Servindi, 21 de febrero, 2022.- Compartimos nuestro boletín semanal de noticias, edición internacional, con algunos de los hechos más destacados de la semana en el ámbito indígena y ambiental del mundo. Se autoriza la libre reproducción y difusión. Todos los derechos están compartidos.
El actual resumen de noticias de Servindi es locutado por Ian Bravo y Marjorie Ugaz.
Resumen internacional del 14 al 20 de febrero, 2022
Última hablante. Cristina Calderón, la última hablante del idioma del pueblo indígena Yagán, falleció el miércoles 16 de febrero a los 93 años en Magallanes, al sur de Chile.
Cantante, etnógrafa y escritora, Calderón dedicó gran parte de su vida a preservar su cultura, ocupándose de la difusión de la lengua, de cuentos y leyendas ancestrales de su pueblo.
El diccionario que Calderón elaboró, antes de morir, junto a su nieta quedaría como única referencia de la lengua más austral o sureña del mundo.
Escazú, urgencia ignorada. Luego de casi 10 meses desde que entró en vigencia el Acuerdo de Escazú, solo 12 países latinoamericanos lo han ratificado.
Mientras se espera que el nuevo gobierno chileno, lo suscriba como una de sus primeras acciones, autoridades judiciales de Costa Rica se oponen a ratificarlo sin serios argumentos.
Mientras tanto en Perú, el Congreso de la República rechazó debatir la aprobación del Acuerdo de Escazú durante una reunión de Junta de Portavoces el 31 de enero.
Esta decisión se adoptó pese al reciente desastre ecológico en la refinería La Pampilla, ocasionado por la empresa española Repsol.
Escazú es un acuerdo regional para el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.
Imputados por deforestación. Por primera vez, la Fiscalía de Colombia empleó la figura del delito de deforestación para acusar a cinco personas por la destrucción de cientos de hectáreas en la región amazónica.
Los miembros del ‘Cartel de la Deforestación’ liderado por el ganadero Aurelio Quiroga Tovar, habrían arrasado con cerca de 500 hectáreas de bosque en los últimos años.
Récord de deforestación. La Amazonía brasileña registró un nuevo record de deforestación con 430 kilómetros cuadrados de vegetación nativa devastada solo en enero de 2022, según estima el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales (Inpe).
Estas cifras representan un aumento del 419 por ciento frente a las de enero de 2021. Además, es la mayor destrucción en el bioma para este periodo desde 2016.
Política genocida. Un pueblo indígena no contactado de la cuenca del Río Purús, en el Estado brasileño de Amazonas, está en riesgo de exterminio ante la ausencia de protección territorial.
Conocidos como “los aislados de Mamoriá Grande”, la existencia de este pueblo fue recientemente confirmada. Viven en una zona recorrida por colonos y cualquier encuentro podría conllevar consecuencias fatales.
A pesar de las solicitudes de protección, denuncian la inacción de la Fundación Nacional del Indio (Funai), entidad estatal responsable de políticas para pueblos indígenas en Brasil.
Deforestación en Corrientes. Más de medio millón de hectáreas de bosques fueron arrasados en la superficie de la provincia de Corrientes, en un contexto agravado por el cambio climático.
Un informe de la agencia Tierra Viva denuncia al gobierno y entidades del agronegocio que se opusieron al proyecto de Ley de Humedales, lo que ha incrementado la sequía y el desbosque.
La Asamblea Basta de Quemas exige que se deje de priorizar el modelo basado en arroceras y ganadería.
Resistencia ante desalojo. Indígenas del pueblo Maasai, que viven en el Área de Conservación Ngorongoro, se han organizado para resistir amenazas del gobierno de Tanzania.
Acusan al nuevo gobierno de utilizar la conservación de la vida silvestre como pretexto para su desalojo; y así favorecer las inversiones extranjeras en turismo.
Desaparición impune. El caso de la desaparición del indígena Cho’l mexicano Antonio Gonzáles Méndez fue presentado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La Comisión Interamericana acusa al Estado mexicano de violar el derecho a la integridad personal en perjuicio de los familiares de la víctima, al haberse realizado acciones e investigaciones ineficaces respecto a su desaparición.
El suceso ocurrió en 1999, en el Estado de Chiapas, cuando grupos paramilitares violentaban a la población indígena simpatizante del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Amplían protección. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos amplió las medidas cautelares en favor de indígenas en situación de riego de tres comunidades miskitu del Territorio Mayangna Sauni As, de Nicaragua.
La ampliación responde a la situación de violencia que enfrentan las comunidades ante la presencia armada de “colonos” que buscan apropiarse de las tierras pendientes de saneamiento.
Ordenan retiro de mineras. El máximo tribunal constitucional de México ordenó retirar dos concesiones mineras a la canadiense Almaden Minerals tras una queja interpuesta por pueblos indígenas nahuas de Tecoltemi, en Puebla.
Los magistrados determinaron que las concesiones no fueron sometidas a consulta previa con la población, como lo establecen la Constitución y el Convenio 169 de la OIT.
Respaldan Derechos de la Naturaleza. La Corte Constitucional, máximo organismo legal ecuatoriano, emitió en los últimos días tres sentencias a favor de los derechos colectivos de los indígenas y de la naturaleza.
Los fallos frenan la explotación petrolera y minera no consentida en la Amazonía y declaran inconstitucional la ley del agua por no garantizar el recurso como bien público y comunitario.
Etapa de cambios. La Convención Constitucional en Chile puede marcar una ruptura con un largo periodo anterior centralista, extractivista y monocultural conocido como ‘Estado portaliano’ en alusión a Diego Portales, arquitecto del Estado-nación chileno.
Así lo observa el sociólogo y analista Andrés Kogan Valderrama que puntualiza que la aprobación de nuevos artículos por la Convención Constitucional “tiene que ver con el término de un proyecto civilizatorio de muerte”.
Sin estatuas. Indígenas purépecha de Morelia, en Michoacán, México, derribaron estatuas que representaban a sus ancestros siendo obligados a trabajar por españoles durante la Colonia.
Las estatuas mostraban al sacerdote español Fray Antonio de San Miguel ordenando a un purépecha semidesnudo que corte un bloque de piedra, mientras otro cargaba una piedra sobre su espalda.
Para los integrantes del Consejo Supremo Indígena de Michoacán esta muestra era “ofensiva y racista, símbolo de la subordinación, representación del esclavismo y un emblema del genocidio español”.
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