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Desafìos de la resistencia comunitaria al tráfico de drogas

Foto: Diego Pérez / SPDA

El sociólogo Álvaro Pastor nos brinda un panorama de los desafíos que enfrentan las comunidades amazónicas frente a la expansión de la producción y el trafico de drogas en Perú. El artículo fue publicado por la Revista Ideele, en su edición de diciembre de 2021 y resulta sumamente útil y esclarecedor.

Desafíos para la resistencia comunitaria al tráfico de drogas en la Amazonía

Por Álvaro Pastor*

Revista Ideele, 1 de marzo, 2022.- Durante estos últimos años hemos sido testigos de un crecimiento significativo de las actividades de producción y tráfico de drogas en los territorios de los pueblos amazónicos del país. Entre los años 2016-2020, la superficie de cultivos de coca en Comunidades Nativas Amazónicas (CCNN) a nivel nacional se incrementó de 2,759 hectáreas (ha) a 6,457 (ha). (1) Las denuncias públicas de líderes indígenas e informes periodísticos dan cuenta de la presencia de pozas de maceración y pistas clandestinas en estos territorios. Asimismo, se han reportado amenazas, hostigamientos y asesinatos hacia líderes indígenas de la Amazonía en las principales zonas de producción de drogas del país durante los últimos dos años. (2)

En este escenario urge reflexionar en torno a los desafíos institucionales que limitan la capacidad de las comunidades nativas amazónicas de resistir a la expansión de las actividades ilegales. En efecto, la población amazónica ha organizado respuestas de oposición a los actores y actividades ilícitas con el objetivo de evitar que sigan ingresando a sus territorios. Entre ellas se encuentran las denuncias públicas a través de pronunciamientos dirigidos a medios de comunicación, la activación de sus comités de autodefensa para vigilar sus territorios, y un acercamiento a entidades estatales para exigir que se realicen acciones de control. Sin embargo, hay desafíos institucionales de las políticas de control de las actividades ilícitas que, si no se abordan, tienen el potencial de profundizar las vulnerabilidades de la población amazónica.

Un primer desafío es la desconexión existente entre las políticas orientadas a reducir los cultivos ilícitos en estos territorios a través de la erradicación y proyectos productivos y aquellas encargadas de garantizar la seguridad jurídica territorial de las comunidades nativas amazónicas. La literatura evidencia que la débil integración de los programas de control de cultivos ilícitos con mecanismos que garanticen la seguridad territorial y humana aumenta la probabilidad de ocurrencia de asesinatos hacia líderes sociales. Esto se concentra principalmente en territorios en donde los líderes sociales se oponen públicamente a los cultivos ilícitos y existen actores armados que compiten por el control territorial. Esta situación genera tres grandes efectos: disuadir las denuncias de los líderes sociales, incrementar los hechos de violencia hacia estos actores, y no lograr los resultados de la política pública. (3)

En el caso de las comunidades amazónicas del Perú, las denuncias realizadas por líderes indígenas y su acercamiento a entidades estatales encargadas del control de drogas ha aumentado su exposición a amenazas por parte de actores ilegales armados. (4) En efecto, líderes ashaninkas señalan que han experimentado más amenazas desde que firmaron los convenios con DEVIDA y apoyaron la medida del gobierno de iniciar la erradicación de cultivos de coca. Así lo menciona un jefe ashaninka de Río Tambo, en Satipo, Junín: “nos amenazan, nos buscan y nos dicen que nosotros estamos promoviendo la erradicación con DEVIDA.” (5)

 

Esta es una de las pozas de maceración de droga situada entre el bosque depredado y los cocales. Foto: Hugo Alejos/Convoca.

Esto se agrava en un escenario en donde las entidades estatales encargadas de garantizar la seguridad jurídica y humana de los territorios indígenas amazónicos están desarticuladas de las intervenciones de control de cultivos de coca ilícita, y cuyas acciones de respuesta son lentas, carecen de protocolos claros, así como de una asignación presupuestal que otorgue sostenibilidad a los mecanismos de protección hacia las comunidades que recién se vienen implementando desde el 2019. (6) Esta situación afecta la capacidad de resistencia de los líderes y comunidades amazónicas, en tanto eleva los costos de resistir a las actividades ilegales pues la exposición a escenarios violentos se incrementa y los incentivos para oponerse de manera pública a las acciones ilícitas son escasos (adecuada atención a la denuncia, sanciones efectivas, garantías a la vida). (7) Tal como sostuvo un líder kakataibo durante una conferencia este año:

las garantías son solo en papel, nosotros ya no denunciamos porque no confiamos en las autoridades. Por eso muchos líderes no denuncian porque temen por sus vidas, por la vida de sus familiares.” (8)

