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Por una urgente reforma policial en democracia

Fotografía: Imagen: Leonardo Leo Ríos. Fuente: CooperAccion

Esperemos que la institución policial se reforme para que cumpla su rol efectivo frente a la delincuencia, el crimen, las diferentes formas de violencia, y que actúe con responsabilidad y mesura ante la protesta ciudadana.

Por Luis Gárate 

CooperAccion, 29 de noviembre, 2020.- En los días recientes hemos visto que la ola de protestas ciudadana generadas por el golpe parlamentario que impuso a Manuel Merino en la presidencia, fue reprimida con un uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas policiales que provocó 2 muertos y varios heridos.

Por su parte, la Policía Nacional del Perú ha salido a dar su versión, señalando que ellos no usaron los perdigones de plomo y las canicas que fueron denunciados por los heridos y participantes de las movilizaciones. Asimismo han señalando que el tema se encuentra en investigación y que se trataría de hechos aislados y no de un comportamiento institucional.

Sin embargo diversos reportajes periodísticos han mostrado que se usaron canicas en la represión, lo que no es nuevo pues se ha visto su uso en fuerzas policiales de otros países.

Asimismo, ha llamado la atención el uso de agentes del grupo Terna, creado hace unos años cuando el militar en retiro Daniel Urresti fue Ministro del interior. Este grupo que viste de civil, fue creado para una labor más efectiva contra la delincuencia y el crimen organizado. Sin embargo, desde hace algunos años también se les ha visto participando de las acciones represivas frente a movilizaciones sociales.

Algunos de los heridos han recibido disparos de perdigones y de bombas lacrimógenas que fueron dirigidas al cuerpo y al rostro. Precisamente el fallecimiento de Inti Sotelo y Jack Pintado se dio por perdigones de plomo que les fueron disparados en el cuerpo y cabeza.

Asimismo se ha denunciado el secuestro por 3 días del joven Luis Araujo, que habría sido cometido por agentes del grupo Terna y que aún no ha sido esclarecido

Esto nos recuerda a las recientes manifestaciones sociales en Chile, donde los carabineros dispararon de manera sistemática contra los manifestantes, dejando cientos de heridos y personas que han perdido uno de sus ojos. Esto ha sido denunciado como el uso del supuesto de un “enemigo interno” por parte de la fuerza pública en la sociedad, por lo que se actúa con una lógica casi de guerra.

Las versiones que han salido de la policía peruana y de algunos voceros interesados en desvirtuar las movilizaciones, es que cabe la posibilidad que se hayan usado armas artesanales por parte de “infiltrados”. Además han buscado desprestigiar a los fallecidos, pretendiendo decir que tendrían “antecedentes policiales”. Incluso los familiares de los 2 jóvenes caídos, han denunciado que han sido víctima de sospechosos reglajes.

Estas prácticas policiales resultan inaceptables y no son propias de un estado de derecho y de una democracia representativa como la que nos preciamos tener. Otro elemento que debemos recordar es que los agentes policiales no actúan solos o por iniciativa propia. Claro que pueden cometer excesos como parte de sus intervenciones, pero actúan siempre siguiendo órdenes superiores y determinados procedimientos. En ese entendido, son los miembros del Poder Ejecutivo, es decir el Presidente y el Ministro del interior, así como los mandos policiales, los que toman las decisiones y emiten las órdenes para su ejecución.

Asimismo, es conocido por los organismos defensores de derechos humanos que estas prácticas de disparos al cuerpo, siembra de pruebas, intimidación, entre otros, vienen siendo denunciados desde años atrás en relación a la actuación policial frente a las protestas sociales de comunidades en regiones donde hay conflictos socioambientales (casos conocidos como el conflicto en Apurímac con la minera Las Bambas; el conflicto con la minera Antapaccay en Espinar, Cusco; el conflicto en Arequipa contra la minera Southern por el proyecto Tía María).

El presidente Francisco Sagasti anunció hace unos días algunas medidas, como el cambio del alto mando policial, la creación de una comisión especial para recomendar reformas en la PNP, que un grupo de gerentes del SERVIR se haría cargo de las compras policiales, entre otras. Sin duda medidas saludables en el camino para que esta institución tan importante inicie un camino de moralización y mejora de su actuación en la sociedad.

Esperemos que estas iniciativas avancen. Resulta muy preocupante el sentir que ha calado en la sociedad con la represión vista en los días anteriores. Podría entenderse como un mensaje entre líneas, de advertencia frente a lo que puede venir si la ciudadanía quiere ejercer su derecho ciudadano a la protesta frente a la corrupción y a las autoridades que actúan de espaldas a la realidad. Esperemos que la institución policial se reforme para que cumpla su rol efectivo frente a la delincuencia, el crimen, las diferentes formas de violencia, y que actúe con responsabilidad y mesura ante la protesta ciudadana.

 

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