Casos de corrupción no son hechos aislados sino producto de la captura del aparato estatal para blindar y dar legalidad a mecanismos en beneficio de intereses particulares y no del país. Megaobras de infraestructura son ejemplo de ello. A continuación el análisis de Alberto Chirif sobre como está organizada la corrupción en nuestro país.
Por Alberto Chirif (*)
Servindi, 27 de marzo, 2017.- Hace poco más de un mes escribí un corto texto en el que señalé cómo en el caso de la llamada carretera Transoceánica Sur, o IIRSA-Sur, la corrupción se había producido incluso antes de la firma de contrato entre el Estado y el consorcio de empresas constructoras.
A raíz de esto, José Manuyama, dinámico y honesto maestro del Colegio Nacional de Iquitos y coordinador del Comité de Defensa del Agua de Loreto, me pidió que diese una charla sobre el tema, reto que acepté. Sin darme cuenta, Pepe se entusiasmó y anunció, a mí y al público invitado, que la charla sería sobre “carreteras, transnacionales y corrupción”, es decir, algo bastante más grande que lo conversado inicialmente. Otra vez asumí el reto, y afortunadamente lo hice, porque en el proceso de reflexionar sobre cómo organizar la charla, me di cuenta de varias cosas.
Una de ellas es que lo que está en la raíz de mi texto sobre IIRSA-Sur, que es el hecho de que la finalidad de una obra es su construcción en sí misma por ser fuente de ganancias espurias, pero disfrazadas de legales y de benéficas para el país, no era algo exclusivo de esta iniciativa, sino que, por el contrario, varias de las que se han propuesto en los últimos tiempos han sido pensadas con la misma lógica: dar trabajo a empresas y producir utilidades a funcionarios mediante la sisa al Estado.
La otra cuestión de la que me di cuenta es que no se trata de hechos aislados debidos a un impulso del momento. No son hechos que tengan que ver con aquel relato del burro que se defiende ante el juez, señalando que la visión apetitosa del campo de alfalfa, lo había hecho sucumbir a la tentación y llevado a derribar las cercas para devorar los verdes brotes.
No, no es así. Por el contrario, se trata de un bien montado sistema para que los brotes siempre estén disponibles, a fin de satisfacer apetencias insaciables de quienes, además, se cuidan de que ningún juez se interponga a su hambre. Por esto es que el título de esta charla se pregunta acerca de si se trata solo de corrupción o de crimen organizado.
Cuando se habla de corrupción uno tiende a pensar en actos individuales y más o menos aislados. El diccionario Espasa Calpe la define así: Soborno o cohecho: la corrupción de los altos cargos del gobierno. || Perversión o vicio: corrupción de costumbres, de menores. Da una última acepción: Alteración de la forma o estructura de algo: corrupción de la materia orgánica. Como sinónimos de las dos primeras acepciones da: corruptela, depravación, perversión, vicio, prostitución, envilecimiento y deshonestidad; y de la tercera: descomposición, putrefacción, podredumbre, peste y fermentación.
Para el caso lamentable de lo que sucede en nuestro país y que hoy emerge a la luz principalmente por las denuncias formuladas en otros países, en especial Brasil, los Estados Unidos y Suiza, considero que resulta más preciso y expresivo usar los términos que definen la descomposición de la materia orgánica: putrefacción, podredumbre, peste.
Sin embargo, tengo una duda porque en el caso de la descomposición de la materia orgánica se trata de un proceso íntimamente relacionado con el florecimiento de la vida que viene después, como es fertilizar un campo para dar nacimiento a la floración y fructificación de las plantas; mientras que en el asunto que nos atañe ahora, el de la corrupción política, la experiencia nos da demasiados ejemplos de que la putrefacción no es seguida por el renacimiento sino por mayor putrefacción.