Precisamente, un segundo desafío es la inseguridad jurídica territorial de las CCNN, junto con la falta de prioridad que se la da al tema desde las políticas de control de actividades ilícitas. La ampliación de la frontera agraria cocalera por parte de colonos andinos y de actores ilegales está relacionada las debilidades estatales en fiscalizar la ocupación de territorios y en garantizar los derechos de propiedad colectiva de las CCNN. (9) Adicionalmente, los actores ilegales aprovechan la inseguridad jurídica territorial y, a través de la colusión con funcionarios estatales de regional y local, logran obtener certificados de posesión individual sobre tierras de CCNN. (10)

Cuando los líderes(as) comunitarios denuncian estos hechos, se enfrentan a la criminalización, indiferencia o corrupción de las entidades estatales. Tal como indicó la jefa de una comunidad ashaninka afectada por la presencia de invasores en Río Tambo, Satipo-Junín:

cuando nuestras autoridades van a denunciar, los fiscales, los jueces dicen ‘no, el colono es propietario’, ‘es propiedad de ellos.’ Los fiscales reciben su coima pues, como quién dice ahí está la corrupción.” (11)

Con ello, expresa que los mecanismos legales pueden ser empleados por los actores ilegales para lograr su acceso a territorios de las CCNN. (12) Esto a su vez afecta la confianza que tienen los actores indígenas hacia las autoridades encargadas de fiscalizar y sancionar las ocupaciones ilegales, y con ello, se tiene el potencial de reducir las probabilidades de que estos hechos sean denunciados.

La literatura resalta que, si las políticas de control de cultivos ilícitos y drogas no contienen lineamientos y esfuerzos efectivos para mejorar las condiciones de seguridad humana y territorial, se corre el riesgo de transferir los costos de la resistencia solo a las comunidades y sus líderes, generando resultados contraproducentes. (13) Esto no quiere decir que hay que desechar estos programas de proyectos productivos o las acciones de erradicación, por el contrario, se requiere que estas estrategias de control estén integradas a sistemas de protección que trabajen de manera directa con las comunidades amazónicas para reforzar sus estrategias colectivas de resistencia.

se requiere que estas estrategias de control estén integradas a sistemas de protección que trabajen de manera directa con las comunidades amazónicas para reforzar sus estrategias colectivas de resistencia.

Asimismo, es clave que estas políticas de control tengan sistemas de monitoreo efectivos e integrales. En los últimos años, la información sobre cultivos de coca ilícitos y actividades ilegales de drogas ha estado retrasada y ha sido cuestionada por sus niveles de precisión. (14) En teoría, la información recopilada por el SISCOD-DEVIDA sobre cultivos ilícitos sirve para planificar las acciones de erradicación, pero si esta información está con un año de retraso cabe preguntarse, ¿Cómo se está planificando? Adicionalmente, es importante cuestionarse si estos datos son accesibles para las entidades competentes del sistema judicial y qué tan utilizados son para hacer las denuncias, fiscalizar y sancionar a los actores responsables. Esta información podría complementarse con los sistemas de vigilancia forestal que emplean imágenes satelitales y drones para detectar la deforestación de los bosques, y que son aplicados a través de la organización de las comunidades nativas. Para ello es fundamental dotar de las herramientas necesarias básicas (drones, GPS, conexión de internet), capacitar en el uso de estas herramientas, generar incentivos para la vigilancia comunitaria y emplear los datos para mejorar las intervenciones políticas de control y sanción a los delitos ambientales. (15)

Por otro lado, se deben trabajar y pensar nuevos indicadores que identifiquen las condiciones locales de las comunidades en cuanto a la seguridad. La actual política de control de cultivos sigue enfocándose en metas operativas, como la cantidad de cocaína evitada por erradicación, pero no se están midiendo los impactos que generan estas medidas a nivel local. Entre ellos, los niveles de exposición a riesgos que tienen los actores locales indígenas en zonas de producción de cultivos y drogas ilícitas. También es clave mejorar la desconfianza que tienen los líderes y comunidades indígenas hacia las autoridades estatales, y esto pasa por atender las demandas de saneamiento físico y legal de las comunidades, reducir los niveles de impunidad ante los hechos de violencia, e identificar la corrupción existente en los procesos de titulación de predios que se superponen a los territorios de las comunidades nativas.

