamos hambre”. De este modo, fueron obligados a establecerse en las áreas costeras bajas propensas a sufrir tifones y otros desastres naturales.

Estas referencias a los pueblos indígenas, diversas en temáticas y profundidad, denotan distintos niveles de reconocimiento. El nivel más débil (presente en un 25% de las primeras NDC y un 47% en las segundas) reconoce a los pueblos indígenas como parte de la diversidad nacional. También son débiles los reconocimientos que posicionan a los pueblos indígenas como vulnerables ante el cambio climático (crece de un 20 al 76 por ciento). Sin embargo, en la mayoría de los casos, las NDC no profundizan sobre las causas de esta vulnerabilidad y, por lo tanto, no proponen acciones para superarla. Solo las NDC actualizadas de Costa Rica, México y Panamá, y el segundo envío de Argentina vinculan la vulnerabilidad a la desigualdad. Esta última señala que los pueblos indígenas tienen “una participación limitada en la toma de decisiones y en el acceso a los recursos”.

“Los tagbanua solemos tener menos prioridad y, en el caso de Haiyan, las comunidades de los alrededores ya habían recibido ayuda, mientras nosotros debimos esperar semanas hasta recibir algo”.

El pueblo Tagbanua esperó durante semanas a que el gobierno de Filipinas enviara artículos de primera necesidad, lo cual agravó más las consecuencias del tifón Haiyan. Según un anciano de la comunidad, la tragedia es una consecuencia de las políticas de exclusión del gobierno local: “Los tagbanua solemos tener menos prioridad. En el caso de Haiyan, las comunidades de los alrededores ya habían recibido ayuda, mientras nosotros debimos esperar semanas hasta recibir algo”.

El caso de los tagbanuas no es un hecho aislado. En todo el mundo, existen pueblos indígenas que experimentan los efectos combinados del cambio climático, la discriminación y la colonización. Al violar sus derechos, tanto las pérdidas y los daños (ya sea económicos o no) deben ser reconocidos, comprendidos e indemnizados.
 

En 2013, el tifón Haiyan generó graves pérdidas a los indígenas de Filipinas. El pueblo Tagbanua sufrió la destrucción de las casas de su comunidad y sus botes. Foto: Iwgia

La necesidad de un fondo por pérdidas y daños

Bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, los países desarrollados se comprometieron a entregar a los países en desarrollo la suma de US$ 100.000 millones por año como fondo por el cambio climático. Más allá de no haberse cumplido, el Comité Permanente de Finanzas de la Convención concluyó que ese monto está por debajo de las necesidades. Aún más importante, los cálculos del informe no incluyeron la compensación por los daños y las pérdidas. Una razón podría ser que, como es una suma muy difícil de determinar, la metodología para establecer un estimado todavía no se ha acordado. Mientras tanto, los países desarrollados continúan oponiéndose a un mecanismo de financiación por pérdidas y daños.

En este contexto, los pueblos indígenas siguen reclamando un fondo que debería cumplir con una serie de parámetros. Primero, los gobiernos que participan de la Convención deben asegurarse de que las perspectivas de todos los actores no estatales, incluidos los pueblos indígenas, sean incluidos en la financiación por el cambio climático. Esta definición debe basarse en las experiencias y las prioridades de quienes más contribuyen a solucionar estos problemas. El Fondo debe considerar las pérdidas retroactivas, las no pecuniarias y los daños culturales. Se debe asegurar un enfoque basado en los derechos y la perspectiva de género para reducir, evaluar y abordar las pérdidas y los daños.

Reconocer la vulnerabilidad de las mujeres es fundamental para comenzar a reducirla. Por lo tanto, su omisión es grave.

En segundo lugar, los pueblos indígenas reclaman que el fondo por pérdidas y daños debe ser adicional a la financiación de mitigación y adaptación por cambios climáticos; y deben tener la forma de subsidios, no de préstamos. La indemnización por las pérdidas y los daños no es un auxilio o una ayuda para los países en vías de desarrollo, sino una reparación que debe ser cumplida. Finalmente, también es fundamental que los pueblos indígenas tengan acceso a financiación destinada al mantenimiento, la restauración y la protección de sus tierras y aguas, y a mejorar su resiliencia según sus prioridades, sistemas de gobierno y conocimientos. Esta financiación no debería depender de un desastre natural, sino que debería ser proactivo, sostenible y accesible para todos.

La operatividad de la financiación de pérdidas y daños debe asegurar la participación efectiva de los pueblos indígenas, tanto en el proceso de toma de decisiones como en el acceso a medios técnicos y financieros para su implementación. Debe haber un mecanismo de rectificación y reclamo accesible (que permita la presentación de denuncias en cualquier idioma, formato y metodología), proactivo (que posibilite presentar informes cuando ya exista un daño potencial) y con recursos económicos. Los mecanismos de reclamo a nivel nacional y subnacional no deben impedir el acceso a otros mecanismos si quienes reclaman sienten que sus intereses no fueron abordados de manera adecuada.
 

La financiación de pérdidas y daños debe asegurar la participación efectiva de los pueblos indígenas. Foto: Fundación Tebtebba

De las pérdidas y daños al derecho a la autodeterminación

En este contexto, es necesario solucionar la escasez de estadísticas e indicadores nacionales sobre pueblos indígenas a través de la armonización de las políticas públicas y las estrategias fragmentadas. Esta información recabada podría sumarse a los informes de los países en el Balance Mundial del Acuerdo de París del año próximo. Algunos de los indicadores podrían ser sobre qué significa una pérdida o un daño para los pueblos indígenas; cómo medir las pérdidas no pecuniarias que hacen a la cultura y al conocimiento tradicional; o cómo podría incluirse a los pueblos indígenas en los análisis de riesgos participativos.

Los Estados tienen la responsabilidad de repartir recursos que financien la valoración de las pérdidas y los daños registrados por los pueblos indígenas. Al mismo tiempo, deben mejorar el Mecanismo Internacional de Varsovia para las Pérdidas y los Daños, paralelamente a la optimización de los planes nacionales para la reducción del riesgo de desastres y cambio climático.

Tal como se consagra en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el derecho al desarrollo autodeterminado no debe ser relegado.

Durante un largo tiempo, los pueblos indígenas han sido relegados como beneficiarios de proyectos o de fondos. Ha llegado el momento de cambiar esto y ubicarlos en una posición de igualdad en la toma de decisiones. Tal como se consagra en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el derecho al desarrollo autodeterminado no debe ser relegado. Los pueblos tienen el derecho a determinar su propio desarrollo al mismo tiempo que los gobiernos tienen la obligación de respetar y cumplirlo.

El derecho a la autodeterminación trasciende los límites del poder de decisión. Y esto incluye a la financiación por el cambio climático. Abordar la necesidad de los pueblos indígenas de contar con un fondo por las pérdidas y los daños causados es una de las muchas maneras de hacerse cargo de las injusticias históricas sufridas, incluida la justicia climática.

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* Helen Biangalen-Magata es una mujer indígena del pueblo Kadaclan de la región Cordillera de las Filipinas. En la actualidad, trabaja con el Centro Internacional de los Pueblos Indígenas para la Investigación de Políticas y la Educación (Fundación Tebtebba), bajo el Programa de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático.

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Fuente: Publicado por el portal Debates Indígenas, boletín especial Cambio Climático, correspondiente a octubre de 2022: https://debatesindigenas.org/notas/190-efectos-cambio-climatico-indemnizacion-perdidas-pueblos-indigenas.html 
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