Para muestra, un botón. Basta recordar el periodo pasmoso que siguió a la caída del gobierno de Alberto Fujimori, cuando una vertiginosa sucesión de videos dio cuenta de la venta al peso de conciencias de jueces, empresarios, militares, periodistas, artistas y muchos más; y cuando la información que salió a la luz puso en evidencia el aprovechamiento descarado del aparato del Estado y de los fondos públicos para fines privados y negociados, por ejemplo, con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que recibieron armas caídas del cielo en paracaídas soltados por aviones peruanos, a cambio de coca. ¿Con qué otra moneda podría pagar este ejercito paralelo?
En ese momento, una primavera emergente anunció que la podredumbre cumpliría el proceso natural de regenerar la vida. Un presidente transitorio decente se rodeó de gente honesta para tratar de poner orden en la casa, y se avanzó en este sentido, hasta que su sucesor devolvió las cosas a su rumbo conocido, que gobernantes posteriores se han encargado de profundizar.
Con esta salvedad, de que en el caso de nuestra política la putrefacción es seguida por mayor fermento y no por la regeneración de la vida es que utilizaré este término.
Como se articula la corrupción
Quiero diferenciar “casos de corrupción” con “crimen organizado”, como ya lo he mencionado, para poner énfasis en el hecho de que en este segundo, se trata de un sistema preparado para delinquir y sangrar al Estado mediante mecanismos impuestos como parte de una legalidad armada.En Wikipedia encuentro una interesante precisión. Dice: “La diferencia central entre crimen organizado y grupo criminal, es que en el primero existen personas con los vínculos necesarios para evitar ser perseguidos por los delitos que cometen o evitar la pena o castigo de los mismos, y el grupo criminal no tiene estos vínculos”. Observación exacta que es necesaria recordar: el crimen organizado necesita contar con una red de apoyo que incluya miembros del poder político, jueces, policías, periodistas y de otras instituciones.
Para que el sistema funcione es necesario primero capturar el aparato del Estado, lo que se logra vía elecciones en las que los candidatos suelen prometer todo lo que posteriormente no están dispuestos a cumplir.
Para que el sistema funcione es necesario primero capturar el aparato del Estado, lo que se logra vía elecciones en las que los candidatos suelen prometer todo lo que posteriormente no están dispuestos a cumplir. En los últimos tiempos, los ganadores han puesto en funcionamiento un mecanismo llamado “puerta giratoria”, mediante el cual un empresario se convierte transitoriamente en funcionario para,un tiempo más tarde,regresar a su actividad privada. Es decir, una misma persona intercambia papeles. No es un simple juego de roles, sino el aprovechamiento del espacio de la administración pública para desde allí generar leyes y normas diversas que más tarde los beneficiarán cuando retomen la actividad privada.
Lo público se confunde con lo privado. La distinción es solo aparente. Empresarios que se disfrazan de funcionarios para producir normas en su favor, y cuando lo consiguen vuelven a vestirse de gerentes. Cuando lo son, critican al Estado de ineficiente, entonces retoman su disfraz y dan nuevas normas para eliminar lo que han llamado la “tramitología”.
En se momento caen los estándares ambientales y sociales, y se rebajan, e incluso anulan, las multas por delitos ambientales e incumplimiento o transgresión de derechos laborales. Dentro de esta lógica, se insertan los llamados “paquetazos ambientales” que han demolido los avances que se habían construido a través del tiempo para intentar que las actividades productivas, y en especial las extractivas, se realicen respetando el ambiente.
En lo referente a las leyes, en el Perú existen los llamados contratos-ley mencionado en el Art. 62º de la Constitución, mediante los cuales: “el Estado puede establecer garantías y otorgar seguridades. No pueden ser modificados legislativamente, sin perjuicio de la protección a que se refiere el párrafo precedente”.
Sobre esta base, el Estado cierra filas cuando se le plantea la necesidad de renegociar un contrato desventajoso o abiertamente lesivo para los intereses del país: no se puede cambiar nada, dice. Esto no es exacto, ya que mediante negociación directa entre las partes sí se puede llegar a un nuevo acuerdo.