Finalmente, ratificar el Acuerdo de Escazú (16) es una tarea que el Congreso de la República debe realizar y, a partir de ello, generar presiones a las autoridades competentes para fortalecer un sistema de protección a los líderes y comunidades que denuncian actividades ilícitas en sus territorios. En ausencia de estrategias políticas que aborden estos desafíos en torno a la seguridad territorial y mejoren las oportunidades económicas en los territorios locales, la resistencia de las autoridades y comunidades nativas hacia la expansión de actividades ilícitas es una respuesta frágil que abre la posibilidad a escenarios de violencia.

Notas:

(1) La cifra del último año representa el 10% del total de la superficie con cultivos de coca a nivel nacional, estimada en 61,777 ha. En total se registran 208 comunidades Amazónicas que presentan cultivos de coca en sus territorios, y se ubican en 7 departamentos, 13 provincias y 36 distritos del país. Ver: DEVIDA-SISCOD (S.F). Indicadores de Política. Disponible en: https://bit.ly/3HtbFjy; UNODC. (2018). Perú: Monitoreo de Cultivos de Coca 2017. UNODC. 

(2) Ver los siguientes reportajes: Sierra, Yvette. 30 de septiembre de 2021. Comunidades en resistencia: acorraladas por la ilegalidad y la violencia en la Amazonía. Mongabay. Disponible en: https://bit.ly/35hQLa7; Sierra, Yvette. 15 de diciembre de 2021. Las deudas ambientales de Perú en 2021: narcotráfico y comunidades invadidas, aumento de la deforestación y violencia contra líderes indígenas. Mongabay. Disponible en: https://bit.ly/3BZYUfb; Floríndes, Hernán y Nicolás Cisneros. 05 de septiembre de 2021. Los Kakataibo, un pueblo acechado por el narcotráfico. La República. Disponible en: https://bit.ly/3IqgD1Q; IDL. 04 de diciembre de 2021. “¿Acaso el Estado está esperando que nos maten?”: amenazan de muerte a defensores de comunidad kichwa Santa Rosillo de Yanayacu. IDL. Disponible en: https://bit.ly/35yzsBq; Santos, Geraldine. 31 de octubre de 2021. La guardiana del territorio asháninka contra el avance de la hoja de coca en la Amazonía. Ojo Público. Disponible en: https://bit.ly/3tgPfgp; CAAP. 24 de junio de 2020. Herlín Odicio, líder cacataibo: “La tala ilegal y el narcotráfico nos siguen invadiendo, también en cuarentena”. CAAP. Disponible en: https://bit.ly/3MduKtU

(3) Ver: Marín, L. (2020). Uninteded Consequences of Alternative Development Programs: Evidence from Colombia’s Illegal Crop Substitution; Gutiérrez, F., Marín, M., Machuca, D., Parada, M., y Rojas, H. (2020). Paz sin garantías: el asesinato de líderes de restitución y sustitución de cultivos de uso ilícito en Colombia. Estudios Socio-Jurídicos, 22(2), 1–58; Arjona, A. (2016). Institutions, Civilian Resistance, and Wartime Social Order: A Process-driven Natural Experiment in the Colombian Civil War. Latin American Politics and Society, 58(3), 99–122.

(4) Ver el reportaje de Floríndes y Cisineros (2021) en La República, en donde se muestra cómo los actores ilegales presionan a los líderes indígenas para que no acudan a las entidades del estado para que inicien la erradicación de cultivos. Disponible en: https://bit.ly/3HuRAtp; También lo señalado por un líder indígena de Ucayali cuando fue atacado por foráneos: https://bit.ly/3McHsJ2.

(5) Entrevista realizada en el marco del Proyecto Regional Applicability of Innovative Crop Control Policy ejecutado por el Centro de Investigaciones Sociológicas, Económicas, Políticas de la PUCP y la Reading University del Reino Unido. Ver: https://bit.ly/3hmod1L.

