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Promesas incumplidas: balance negativo para el agro

Frente a la falta de voluntad política del Gobierno, así como la indiferencia del Congreso, es urgente tomar medidas que permitan salir de la anunciada emergencia agroalimentaria, y la necesaria promoción de la agricultura. Es necesario escuchar a los gremios agrarios y organizaciones de la sociedad civil, sin distinciones. 

Promesas incumplidas: balance negativo para el agro a un año del gobierno de Castillo  

Por Laureano del Castillo*

27 de julio, 2022.- El masivo respaldo del voto rural hizo posible el triunfo de Perú Libre en la segunda vuelta electoral. La imagen de un profesor rural, que se autoidentificó como agricultor y rondero, junto con una serie de ofrecimientos en favor de los agricultores y los sectores menos favorecidos, lograron catalizar el descontento de la población.

El discurso pronunciado por el presidente Castillo en el Congreso de la República el 28 de julio pasado, buscó tranquilizar los ánimos y ahuyentar los temores sobre posibles estatizaciones y otras medidas.

También hubo anuncios de atención al mundo rural, que días después se concretarían en el anuncio de una segunda reforma agraria (SRA), lanzada en octubre en Sacsayhuamán y cuyo contenido se fue desarrollando en los meses siguientes.

La segunda reforma agraria

Imagen: Huancayo Noticias

Los iniciales nueve lineamientos (que en noviembre se convirtieron en cinco), acrecentaron las expectativas de los hombres y mujeres del campo. La revisión cuidadosa de esos lineamientos, sin embargo, mostró que muchos de esos ellos (desagregados en numerosas acciones) no eran sino actividades que ya el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) venía ejecutando, aunque con grandes limitaciones. No asignarles el presupuesto requerido explicaría por qué la casi totalidad de esas medidas quedaron simplemente en texto legal.

Lo poco que pudo avanzar está relacionado al lineamiento de “Implementar una nueva forma de gobierno para el mundo agrario y rural”. Pero tanto el Gabinete de Desarrollo Agrario y Rural, formado por 13 ministros y presidido por el propio presidente de la República, así como el Consejo Nacional para el Desarrollo Agrario y Rural”, (1) ni siquiera se han instalado. Destaca, en medio de las promesas incumplidas, la aprobación del fondo de 30 millones de soles para la aplicación de la estrategia “Emprendimiento de la mujer rural e indígena”. 

Pese a que la SRA considera básicamente medidas y acciones a cargo del Poder Ejecutivo, algunas autoridades oficiales reclamaron al Congreso la aprobación de la ley de la SRA. Pero, ocurre que el Ejecutivo no ha presentado ningún proyecto en esa línea. Así pues, es entendible la decepción muchas de las y los agricultores por la no aplicación de la ofrecida SRA.

La pandemia y otros estragos

La pandemia de la Covid-19 viene afectando la salud y la economía de todos los países. A ello se ha sumado la crisis agroalimentaria. Los severos desajustes en la economía mundial, expresados en el aumento de los precios de los alimentos, las dificultades del comercio marítimo y la subida del petróleo se han agravado con el conflicto entre Rusia y Ucrania, no solo importantes productores mundiales de trigo, maíz y oleaginosas, sino también de urea (caso de Rusia). Así, la Organización de Naciones Unidas alertaba que 828 millones de personas pasaban hambre en 2021 (el 9,8% de la población mundial), mientras que 3,100 millones de personas no pudieron permitirse una dieta saludable en 2020. (2)
 

En nuestro caso, además del severo impacto en la salud pública, que llevó a que seamos el país con mayor número de fallecidos por millón de habitantes, nuestra economía sufrió un grave retroceso en 2020,(3) generando la pérdida de miles de puestos de trabajo, el incremento de la informalidad y el aumento de la pobreza. Pero la afectación de la alimentación es aún mayor. De acuerdo con un informe de la FAO 6.8 millones de personas en el país se encontrarían en situación de inseguridad alimentaria grave, mientras que un estudio del Midagri, Midis y PMA realizado en 2021 advertía que solo el 51% de encuestados consideraban que no tenían seguridad alimentaria, porcentaje que en Ayacucho sube a 67.2%.(4)

Con la inflación más alta de las dos últimas décadas, el acceso a la alimentación diaria se ha convertido en una preocupación angustiante para un creciente número de pobladores urbanos y rurales, quienes se ven forzados a sustituir alimentos nutritivos por otros de menor calidad, aunque más baratos, poniendo en riesgo su salud y el futuro de los niños.

La escasez y consecuente aumento del precio de la urea, que llegó a triplicarse desde fines de 2021 ha puesto en alarma al país. Este es el principal fertilizante químico que usado en nuestra agricultura y su carestía ha puesto en severo riesgo a la campaña agrícola 2022-2023 que se inicia en agosto. De prolongarse esta situación podríamos estar frente a una fuerte caída de la producción agraria y, por ende, a la reducción de la oferta de productos alimenticios en los próximos meses, agravando más la situación de los pobres del campo y de la ciudad.