Humberto Campodónico se ha referido a este tema en un texto suyo (¿Se puede renegociar el contrato del Lote 56 del gas de Camisea?), difundido en Otra Mirada (3.3.16). Según sus propias palabras: “La cuestión es que, desde 1993 en adelante, se han suscrito más de 250 contratos-ley y la mayoría de ellos han sido renegociados (algunos de ellos varias veces) lo que se plasma en la suscripción de una adenda, o varias, al contrato-ley. Entre los más recientes: Centro Comercial Aventura Plaza, Aeropuerto Jorge Chávez (6 adendas), Puerto de Matarani (Grupo Romero, 3 adendas), Ferrocarril del Centro (9 adendas) y Metro de Lima (3 adendas). // La particularidad es que el 99 por ciento de las renegociaciones se han dado a pedido de la empresa privada, casi nunca del Estado. Pero el Estado también le puede plantear la renegociación a la empresa, por tales y cuales motivos. Y la empresa tiene que sentarse a la mesa”.
La opción recurrente es declarar de interés nacional una iniciativa para así levantar las restricciones que puedan pesar sobre ella.
Campodónico es exacto en su análisis, aunque se quedó corto en el tema de las adendas porque en ese momento no se conocía la magnitud de estas. Hoy se sabe que solo durante su segundo gobierno, el presidente Alan García promulgó una ley, un decreto y 15 adendas que tuvieron como beneficiaria principal a la empresa Odebrecht. (Ver sobre el tema “Alan en el ajo”, de Américo Zambrano, en Hildebrandt en sus trece. Nº 338. Año 7. 10 de marzo de 2017.)
Por otro lado, las leyes peruanas permiten que la empresa ganadora de una licitación negocie sus derechos con un tercero. Se trata de una disposición absurda porque durante la evaluación de los postores el Estado califica sus conocimientos y experiencia en la materia del contrato, y sobre esta base aprecia si estos están de acuerdo con los montos que está dispuesto a pagar por sus servicios.Esto no pasa con el subcontratado, cuya elección queda en manos del titular del contrato. En la transacción, este último retiene a su favor una parte del pago efectuado por el Estado. Es decir, gana dinero pero no hace nada. Si el Estado estableciera un acuerdo directo con empresas de menor calidad como las que subcontratan los titulares, les pagaría menos y evidentemente ahorraría dinero. En este caso no ahorra sino que beneficia a una empresa parásita que no ejecuta la obra.
El crimen organizado impone un uso arbitrario de las normas de excepción.La opción recurrente es declarar de interés nacional una iniciativa para así levantar las restricciones que puedan pesar sobre ella.
No obstante que la Constitución (Art. 62ª) establece severas restricciones que señalan que los extranjeros “no pueden adquirir ni poseer, por título alguno, minas, tierras, bosques, aguas, combustibles ni fuentes de energía, directa ni indirectamente, individualmente ni en sociedad, [...salvo...] el caso de necesidad pública expresamente declarada por decreto supremo aprobado por el Consejo de Ministros conforme a ley”, hasta hace pocos años la totalidad de las fronteras peruanas estaban entregadas a empresas con fines de exploración o explotación de minerales, hidrocarburos y otros recursos.
Si esto ya no es así es porque la cuenca del Putumayo, en ausencia de recursos petroleros, ha sido eliminada de las zonas ofertadas por el MINEM. Si la excepción se convierte en la regla, tal vez sería necesario reformular la redacción de ese artículo de la Constitución. Podría ser: “todos los extranjeros pueden adquirir y posee..., salvo casos de necesidad pública”.
