Frente a la crisis política y un escenario incierto que aún se revelará en las próximas horas es imperante delinear una hoja de ruta que trascienda lo coyuntural y ponga fin a la naturalización de la corrupción y la impunidad como ejercicio de nuestra clase política.
Por Servindi
1. La crisis política que atraviesa el Perú no es solo una crisis política o de gobierno. Es una crisis estructural del sistema político y del modelo económico que lo sustenta, y que tiene como una de sus bases la Constitución Política fujimorista de 1993. Este sistema político, que amenaza con perennizarse gobierno tras gobierno, no es democrático y el modelo neoliberal no favorece a las mayorías, sino a mafias político-empresariales que han saboteado los recursos del país en provecho propio y en perjuicio del Perú.
2. El caso Lava Jato y la corrupción de Odebrecht han revelado las inocultables dimensiones de esta crisis estructural, histórica y general que tiene un fuerte componente moral; y ha desnudado la anomia moral de las camarillas políticas que han gobernado el país en las últimas décadas, excepto el corto periodo de transición del gobierno de Valentín Paniagua.
3. Ante ello, la única posibilidad de una renovación auténtica en el proceso político peruano requiere de una lucha inflexible y enérgica ante la corrupción, en cualquiera de sus formas, y caiga quien caiga. Una reforma política y moral exige una renovación profunda del sentido de la política como acción para el bien común, el interés público y del rescate de valores esenciales para la convivencia democrática y solidaria.
4. El grado de la crisis derivada de la corrupción es enorme y la situación amerita un proceso de transición política a cargo del primer vicepresidente, el cual debería convocar a nuevas elecciones, sobre nuevas condiciones electorales generales, en la perspectiva de una Asamblea Constituyente, y apostar por sentar las bases de un Estado incluyente, pluricultural, democrático, popular y descentralista, al servicio de los pueblos y nacionalidades del país, y que le permita desplegar todas sus potencialidades.
5. El actual gobierno y su presidente Pedro Pablo Kuczynski han dado serias muestras de incapacidad política y moral y se plantea, por tanto, su continuidad en la conducción del país. En caso de darse la vacancia, se debe dar cumpliendo a los requisitos y garantías necesarios a fin que se le evite calificar como un hecho arbitrario. El primer vicepresidente tiene el desafío de convocar a nuevas elecciones y a una Asamblea Constituyente.
6. El camino de esta decisión no será fácil frente a la resistencia que opondrá la clase política corrompida y corroída, que solo ve en la vacancia o renuncia la saciedad de su apetencia de poder para perpetuar el statu quo. Sin embargo, este proceso puede comenzar con contados pasos arduos y firmes, como garantizar la autonomía de los poderes del Estado, especialmente del Ministerio Público, para que investigue y denuncie sin presiones a todos los implicados en este escenario de corrupción, tal como lo recomienda la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
7. Esto permitirá generar y empezar, por fin, un nuevo proceso político, que debería apuntar hacia la conformación de una Asamblea Constituyente que siente las bases de unas nuevas y claras reglas de juego verdaderamente democráticas, a la altura de los retos y desafíos como país, y más aún, de cara al Bicentenario.
8. Así, el respaldo a la necesidad de renuncia o vacancia presidencial ante la incapacidad moral y política del actual presidente de la República no significa en absoluto apoyar o respaldar la ofensiva autoritaria de la alianza fujimorista-aprista, que hoy representa la fuerza más retrógrada, el mayor signo de atraso y la mayor amenaza a la convivencia democrática. Las nuevas condiciones políticas para la recuperación del país deben garantizar que las mafias políticas corruptas no entorpezcan el proceso de cambio y sean debidamente sancionadas por sus delitos y traición al país.
Lima, 20 de diciembre, 2017
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