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La cultura de la impunidad que acabó con el soldado y el capitán

Foto: Jashua / Radio Onda Azul

Por Carla Granados* 

SER, 25 de marzo, 2020.- El “desacato a la autoridad” ha demostrado que la propagación del coronavirus en el Perú es tan letal como la cultura de la impunidad que impera en nuestra sociedad. 

En el noveno día de estado de emergencia sanitaria decretado por el gobierno peruano se han registrado un número de ocho ciudadanos muertos. Siete víctimas del temible coronavirus y uno a causa de un acto criminal que se llevó la vida de Ronald Mamami Ijajahui, un soldado de tropa del Servicio Militar Voluntario.

Ronald era un joven peruano que estaba a punto de cumplir 19 años, que el viernes 20 de marzo, experimentó violentamente cómo, ni la autoridad que le otorgó el Estado, ni el uniforme que vestía por servir a la Patria y representar al Ejército, le fueron útiles para salvar su existencia. Este  joven soldado, dotado de sus insignias militares y de la bandera peruana que lo identificaba como agente de seguridad nacional, fue arrollado por un vehículo conducido con “premeditación y alevosía”. Vivió en carne propia cómo la cultura de la impunidad asesina hacía rodar brutalmente su cuerpo sobre una carretera hasta dejarlo sin vida. El soldado fue muerto, luego de que él mismo procediera a dar cumpliento a la misión que le fuera encomendada por el presidente Vizcarra de aplicar todos  los protocolos de seguridad  de “aislamiento social” a quién minutos más tarde sería su asesino. 

El verdugo, de nombre Denis Tapia Condori, nada menos que otro servidor público, resultó siendo un “asesino encubierto” que se desempeñaba como “chofer profesional” en la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). El accionar criminal de este sujeto demostró –ante millones de peruanos y peruanas– la despiadada arrogancia que caracteriza a los “promotores” de la cultura de la impunidad en el Perú. Con sus manos al volante el señor Tapia “osaba” arremeter contra cualquier “autoridad” que intentara obstaculizar sus mezquinos intereses. Al mando de su vehículo, Tapia encarnaba con descaro el “modus operandi” de los que se encubren bajo el “poder” de la impunidad. Él colisionó “confiadamente” contra el cuerpo de un soldado de la Patria, contra la autoridad del propio presidente Vizcarra y contra la salud de todos los peruanos y peruanas, esperando salir impune de tan excecrable delito de la mano de algún conocido con “poder”, capaz de mover toda “influencia” a su “favor”.     

El accionar criminal de este sujeto demostró –ante millones de peruanos y peruanas– la despiadada arrogancia que caracteriza a los “promotores” de la cultura de la impunidad en el Perú.

Por desgracia, la conducta criminal del señor Tapia, no constituye una excepción. Su accionar es el símbolo en extremo de los más de 11 mil peruanos detenidos por “desacato a la autoridad” y “desobediencia” en el cumplimiento de las medidas de “aislamiento social” decretadas por el Estado cuya estricta vigilancia se encuentra ahora a cargo de los miembros de la Policía y las Fuerzas Armadas, tal como viene sucediendo en otros países.

Insultos, acoso, intentos de corrupción, tráfico de influencias, agresiones físicas y hasta amenazas de  homicidio vienen demostrando a diario el accionar salvaje de los violadores de ley, hombres y mujeres de todos los niveles socio- económicos que se autodeclaran en “rebelía” atentando contra la suprema misión de policías y militares de resguardar la salud pública. Debido a estas graves “faltas a la autoridad”, los agentes de seguridad del Estado libran actualmente una verdadera “guerra” en las calles, y no precisamente en contra del letal coronavirus, si no frente a sujetos que defienden  a “matar” sus ilegales conductas amparados en la “cultura de la impunidad” que los gobierna. Empero, como ninguna guerra es “perfecta”, los límites de la “autoridad” y la “obediencia” así como los “procedimientos” para “hacer respetar la autoridad”, han dado lugar un “apasionado” debate público que lejos de poner su atención en los deberes y derechos que asisten a los agentes de seguridad del Estado, dispuestos constitucionalmente, han tendido a defender con vehemencia la  imposición de la “autoridad” a cualquier precio.