Varios de los proyectos que hoy son materia de investigación han apelado con éxito a mecanismos de excepción establecidos en la ley. Entre ellos, se cuenta la Transoceánica-Sur o IIRSA-Sur que fue considerado una iniciativa de interés nacional, razón por la cual se la liberó de realizar los trámites previstos en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). Es claro que la liberación de estos trámites implica un menor control por parte de los entes supervisores del Estado.
Por último, para que el sistema legal sea funcional a los intereses que defiende el crimen organizado es indispensable contar con un Poder Judicial atento a las órdenes que se le den. Los mejores ejemplos de esto los tenemos de la época cuando el presidente Fujimori dirigía el país. Jueces y fiscales estaban al servicio de un sistema minuciosamente organizado para delinquir. Pero sería injusto limitar el comportamiento doloso de jueces a esa época.
El tema no se agota en cuestiones legales.El lingüista Noam Chomsky ha elaborado una lista de las “Diez Estrategias de Manipulación” a través de los medios de comunicación. Él señala: “El elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción, que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las élites políticas y económicas, mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones y de informaciones insignificantes”.
Ejemplos de esto sobran en nuestro medio. Los llamados programas de la farándula emitidos por algunos canales se convierten luego en tema de los noticieros de esas emisoras, que dedica el resto del tiempo a sucesos que alimentan el morbo de la población (robos, asaltos, asesinatos, violaciones, accidentes y otros), pero evitan cuidadosamente reflexionar sobre los hechos importantes que afectan al país.
Las modalidades
Con el poder en las manos, las modalidades de la corrupción se abren como un amplio abanico. La apropiación directa de bienes destinados a fines sociales, o incluso a paliar las consecuencias de graves desastres, es la más bruta y burda de ellas.
Por ejemplo, las donaciones de ropa para gente necesitada de las que se apropiaron hermanos del presidente Fujimori para instalar un negocio en que las ofertaban como mercadería de venta. Hace parte de esta modalidad el aprovechamiento de situaciones de tragedia para robar, por ejemplo, sobrevaluando obras o el precio de maquinarias destinadas a atender desastres causados por un sismo, un incendio o una inundación. Si por patria se entendiera no solo la reproducción de gestos formales que no comprometen, sino la responsabilidad que deben tener funcionarios y ciudadanos en general con la vida y la dignidad de la gente y el destino de la Nación, hechos tales de corrupción serían considerados auténticos actos de traición a la patria.
Sabemos ya del tema de las adendas a los contratos y de los beneficios generados a través de la “puerta giratoria”, utilizada para dar normas que luego benefician a empresas de las cuales los funcionarios temporales son dueños o accionistas principales.
Me pregunto si el tema de los llamados “paquetazos” ambientales y sociales, compuestos por decenas de normas legales que declaran como finalidad la reactivación económica del país, no son también una modalidad de corrupción. ¿Por qué? Porque evidentemente no han cumplido con su objetivo, y no lo han hecho porque no constituyen medidas adecuadas para superar la crisis.
El tema de las Asociaciones Publico Privado es una manera mediante la cual la empresa privada utiliza fondos del Estado para financiarse. La modalidad de “obras por impuestos” es otro mecanismo para sangrar al Estado. Consiste en que este, en vez de cobrar un tributo, le da la opción a la empresa de ejecutar obras. ¿Por qué le puede interesar a la empresa privada un mecanismo de este tipo que le añade la preocupación de ejecutar una obra o velar por su cumplimiento? Considero por dos razones: por la rebaja de impuestos que debe estar implícito en el acuerdo y por la posibilidad de subir los costos de la obra para así descontar mayores impuestos. Si la empresa gastase lo mismo pagando impuestos que ejecutando obras a cambio de estos, es lógico que optaría por lo primero que de una vez la liberaría de su obligación con el Estado.
Me pregunto si el tema de los llamados “paquetazos” ambientales y sociales, compuestos por decenas de normas legales que declaran como finalidad la reactivación económica del país, no son también una modalidad de corrupción. ¿Por qué? Porque evidentemente no han cumplido con su objetivo, y no lo han hecho porque no constituyen medidas adecuadas para superar la crisis.
