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Mundo Indígena Perú: El resumen nacional de Servindi

Servindi, 25 de setiembre, 2016.- Compartimos nuestro boletín semanal de noticias, edición Perú, con algunos de los hechos más destacados de la semana en el ámbito indígena y ambiental del país. Se autoriza la libre reproducción y difusión. Todos los derechos están compartidos.

El actual resumen de noticias de Servindi es locutado por María Jimena Aliaga y Rafael Ponte.

Mundo Indígena al 25 de septiembre de 2016 (Puede descargar el audio con clic derecho en el botón "Reproducir" y luego en "Guardar audio como...").

Bagua. El fallo de la Corte Superior de Justicia de Amazonas que absolvió a 52 personas indígenas y no indígenas de imputaciones por crímenes ocurridos durante el recordado “Baguazo”, en 2009, ha marcado un importante precedente judicial.

Y es que la sentencia absolutoria ha tomado en cuenta informes antropológicos, hecho que representa un reconocimiento de la pluriculturalidad, tal como vienen demandando los pueblos indígenas.

La Corte consideró que durante la protesta los indígenas bloquearon la carretera en el legítimo derecho de manifestarse pacíficamente, sobre la base de la autonomía territorial y organizativa, y la potestad jurisdiccional que les reconoce la Constitución.

Cabe agregar que al terminar la lectura de sentencia la fiscalía solicitó la nulidad del fallo y pidió 10 días para estudiar la sentencia de 392 páginas y fundamentar su apelación.

Esto significa que el proceso aún no culmina y continuará su curso en la Corte Suprema del Perú, con sede en Lima.

Responsables del “Baguazo”. Tras el fallo judicial por los hechos de Bagua, cabría recordar que aún no han sido reconocidas las responsabilidades políticas que determinó la investigación de una comisión del Congreso de la República.

Ésta fue liderada por el legislador Guido Lombardi y responsabilizó a la entonces ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, por el fracaso del operativo policial llevado a cabo en la Curva del Diablo.

Asimismo, se indicó como responsable al entonces primer ministro Yehude Simon, quien no ofreció una solución política a los hechos de violencia que se venían dando durante su gestión.

También se halló responsabilidad política en la actual segunda vicepresidenta de la República, Mercedes Araoz, por entonces ministra de Comercio Exterior.

Ella presionó a la opinión pública afirmando que si se derogaban los decretos que ocasionaron la protesta se afectaría la suscripción del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos.

Equidad para las mujeres. Un evento realizado en Lima abordó las dificultades que sufren las mujeres indígenas y campesinas para acceder a la gobernanza de la tierra en las mismas condiciones que los varones.

En el debate protagonizado por mujeres de organizaciones indígenas, sociales y funcionarias del Estado se afirmó que las mujeres no son incluidas ni respetadas como comuneras calificadas por el sistema jerárquico patriarcal en sus comunidades.

Ello ocurre pese a que según las leyes puede ser comunero calificado toda persona que tenga la mayoría de edad, residencia o estancia mínima de cinco años en la comunidad y que esté registrada en el padrón.

En el evento se destacó la importancia de hacer visible el problema y que se aborde de manera integral, con un enfoque de género, especialmente frente a los proyectos de titulación de tierras indígenas.

Amparo contra derrames. La organización indígena Orpian-P presentó un recurso de amparo que busca que el instrumento de gestión ambiental del Oleoducto Norperuano se actualice periódicamente y se apruebe mediante consulta previa, entre otras peticiones específicas.

También se le exige a la empresa que cumpla con su obligación de efectuar la remediación ambiental correspondiente, la compensación económica a las comunidades, y el mantenimiento técnico del ducto.

Salud indígena. Representantes de cuatro federaciones indígenas expresaron su malestar por la inasistencia de las autoridades de Salud a una reunión pactada para el 17 de setiembre en Iquitos.

La misiva fue suscrita por organizaciones de las cuencas de los ríos  Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón.

Las organizaciones exigen conocer el cumplimiento de los compromisos asumidos por el gobierno en 2015 a consecuencia de más de 45 años de contaminación petrolera

Denunciaron también que las postas desabastecidas y el personal de salud insuficiente no reflejan la supuesta inversión de los S/. 10 millones destinados para el Plan Integral de Salud.

Incendio forestal. El valle de Shanusi, ubicado en la provincia de Alto Amazonas, región Loreto, fue declarado en emergencia por un incendio que en cinco días había destruido 30 mil hectáreas de bosques.

El siniestro también ocasionó la pérdida de gran cantidad de cultivos agrícolas, flora y fauna silvestre, y afectó a cuatro comunidades nativas aledañas al Valle Shanusi.

Máxima Acuña. La Defensoría del Pueblo de Cajamarca denunció que no se cumplió la medida cautelar a favor de la Premio Goldman 2016, Máxima Acuña, quien nuevamente fue agredida por personal de la empresa minera Yanacocha.

Como se sabe, Acuña lleva un juicio con la empresa por el predio rural donde vive y ha sido víctima de agresiones y acoso por personal de Yanacocha en repetidas ocasiones.

Tras la última agresión, el representante de la Defensoría del Pueblo en Cajamarca, Agustín Moreno, confirmó que la lideresa ambiental presenta poli-contusiones.

Asimismo, sostuvo que las imágenes presentadas por la empresa confirman una desproporcionalidad respecto al uso de la fuerza y que la medida cautelar que protege a Máxima Acuña del personal de Yanacocha no se cumplió.

Caimito. Lo que sucede con la comunidad nativa de Caimito, del pueblo shipibo, en la región Ucayali, es un claro ejemplo de la pérdida sistemática del territorio que vienen padeciendo las comunidades nativas.

Así lo advierte el Instituto de Defensa Legal en un artículo que describe dicha problemática a partir de la realidad de Caimito.

La pérdida se inicia —aunque parezca increíble— cuando se titula parcialmente el territorio ancestral de una comunidad pues solo se entrega en propiedad la parte con vocación agropecuaria y no el área boscosa que es "cedida en uso".

En el caso particular de Caimito la creación del Área de Conservación Regional Imiría (ACR Imiría), sin un adecuado proceso de consulta, significó un primer recorte de su territorio.

Luego, la aprobación deficiente del Plan Maestro del ACR Imiría en 2016 ha significado una nueva restricción al uso de recursos y territorio de la comunidad.

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Muy importante que analicen las normas de calidad, buenas praxcticas agricolas, etc, exigidas por el mercado globalizado, tales como los sellos de certificacion Rainforest Alliance para el mercado USA, Globalgap para Europa, etc., y se emitan un manual interno para su socializacion y practica.

Sdos Cordiales

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