Insultos, acoso, intentos de corrupción, tráfico de influencias, agresiones físicas y hasta amenazas de  homicidio vienen demostrando a diario el accionar salvaje de los violadores de ley

Más allá de la confianza conferida a los policías y militares peruanos para hacer “cumplir” la inmovilización social obligatoria dispuesta para detener la propogación de la pandemia y evitar que  el país enfrente una verdadera tragedia sanitaria, queda claro que el esfuerzo “disuasivo” –ante los niveles de “ violencia y resistencia a la autoridad”– resulta insuficientes. El encargo de “poner orden” ante la emergencia nacional parece haber encontrado sus propios límites. La guerra frente al coronovirus anunciada por los representantes de los altos mandos de las Fuerzas Armadas se manifiesta por estos días tan dura como aquella que se libra en contra de la cultura de la impunidad criminal .

El accionar del capitán del Ejército, Christian Cueva Calle, la noche del pasado 21 de marzo en Sullana (Piura), puso a prueba justamente las líneas grises de los límites de la “violencia y resistencia a la autoridad”, tras protagonizar un nefasto incidente que fue grabado y luego viralizado en las redes sociales, y que puso en desmedro la ardua labor que los agentes de seguridad del Estado peruano vienen realizando. Con “bofetadas” e “insultos”, el referido capitán aparece “imponiendo” y “defendiendo su autoridad” a través de la agresión física a un menor detenido por violar las medidas de aislamiento obligatorio, un caso concreto que ilustra en el otro extremo el “abuso de autoridad”. Ante la gravedad de los hechos, el Ministerio de Defensa y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas adoptaron medidas inmediatas para retirar del servicio al capitán Cueva de las operaciones destinadas a resguardar a la ciudadanía en plena emergencia sanitaria, en la coherente lógica de que acciones como esta no distinguen la conducta de los profesionales de la seguridad que tienen la suprema misión de salvaguardar el estado de derecho en el Perú.

La decisión de los representantes del sector defensa de retirar al capitán Cueva del servicio en el actual estado de emergencia, que esperaba recibir el respaldo absoluto de la población, devino por el contrario en las más duras críticas al gobierno, polarizando así el debate público en torno al “respeto” a la “autoridad” y la “sensación de impunidad” en “contra” y a “favor” de  los “violadores de la ley”.  Una polémica que nuevamente ha puesto sobre la mesa el medular tema de la “defensa”, el “uso de la violencia legítima” por parte del Estado y las “garantías del debido proceso” en un país con históricos antecedentes de graves casos por violación a los derechos humanos.  

queda claro que estos casos flagrantes de “violencia y resistencia a la autoridad” no se acabarán, ni con la muerte del soldado, ni con el retiro del capitán

De un lado, y en medio, de este debate nacional, queda claro que estos casos flagrantes de “violencia y resistencia a la autoridad” no se acabarán, ni con la muerte del soldado, ni con el retiro del capitán. Lo que el estado de emergencia viene demostrando es que no es tan sencillo borrar del repertorio social el “modus operandi” de la cultura de la impunidad aprendida en el pasado, reproducida en la cotidianidad. No es posible pretender que en poco más de una semana de estado de excepción, los militares y policías resuelvan la “falta de autoridad” que el mismo Estado, instituciones y funcionarios publicos (donde estos agentes de seguridad también se encuentran inmersos) han venido perdiendo por décadas a causa de su propio accionar. No es posible aspirar a un absoluto respeto por la “autoridad” si esta convive con la impunidad que sabe acomodarse justamente en el intersticio de la “autoridad” y la “obediencia”, en el privilegiado lugar donde solo puede existir la justicia.

Nadie que pretenda arrogarse “autoridad” y busque “respeto” puede imponerla con “violencia”. De la misma manera no es posible esperar “obediencia” si la “autoridad” que la exige no imparte justicia de manera eficaz y opera bajo la sombra de la impunidad. Las controvertidas opiniones y emociones generadas en la población en torno a la trágica muerte del soldado y el accionar del capitán, representarían  el complejo proceso que actualmente enfrenta el Estado peruano para recuperar su “autoridad” despúes de largas décadas que se mantuvo tomado por organizaciones criminales que vienen siendo investigadas por la justicia peruana.

