Por Antonio Peña Jumpa*
20 de agosto, 2018.- Los últimos acontecimientos de corrupción entre funcionarios públicos, inversionistas privados, congresistas, magistrados, consejeros y profesionales asesores, muestran a un Estado débil, enfermo y moribundo en el Perú. ¿Qué explica esta situación y qué podemos hacer para controlarla y superarla? En las siguientes líneas buscaremos acercarnos a comprender sus causas contemporáneas, las que más que políticas, económicas o legales, son sociales según destacaremos.
Es indignante que nuestros pagos tributarios que realizamos al Estado y que debían servir para el bien común de la sociedad sean apropiados por funcionarios, autoridades o empresarios corruptos. Esta apropiación delictual indignante ha tenido diversas modalidades en los últimos años: favorecimientos y sobrevaluación de obras públicas por empresas constructoras (2000 – 2017), financiamiento privado en la elección de presidentes, congresistas, gobernadores y alcaldes del país (2000 – 2016), pagos indebidos para autorizar la ejecución del presupuesto nacional de la república (2000 – 2018), negociación de arbitrajes sobre servicios o bienes del Estado a favor de entidades privadas (2005 – 2016), e intercambio de favores entre magistrados, abogados y miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (2015-2018). En la práctica de estos casos se aprecia que el bien común es omitido, desviado o encubierto para dar lugar al beneficio individual, egoísta y fácil.
En los últimos años, en cambio, una causa y motivación más individual se ha hecho evidente: la capacidad o expectativa de consumismo, expresado en “ganar o tener DINERO para gastar en lo que YO QUIERA”.
Esta preferencia por un beneficio individual, egoísta y fácil explica las causas de la situación de corrupción que estamos viviendo. Históricamente ha existido corrupción en el mundo, en Latinoamérica y, específicamente, en el Perú, pero el contenido de sus causas ha sido diferente. En tiempos de la colonia e inicios de la república peruana la corrupción estuvo dirigida por una clase social o casta dominante (el ser “blanco” o “criollo”, por ejemplo, imponía sus formas de corrupción sobre el “indio” o el “negro”), o por un partido o movimiento político emergente que enfrentaba a la clase dominante (la corrupción consistía en apropiarse partidariamente de las tierras, los cargos y el patrimonio nacional). En los últimos años, en cambio, una causa y motivación más individual se ha hecho evidente: la capacidad o expectativa de consumismo, expresado en “ganar o tener DINERO para gastar en lo que YO QUIERA”.
Así, a los corruptos contemporáneos les interesa tener el poder político, ejecutivo o jurisdiccional de una entidad pública para controlar o negociar las obras públicas o privadas, el presupuesto del Estado, la designación de cargos, las decisiones sobre la libertad o patrimonio de las personas, con el fin de acumular dinero y orientarlo a su consumismo individual. Igualmente, les interesa negociar con el Estado a través de determinados ministros, congresistas o presidentes de la república, para garantizar ganancias extremas que den crecimiento a sus empresas o firmas, para así tener más dinero y un mayor consumo en el Perú o el extranjero. En el mismo sentido, les interesa asumir altos cargos públicos y mantenerse en los mismos para someter a funcionarios inferiores y acceder a todos los beneficios que otorga el cargo, incluyendo las “buenas relaciones” o favores de alto nivel orientados a un alto consumo con dinero del Estado.
Este beneficio individual, egoísta y fácil orientado al consumismo está también en nuestro actuar cotidiano o en las expectativas de todos los ciudadanos (urbanos o rurales). Ello ocurre, por ejemplo, cuando idealizamos comprar el departamento o la casa más lujosa del país, o el auto de mayor precio y calidad, o la ropa de marca y moda, o cuando deseamos visitar los restaurantes o salones más lujosos de nuestra ciudad o región. Lo lamentable es que estas expectativas por el beneficios individual, egoísta y fácil hacía el consumo nos conduce también por infracciones ilegales pero admitidas. Buscamos la menor oportunidad para obtener ventaja de nuestra situación particular, por ejemplo al no respetar a nuestro vecino, al transgredir la luz roja, al no respetar las reglas de tránsito ni al peatón, o al sobornar a la autoridad policial o administrativa para evitar una multa o conseguir el beneficio de un trámite personal, o también al evadir o eludir el pago de nuestros impuestos.
Este conjunto de actitudes (u omisiones) y condiciones o expectativas que buscan el beneficio individual, egoísta y fácil por el consumismo, tanto en la esfera público y privado como en nuestro actuar diario, es lo que hace a nuestra sociedad y su Estado débil. No existen instituciones públicas ni privadas lo suficientemente fuertes para controlar esas actitudes y condiciones. Si bien hay una cierta integración de la población con sus regiones y provincias a través del orden jurídico constitucional que formalmente respetamos, ella es socavada diariamente por los casos de corrupción y por nuestras actitudes y expectativas de consumismo que configura una especie de orden jurídico paralelo.
¿Qué hacer frente a ello? La respuesta simple es fortalecer el Estado a través de su orden jurídico constitucional. Pero, ¿cómo? Sin el fortalecimiento de la sociedad ello es imposible.
Lima, 9, 12 y 19 de agosto de 2018.
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*Antonio Peña Jumpa es profesor ordinario de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Abogado, magister en Ciencias Sociales y Ph.D. in Laws.
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