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A casi 10 años del mal llamado “Baguazo”, poco o nada ha cambiado

Radio Aktiva

Por Juan José Quispe Capacyachi*

31 de mayo, 2019.- La madrugada del día 5 de junio de 2009, empleando armas de corto y largo alcance, efectivos de la PNP del Perú bajo el comando de Luis Muguruza Delgado, dieron inicio el violento desalojo de manifestantes indígenas acantonados en la cima del cerro denominado “la curva del diablo", caserío Siempre Viva, del distrito El Milagro, provincia de Utcubamba, departamento de Amazonas y no Bagua como muchos lo consideran, con el saldo de diez policías muertos, un policía desaparecido así como diez civiles muertos entre indígenas y mestizos.

Hecho que motivó la reacción de un grupo de indígenas quienes ingresaron a las instalaciones de la Estación Nro. 6 de Petro-Perú, golpearon a los líderes manifestantes, así como al comandante PNP Montenegro quien estaba al mando de un contingente de 37 policías al interior de la estación, para finalmente ultimar a 12 policías en el cerro ubicado frente a la sede petrolera.

Así mismo, 205 personas resultaron heridas (172 entre indígenas y mestizos, 50 de ellos con impacto de bala y 33 policías). Finalmente, más de 100 personas fueron detenidas.

¿Cuántas investigaciones se instauraron como consecuencia de los sucesos ocurridos en los lugares de protesta?

En puridad se aperturaron 05 investigaciones:

1) Caso “curva del diablo”. Se incriminaron responsabilidad penal a 56 civiles (25 miembros de las comunidades indígenas y 31 mestizos); por la presunta comisión de los delitos de Homicidio Calificado, Lesiones Graves, Atentando Contra Los Medios de Transporte de Servicio Público, Motín, Disturbios, Tenencia Ilegal de Arma de Fuego, Arrebato de Armamento o Municiones de Usos Oficial y Daño agravado en agravio del de 27 efectivos policiales (12 muertos y 15 heridos) y además el Estado peruano.  

2) Caso “Estación 6”. Se incriminaron responsabilidad a 25 civiles, todos integrantes de las comunidades indígenas, por la presunta comisión de los delitos de Extorsión, Secuestro agravado, Arrebato de Armamentos y Municiones y Disturbios, en agravio de 38 policías (10 fallecidos y 18 heridos) y de la Estación Nro. 06 -  Oleoducto Peruano Nororiental de Petro Perú (El Estado).

3) Caso “Generales de la Policía”. Se incriminaron responsabilidad inicial contra 06 oficiales de la policía nacional, por la presunta comisión del delito de autores mediatos de los delitos de Homicidio Calificado en agravio de 06 civiles (2 indígenas y 4 mestizos), Lesiones graves en agravio de 09 civiles (1 indígena y 8 mestizos) y Lesiones leves en agravio de 05 civiles (todos mestizos).  Posteriormente, se amplió la instrucción contra el ex Director General de la Policía como autor mediato del delito de Homicidio calificado.   

4) Caso “Desaparición de Mayor Bazán”. Se incriminó a 5 miembros de comunidades indígenas y 1 mestizo por la presunta comisión del delito de Secuestro agravado, y

5) Caso “denuncia de los deudos de la familia policial” contra Mercedes Cabanillas. Se incriminó responsabilidad a la ex Ministra del Interior por la presunta comisión del delito de Homicidio Culposo en agravio de 22 policías muertos y por la desaparición del Mayor Felipe Bazán    

¿Hay proporción y justicia en el procesamiento de indígenas, mestizos y policías?

Definitivamente que no. La justicia prefirió “llevar a juicio” primero a los miembros de las comunidades indígenas. Y recién este año, es posible que se inicie el juicio oral contra un grupo pequeño de oficiales de la Policía Nacional del Perú.   

En realidad, la investigación y juzgamiento de los civiles (indígenas y mestizos) ha sido casi de inmediato, a menos de un mes de ocurridos los hechos ya tenían proceso penal abierto; a diferencia de los miembros de la policía nacional, quienes recién fueron incluidos en un proceso penal en mayo del 2011, casi dos años después. 

