Servindi, 21 de julio, 2017.- Escuche a Zulma Villa sobre criminalización al comunicador indígena César Estrada, Shapión Noningo y Edwin Montenegro sobre minería ilegal y Victoria Tauli-Corpuz sobre pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial.
- Ronda informativa indígena al 21 de julio de 2017 (Puede descargar el audio con clic derecho en el botón "Reproducir" y luego en "Guardar audio como...".
Comunicador criminalizado
Zulma Villa Vílchez, abogada del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad (IIDS), que acompaña el proceso que afronta el comunicador indígena cajamarquino César Estrada Chuquilín, informó que "existe ensañamiento por parte del Estado con los comunicadores indígenas que denuncian las injusticias de las empresas".
Villa Vílchez aseguró que César Estrada cuenta con una Medida Cautelar otorgada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sin embargo el sistema de justicia nacional lo sentenció a 8 años de prisión efectiva y al pago de 8 mil nuevo soles, por un delito que nunca cometió.
La abogada también denunció que Estrada viene recibiendo seguimiento, persecución y hostigamiento de parte de efectivos del grupo terna vestidos de civil, de tal manera que el sistema judicial, lejos de proteger a los ciudadanos, es cómplice de acciones que violan derechos fundamentales de la persona humana, señaló.
Minería ilegal
Shapión Noningo Sesén, líder indígena del Gobierno Territorial Autónomo de la nación Wampís, hizo un llamado a las autoridades por la presencia de la minería ilegal en su territorio, ya que las interdicciones practicadas por el Estado en años anteriores no fueron suficientes.
Noningo Sesén dijo que en vista de la desidia de las autoridades estatales, el Gobierno Territorial Autónomo de la nación Wampís decidió desalojar pacíficamente a los extractores auríferos ilegales del rio Santiago y afluentes, donde al finalizar el día, en el lugar denominado “la poza” se registraron represalias.
Frente a esta situación, el líder indígena pide que el estado extermine la minería ilegal en sus territorios, y a su vez fortalezca el comité de vigilancia y denuncie penalmente a los ilegales destructores de los bosques y ríos de su ámbito territorial.
Shapión Noningo señaló que de soslayarse este flagelo, inevitablemente los pueblos Awajún y Wampís, se enfrentan a un conflicto inminente por la presencia de cada vez más extractores armados y que no solo destruyen el medio ambiente, sino traen consigo todos los males de la humanidad.
Edwin Montenegro, ex dirigente y líder indígena del pueblo Awajun, en diálogo con Servindi Noticias, se ratificó en que no permitirán el ingreso de ninguna actividad extractiva en su territorio.
Montenegro señaló que el Pueblo Awajun no va avalar actividades ilegales, menos en la comunidad de Yutupis, donde presuntamente, los mineros ilegales habrían persuadido a los indígenas para que los dejen trabajar.
Pueblos aislados
Victoria Tauli-Corpuz, relatora de las Naciones Unidas para los pueblos indígenas, durante una presentación en Lima, que revisó las propuestas de normas internacionales de derechos humanos de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI) en la Amazonía y el gran Chaco, se pronunció a favor de los aislados.
Tauli-Corpuz aseguró que las Directrices de las Naciones Unidas tienen especial relevancia en las políticas y acciones de los Estados frente a los pueblos indígenas aislados y que se debe respetar su derecho a la autodeterminación sobre sus tierras. Asimismo se debe garantizar su derecho a la participación si así lo desean, mediante consulta y consentimiento.
En el evento que reunió a líderes indígenas, representantes de las Naciones Unidas (ONU), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) e IWGIA; la relatora enfatizó que los Estados deben recordar sus obligaciones sobre los derechos humanos y protección de la vida, salud y los territorios de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial, en aplicación de la jurisprudencia internacional y el Convenio 169 de la OIT.
La relatora, se refirió sobre la necesidad de protección especial en los casos específicos de los indígenas del Ecuador, la región del Chaco del Paraguay, el caso de FUNAI en Brasil, y la situación en los pueblos Mashco Piro de Perú.
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