(6) Ver: Sierra, Yvette. 27 de octubre de 2021. Perú: líderes indígenas kakataibo, asháninkas y shipibos exigen titulación y protección para defensores ambientales. Mongabay. Disponible en: https://bit.ly/36QICdh; Defensoría del Pueblo. (2018). El largo camino hacia la titulación de las comunidades campesinas y nativas. Lima: Defensoría del Pueblo.; Huamani, S. (2021). Análisis Del Funcionamiento de Los Fondos Climáticos y de Otras Fuentes Para El Saneamiento Físico y Legal de Las Comunidades Nativas En El Perú 2011-2020. Lima: Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR); Younger, T. (2020). Despidiéndose de La Impunidad. Pucallpa: Forest Peoples Programme.

(7) Lobo, I., y Vélez, M. (2020). From Strong Leadership to Active Community Engagement: Effective Resistance to Illicit Economies in Afro Colombian Collective Territories. Bogotá: CESED.

(8) Conferencia La ilegalidad como problema en las comunidades andinas y amazónicas. Organizado por el Grupo de Trabajo de Personas Defensoras de la CNDDHH. Disponible en: https://bit.ly/3hnS1uD

(9) Bedoya Garland, E. (2016). “La Deforestación y La Tragedia de Los Comunes Entre Los Cocaleros Del VRAE: 2001-2004.” Espacio y Desarrollo 101(28): 75–101; Defensoría del Pueblo. (2018). El largo camino hacia la titulación de las comunidades campesinas y nativas. Lima: Defensoría del Pueblo.; Huamani, S. (2021). Análisis Del Funcionamiento de Los Fondos Climáticos y de Otras Fuentes Para El Saneamiento Físico y Legal de Las Comunidades Nativas En El Perú 2011-2020. Lima: Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)

(10) Merino, R. y Quispe, C. (2021). “¿Héroes, Víctimas o Villanos? Defensores Ambientales, Minería y Securitización de La Amazonía Peruana.” Latin American Law Review (7): 101–21.; Damonte, G. (2018). “Mining Formalization at the Margins of the State: Small-Scale Miners and State Governance in the Peruvian Amazon.” Development and Change 49(5): 1314–35.

(11) Entrevista realizada en el marco del Proyecto Regional Applicability of Innovative Crop Control Policy ejecutado por el Centro de Investigaciones Sociológicas, Económicas, Políticas de la PUCP y la Reading University del Reino Unido. Ver: https://bit.ly/3HrO1Uv.

(12) Grajales, J. (2015). “Land Grabbing, Legal Contention and Institutional Change in Colombia.” Journal of Peasant Studies 42(3–4): 541–60.; Gianella, C.; Paredes, M., y Figueroa, L (2021). Corruption, informality and power: Explaining the limits to institutional approaches for tackling illegal logging in Peru. Disponible en: https://bit.ly/3hrFaI4

(13) Grant, H. y Le Billon, P. (2020). “Unrooted responses: Addressing violence against envi- ronmental and land defenders”. Environment and Planning C: Politics and Space 39, N.° 1. 132-151.; Vélez, M., y Lobo, I. (2019). “Challenges of Organised Community Resistance in the Context of Illicit Economies and Drug War Policies: Insights from Colombia.” Journal of Illicit Economies and Development 1(1): 72–79.

(14) Ver el reciente informe de Brehaut, I. (15 de diciembre 2021). Imágenes Incómodas: I. Mapas del estudio de ORAU, DAR y PROPURUS develan el crecimiento de la deforestación y el narcotráfico. LaMula. Disponible en: https://bit.ly/35ycdr9

(15) Sobre los desafíos e impactos de la detección de deforestación a través de uso de sistemas de alertas tempranas en la Amazonía peruana ver: Slough, T., Kopas, J., y Urpelainen, J. (2021). Satellite-based deforestation alerts with training and incentives for patrolling facilitate community monitoring in the Peruvian Amazon. Proceedings of the National Academy of Sciences Jul 2021, 118 (29) e2015171118; DOI: 10.1073/pnas.2015171118

(16) Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.

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* Álvaro Pastor es sociólogo, asistente de investigación del proyecto Regional Applicability of Innovative Crop Control Policy ejecutado por el Centro de Investigaciones Sociológicas, Económicas, Políticas de la PUCP y la Reading University del Reino Unido. Ver: https://bit.ly/3tgUw7J

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Fuente: Publicado en la revista del Instituto de Defensa Legal (IDL) o Revista Ideele en diciembre de 2021. Fuente: https://bit.ly/3K0iRp9

 

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