En correlato con lo anterior, el poder judicial aperturó procesos penales con mandato de detención contra 45 investigados (20 por el caso la “curva del diablo”, 19 por la “estación Nro. 06 de Petro-Perú” y 6 por la desaparición del mayor PNP Felipe Bazán Soles); mientras que solamente se impuso mandato de Comparecencia con restricciones contra 07 miembros de la Policía Nacional del Perú. 

Actualmente, son 4 los miembros de las comunidades indígenas que tienen la condición de prófugos de la justicia sobre los que pesa una orden de captura que se renueva cada 06 meses y que corresponde al proceso por la Desaparición del Mayor PNP Felipe Bazán. Desde la otra orilla, no hay ningún policía con orden de captura, al igual que los denominados políticos quienes a la fecha son considerados como testigos en todos los casos. Con el agravante del suicidio de Alan García Pérez quien fue el que ordenó realizar el desalojo a como dé lugar.   

¿Cómo va los procesos penales instaurados como consecuencia del desalojo de los manifestantes indígenas

Veamos,

1.- Caso “Curva del diablo”:

El 22 de septiembre del año 2016 se consiguió unan sentencia histórica, los 53 acusados fueron absueltos; sin embargo, la Fiscalía y la Procuraduría del Ministerio del Interior interpusieron Recurso de Nulidad contra la misma (en cristiano, recurso de apelación para que se entienda)

Elevado el expediente a la Corte Suprema, la 1ra. Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, entonces presidida por José Luis Lecaros Cornejo, a fines del año pasado nos notificaron 2 resoluciones. La primera, por UNANIMIDAD resuelven CONFIRMAR la sentencia absolutoria por 4 delitos graves que incluían penas hasta de cadena perpetua, ya es cosa juzgada.

La segunda, nos indica que de los 5 magistrados supremos hay discordia, 3 emitieron su voto porque se declare nula la sentencia absolutoria por los 4 delitos restantes y se realice un nuevo juicio oral, mientras que 2 magistrados opinan porque se confirme la sentencia absolutoria.

Esta última discordia implica que se llame a un nuevo Juez supremo dirimente pues en la Corte Suprema, 4 votos de 5 hacen Resolución. La designada fue la doctora Iris Pacheco, quien inexplicablemente se “inhibió” de conocer el caso (apartó). El Tribunal supremo no le aceptó su pedido y nos acaban de notificar para el día 26 de junio del presente año, la nueva fecha para brindar Informe Oral ante dicha magistrada.

¿Qué puede suceder?

Si la doctora Pacheco luego de escuchar a los abogados de los procesados indígenas, resuelve inclinar su voto porque se declare la nulidad de la absolución, esta posición llegaría a tener 4 votos y por tanto consolida una Resolución y se dispondría la realización de un nuevo juicio oral solamente por esos 4 delitos menores.

Sin embargo, si la magistrada inclina su voto porque se confirme la absolución, habría un empate de 3 votos contra 3 y se tendría que llamar a otro juez supremo para que sea el último Juez dirimente. Todavía hay pan por rebanar, nada está dicho, la pelea y la lucha es hasta el último momento del proceso.

2. Caso “Estación 6”

Se inició en el mes de marzo del 2019. Actualmente está en etapa de declaración de testigos ofrecidos por el Ministerio Público. Sin embargo, todo indica que este juicio seguirá la misma suerte que el de la “curva del diablo”; es decir, por la ausencia absoluta de pruebas directas o indiciarias, se debe absolver a los acusados indígenas. Los procesados fueron los que protestaron al interior de la estación 6, pero en modo alguno son los que dieron la orden o ejecutaron directamente a los policías.

Y esta tesis de defensa y exculpación no se corrobora con la versión en juicio de otros indígenas protestantes -que sería inconducente-, sino por las testificales de los propios integrantes de la entidad estatal quienes confirman que fue una turba distinta a los manifestantes indígenas las que ingresaron y tomaron por asalto la Estación Nro. 6 de Petro-Perú, agredieron a los líderes indígenas y al Comandante PNP Montenegro, inmediatamente sacaron a los policías que estaban desarmados en las viviendas y el comedor   

3.- Caso “Generales de la Policía”

En febrero de este año nos notificaron la acusación Fiscal donde se solicita 25 años de cárcel contra 6 miembros de la policía nacional por el delito de Homicidio Simple y Lesiones Graves. El tipo penal ha cambiado desde que se aperturó proceso penal, así como el número de procesados. Es bueno precisar que, a la fecha, ya prescribió el delito de Lesiones Leves, un hecho lamentable pues el grueso de los más de 200 agraviados, eran por este delito.