Pese a esta amenaza tampoco se ha visto iniciativas para enfrentar las alarmantes cifras de desperdicio y pérdida de alimentos en los diferentes pasos de la cadena productiva en el país.(5)

La necesaria promoción de la agricultura

Advertida la crisis por la carestía de los fertilizantes desde fines del año pasado por las organizaciones agrarias, las reacciones tanto del Congreso como del Ejecutivo, han sido tardías y limitadas. La crisis podía haberse aprovechado para empezar a romper la dependencia de nuestra agricultura de los insumos químicos importados, al tiempo de promover, más allá de las declaraciones, a la agricultura ecológica y a los agricultores familiares. No se ha hecho así, perdiendo una gran oportunidad.

Pero los problemas de la agricultura no son solo coyunturales ni solo sectoriales. Políticas públicas diseñadas para enfrentar de manera integral esos problemas no han recibido mayor atención. Así, vigente desde 2015, no se aplica la Ley de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar, ni se actualiza la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2013-2021, por mencionar solo dos ejemplos.
 

Fortunata Palomino, presidenta de la Red de Ollas Comunes de Lima / Archivo: internet

Más aún, hay 12 leyes aprobadas por este Congreso y el anterior que hasta hace un mes no habían sido reglamentadas por el Ejecutivo.[6] Entre las más urgentes está la ley de perfeccionamiento de la asociatividad de los productores agrarios en cooperativas agrarias, mientras que no se modifica el reglamento de la ley de compras públicas de alimentos, de modo aplicarla a la compra de alimentos a la agricultura familiar, para Qali Warma y otros programas.

En sentido contrario a lo que el país requiere, vemos con preocupación hechos como la de la incorporación de la CUNARC en la Base de Datos de Pueblos Indígenas del Mincul, la promulgó la ley de los comités de autodefensa y la aprobación del proyecto de ley que modifica la ley forestal y de fauna silvestre, que al modificar la zonificación forestal tendría como resultado debilitar la gestión sostenible de los bosques. (7)

Es evidente que la inusual rotación de ministros en la cartera no ha ayudado a enfrentar estos problemas. La falta de experiencia y aún de conocimiento del sector se ha hecho patente en los meses anteriores.

Lejos de desarrollar una mejor relación con los gremios agrarios, los supuestos beneficiarios de la SRA, algunos de los antecesores del actual ministro marcaron distancia. En particular el señor Oscar Zea dedicó sus mayores esfuerzos en dividir a los gremios. Eso, y la seducción de la cercanía al poder de varios de sus dirigentes, explica que lejos de responder de manera unificada a los retos de la actual coyuntura veamos la dispersión de sus demandas, expresadas en diferentes convocatorias a paros y movilizaciones, algo que no ayuda a priorizar acciones y recursos para enfrentar no solo los desafíos del mundo rural sino las amenazas a la alimentación de toda la población.

Respuestas necesarias

Vista la falta de voluntad política del gobierno para poner en práctica su anunciada SRA, así como la indiferencia del Congreso de la República, enfrascado en la defensa de sus propios intereses, creemos que es urgente tomar medidas que permitan salir de la anunciada emergencia productiva y alimentaria.

Para ello se requiere escuchar a los gremios agrarios, sin distingos, como también a otros sectores de la sociedad civil, igualmente preocupados por lo que viene ocurriendo. En tal sentido, respaldamos el reciente pedido del colectivo PERUSAN,(8) que demanda el establecimiento de un paquete de medidas de emergencia, agrupadas en cuatro componentes:

1. Enfrentar el hambre y hacer posible el acceso a alimentos por parte de la población vulnerable.

2. Establecer rutas claras de protección de la campaña agrícola 2022-2023 que se inicia en agosto.

3. Redoblar campañas comunicacionales sobre estrategias de alimentación saludables para enfrentar la emergencia alimentaria y prevenir la malnutrición.

4. Considerar la participación de la sociedad civil en la Comisión de Alto Nivel para enfrentar la crisis.

Mantenemos dudas más que razonables de la disposición de nuestras autoridades para aplicar esas medidas, pero creemos que es preciso romper con las inercias. Por eso mismo, debemos aludir al persistente incumplimiento del artículo 88 de la Constitución por este y los anteriores gobiernos. Allí el Estado se compromete a apoyar preferentemente el desarrollo agrario. Y de eso nadie quiere acordarse.

Notas:

(1) Decretos supremos Nos. 002-2022-MIDAGRI y 001-2022-MIDAGRI, publicados el 9 y el 6 de enero, respectivamente.

(2) Noticias ONU, 6.7.2022. https://bit.ly/3velqiv

(3) De acuerdo con el INEI el PBI se contrajo ese año en -11.1%. Puede verse https://bit.ly/3OsnxWE

(4) Perú: evaluación de la seguridad alimentaria ante emergencias (ESAE). Ver https://cutt.ly/gFuVhM4

(5) Un estudio de 2021 advertía que cerca de la mitad de la producción anual de alimentos del Perú se pierde o desperdicia en la cadena de producción y consumo (alrededor de 12.8 millones de toneladas).

(6) Centro de Noticias del Congreso. 28.06.2022. Puede verse en https://bit.ly/3z9PSLx

(7) Ver el pronunciamiento de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Ver https://bit.ly/3aZW0ON

(8) Puede verse en https://bit.ly/3vgSeaF

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* Laureano del Castillo es director ejecutivo del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES).

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