De otro lado, el férreo respaldo al accionar del capitán pone en evidencia las frágiles nociones que existen entre la población acerca del estado de derecho que todo gobierno democrático tiene el deber de garantizar. No es posible hacer uso de “la violencia legítima” en contra de los preceptos constitucionales y la leyes que la rigen. No existe democracia donde “violencia se responda con violencia”, “impunidad con impunidad” aunque este sea el clamor popular. Nada de ello dignificará la vida al soldado, ni repondrá la “moral” pérdida del capitán, por lo contrario, defender y hacer “justicia” deliberadamente en las calles podría llevar al Perú a una “nueva guerra” entre peruanos que nos hará retroceder al Perú a los años más oscuros de la guerra interna que se llevó la vida de más de 69 mil peruanos, cuyas víctimas: civiles, militares y policías siguen clamando justicia hasta hoy.  

Dicen que después de este aislamiento social no volveremos hacer los mismos. También, que la situación ha revelado el nivel de liderazgo y respuesta del Estado ante la emergencia nacional. De cualquier forma, hoy la vida de los peruanos y peruanas depende de la seguridad que proporcionen los policías y militares desplegados a nivel nacional.

Los cuerpos de militares y policias no son cuerpos individuales sino colectivos, por consiguiente han sido desprovistos de los derechos civiles. Los cuerpos de los agentes de seguridad ofrecidos voluntariamente, forman en su conjunto, los cuerpos que toda sociedad y Estado utiliza en casos de emergencia como este. Son cuerpos nacionales que luego de ser domesticados serán expuestos a toda violencia y amenaza que atente contra la seguridad nacional, lo que supone muchas veces la muerte. Ello es de pleno conocimiento de quienes eligieron estas carreras como profesión. Por tanto, más allá de los justos discursos acerca de la “heroicidad” del soldado sacrificado, lo que su familia espera es justicia de modo que el crimen no quede impune y que el Estado disponga con brevedad el cumplimiento de los derechos que le asisten como deudos de un servidor de la Patria.

Los jóvenes más pobres del Perú, son quienes históricamente ofrecen sus cuerpos al servicio militar. Son “los hijos del pueblo”, que al hacerse soldados canjean muchas veces el empleo de sus cuerpos a cambio de salir de la pobreza, tras sobrevivir a las violencias más atroces, como aquella de la que precisamente no pudo escapar el soldado Mamani. Paradójicamente, sus sueños de superación no murieron por causa del coronavirus, murieron por la decisión de otro peruano, de la misma  manera que los más de 500 soldados que han perdido la vida en el VRAEM desde el año 2000 a manos de la violencia criminal narcoterrorista y que aún continuan muriendo, de igual forma que  los miles de soldados caidos en la guerra interna, cuyas muertes aún siguen impunes, frente a la total indiferencia de la ciudadanía peruana que quizá jamás asumió como suyas las “guerras”  en las que pelearon sus soldados.

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* Carla Granados es historiadora y candidata al doctorado en Antropología Social del Institut des Hautes Etudes de l' Amérique Latine (IHEAL) - Université Sorbonne Nouvelle Paris III. Especialista en los estudios de memoria de los veteranos de guerra en el Perú.

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Fuente: Servicios Educativos Rurales (SER): http://www.noticiasser.pe/opinion/la-cultura-de-la-impunidad-que-acabo-con-el-soldado-y-el-capitan

 

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Comentarios

Mi proclama en defensa de la vida e integridad de la esencia de un ser valioso. Es de pueblo y debio ser respetado, si siguen la falta de respeto de un funcionario que recibio el puesto de su pago por gozar de beneficios del estado. se atrevio a asesinar a un joven con futuro y digno representante de este pais. Es un atropello, no es la plana mayor y que le den automaticamente su pension a su madre y sus beneficios del seguro de vida, que no lo abuse su institucion. Que sucedio este hecho abusivo y que la vida e integridad no podra ser repuesta en esencia, pero que no demoren los derechos que este voluntario en acto de servicio sufrio el abuso de un don nadie, que duro y ebrio uso su auto para dañarlo y cegarle la vida. Es nuestra responsabilidad expresarlo y decirlo con seriedad y dignidad ante la vida de un joven que no merecia morir. El payaso quiso hacer su show con la seguridad del estado y se excedio, eso hace perder la cordura a cualquiera, que se deje bde actuar irresponsablemente y propiciar grupos de desorden y desobediencia, que no pasa nada, si pasa, que no exponemos la vida por gusto. dra. bertha de peru

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