A fines de abril se realizó la audiencia de Control de Acusación, donde las partes procesales verificaron que la Acusación cumpla con los requisitos formales (identificación de los acusados, de los agraviados, del tipo penal, del monto de la reparación civil y una narración correcta de los hechos). En los meses siguientes se debe señalar fecha y hora para el inicio del juicio oral.

4.- Caso “Desaparición del Mayor Felipe Bazán”

Aún no hay acusación del Fiscal Superior. Un caso absolutamente olvidado. Los únicos identificados son el indígena Asterio Pujupat Wachapea, quien aparece en el casi legendario video donde se le observa tomando del pantalón y la cintura del Mayor Bazán conjuntamente con otros indígenas y mestizos en circunstancias que lo bajaban del cerro de la “curva del diablo” hacia la carretera Fernando Belaúnde Terry.

Así mismo, el señor Juan Ramón Cruz Cotrina, que hasta hace un tiempo atrás estuvo internado en el Establecimiento Penal de Huancas en Chachapoyas, es el otro procesado identificado (mestizo) quien se autoinculpó de haber asesinado de 10 balazos en el rostro y tórax al Mayor Bazán presuntamente en la cima de la “curva del diablo”.

Lo que nunca quiso ver la justicia de Bagua es que esta autoincriminación de Juan Ramón surgió como consecuencia de su excesivo consumo de drogas y que posteriormente fue rectificado en una declaración asesorado por un abogado defensor de oficio ante la Fiscalía de Turno. Lo cierto es que, el delito jamás pudo haberse cometido en la medida que existe un video y fotos del Mayor PNP Felipe Bazán bajando “vivo” de la cima de la “curva del diablo”.               

5.- Caso denuncia de los “deudos de la familia policial”, el año 2012 fue ARCHIVADA por el ex Fiscal de la Nación José Antonio Peláez Bardales quien no encontró responsabilidad a Mercedes Cabanillas, ex Ministra del Interior.

Finalmente, a 10 años del mal llamado “baguazo”, no hay justicia para nadie. Los indígenas, acusados a la pena máxima de cadena perpetua continúan afrontando sus juicios orales a pesar de sus carencias económicas, mientras unos pocos oficiales de la PNP esperan impacientes el inicio de su juicio oral que en el mejor de los casos sería a partir del mes de julio del presente año; sin embargo, desde la otra orilla, los familiares del desaparecido Mayor Bazán se mantienen en duelo permanente, su búsqueda la paralizó el Ministerio del Interior el mismo año 2009. Que injusticia, ni su propia institución realizó todos los esfuerzos para ubicarlo, lo abandonaron a su suerte.        

A este paso, todos los juicios derivados de “baguazo” acabarán el año 2024, sin saber quiénes mataron a los policías, sin una reparación civil para todas las víctimas y familiares de las víctimas muertos y heridos y quizás condenando a altos oficiales de la Policía que mataron civiles. Incoherencia, incongruencia, desproporcionalidad e impunidad juntas.

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*Juan José Quispe Capacyachi es integrante del Instituto de Defensa Legal (IDL).

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Comentarios

Un innecesario acto de violencia, no se pudo abrir una mesa de dialogo conjunto, un tener intermediadores de paz y reconciliacion. Se púdo evitar una masacre y un enfrentamiento, se pudo impedir que la gente que murio por un intercambio en una mala interpretacion de datos de las congresistas cocaleras de esos tiempos que operaban y comandaban la zona con los beligerantes, no esten comunicando que iba un equipo de negociacion tergiversando la version de este hecho, de que los iban a diezmar y propiciaran una carniceria imparable en un momento incierto manejado por gente corrupta del congreso y del gobierno. No se ha juzgado a los propiciadores ni se ha determinado su grado de participacion, activacion disgregacion del pueblo indigena en defensa de sus derechos e intereses propios. Congresistas nacionalistas son las que propiciaron estos hechos alevosos que tienen carga de propiciar crear un conflicto para operar las zonas cocaleras, esas debian estar en prision. dra. bertha de peru

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