Esta, como lo han señalado hasta el cansancio especialistas en temas económicos, se debe a la caída de los precios de los productos de exportación del Perú (principalmente minerales) en el mercado internacional, lo que quiere decir que mientras estos no se incrementen, la reactivación será una quimera. ¿Para qué entonces los “paquetazos” y cómo así estos pueden ser considerados estrategias de corrupción? Porque preparan el camino para el reingreso triunfante de las empresas una vez que los precios de los productos se incrementen. Entonces ellas contarán con condiciones favorables, libres de barreras laborales y ambientales. La asociación pública privada habrá demostrado su eficiencia.
Para entrar en la última parte de esta exposición, me voy a referir a una modalidad que se ha impuesto con fuerza desde hace ya algunas décadas como estrategia del crimen organizado, aunque recién ahora comienza a hacerse evidente. Se trata de concebir a los proyectos como una finalidad en sí misma, sin tener en cuenta si verdaderamente las obras servirán o no para los fines que dicen perseguir.
El ejemplo de la Transoceánica-Sur es uno. La declarada finalidad de esta vía para captar el beneficio de las exportaciones de carne y soja de Brasil, como ha quedado demostrado, era una patraña, ya que varios años después de construida la carretera, ningún camión (no es una figura retórica es un dato: ni uno) procedente de ese país la ha atravesado para llevar su carga a Ilo o Mollendo.
El caso de las centrales hidroeléctricas es parecido. Han sido sobredimensionadas con el mismo fin señalado en el punto anterior: ganancias para las empresas constructoras y coimas para los funcionarios.
En abril de 2009, el gobierno del presidente García firmó un memorando de intenciones con Brasil para construir centrales hidroeléctricas en la Amazonía. Parte de la energía sería para abastecer el país y la otra, para venderla a Brasil.
Estas centrales incluyen la de Inambari, en Madre de Dios, cuyo embalse destruiría muchos kilómetros de la recién construida Transoceánica-Sur, además de inundar territorios indígenas y asentamientos de colonos; y la de Paquitzapango en el Ene, que desplazaría unas 10 000 personas, ashaninkas en su mayoría, al quedar su territorio bajo agua. Esta última ha sido frenada por la Central Ashaninka de Río Ene.
El Ministerio de Energía y Minas maneja sus propias propuestas, que son más que las antes mencionadas. Dourojeanniet al (Amazonía peruana en 2021. Lima, 2010) presentan un cuadro de “Proyectos de infraestructura de energía hidráulica en la cuenca amazónica del Perú 2009-2021” que incluye 52 proyectos, algunos de los cuales afectarán directamente a pueblos indígenas, como los de Manseriche, Tsomabeni Tambo-Puerto Prado y Mazán.
Como si esto fuera poco, el gobierno del presidente Alan García promulgó, en abril de 2011 (muy poco tiempo antes de dejar el cargo), un decreto Supremo declarando de interés nacional y social la construcción de 20 hidroeléctricas solo en la cuenca del Marañón, dos de las cuales afectarán a población indígena (Escurrebraga y Manseriche) y el resto, a campesinos andinos.
Todas estas iniciativas sumadas producirán energía eléctrica que supera las necesidades del país. La finalidad subyacente a ellas parece ser entonces darles trabajo e ingresos a empresas brasileñas y canalizar pagos bajo la mesa (coimas) a funcionarios peruanos.
Hoy día la tragedia ha caído sobre el país a raíz de las lluvias que han destruido viviendas e infraestructura. Se necesitará de una fuerte inversión para salir adelante y recuperar las pérdidas. Es un momento de demostrar solidaridad y de tener cuidados especiales para evitar que los buitres se aprovechen de la desgracia.
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* Alberto Chirif, antropólogo peruano egresado de la UNMSM, experto en Pueblos Indígenas.
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