Protestas y derechos en el Perú. ¿Por qué la “Tercera Toma de Lima”?

Si quienes protestan representan a la mayoría del país y exigen que el actual régimen renuncie o deje el poder político, incluyendo el cese de los actuales miembros del Congreso de la República, es legítimo escucharlos. Hay muchas soluciones al respecto, siendo una de ellas un gobierno de transición.

Por Antonio Alfonso Peña Jumpa*

17 de julio, 2023.- El día 19 de julio de 2023 se reanudan las protestas masivas contra el régimen de la actual presidenta Sra. Dina Boluarte en el Perú. ¿Por qué estas nuevas protestas y por qué la denominación particular de “Tercera Toma de Lima”?

Tras más de 66 muertos ocurridos en las protestas iniciadas el 7 de diciembre de 2022, cuando la actual presidenta asumió el poder por sucesión presidencial, designada por el Congreso de la República, cientos de miles de ciudadanos de todo el Perú reanudan sus protestas.

Se trata de manifestaciones pacíficas que se organizan en las 26 regiones del país, dirigidas por organizaciones sociales y étnicas, pero también se trata de movilizaciones y marchas que afectarán inevitablemente las actividades económicas y libre circulación de las personas.

Dentro de estas protestas destaca la denominada “Tercera Toma de Lima”, como expresión de rechazo a la concentración del poder en manos de quienes actualmente gobiernan desde el Poder Ejecutivo (Gobierno Central) y el Poder Legislativo (Congreso de la República) del Estado. Es un rechazo al ejercicio CENTRALISTA del poder en el Perú. Pero ¿por qué “Tercera Toma de Lima?

La expresión “Tercera Toma de Lima” da continuidad a dos “Tomas” o movilizaciones previas: 1) la que se inició en enero de 2023, tras las primeras protestas contra el régimen de la Sra. Dina Boluarte y su premier Alberto Otárola, movilizando población de las regiones hacía Lima, y 2) la que siguió en los meses de febrero y marzo de 2023, cuando tras las muertes de personas que protestaban se movilizaron nuevos ciudadanos de las regiones hacía la capital. En estas dos “Tomas de Lima” las poblaciones del Sur Andino, en particular las organizaciones étnicas Aymaras, tuvieron el protagonismo al mostrar la mayor resistencia con, lamentablemente, decenas de muertos.

¿Son legítimas estas nuevas protestas en el Perú? Jurídica y socialmente son legítimas. Las protestas son una expresión de la libertad de reunión, opinión, participación y movilización de las personas que la Constitución Política consagra en su artículo 1º y 2º, donde se regulan los Derechos Fundamentales de las personas.

Frente a ello, ninguna decisión administrativa, legislativa ni judicial puede poner límite. Solo pueden evitar el daño de otros derechos fundamentales de las personas que no protestan, como el libre tránsito, la integridad física, la libertad de opinión, entre otros, cuando las protestas colisionan con ellas, al tornarse particularmente violentas.

Pero, ¿Por qué las protestas se tornan violentas? Esto no depende de una categoría jurídica, sino social. Las protestas son pacíficas en su naturaleza, pero se tornan violentas por la propia participación de la población que protesta o la provocación de quienes no están de acuerdo con las protestas. En ambos casos constitucionalmente solo la sociedad puede juzgar las protestas en su conjunto, aunque los actos particulares de violencia si resultan de calificación del Poder Judicial.

Por los antecedentes ocurridos desde el 7 de diciembre de 2022, no es difícil afirmar que las nuevas protestas también serán violentas, ¿Qué hacer? En este caso la respuesta ya no es jurídica ni social, sino política.

La responsabilidad o irresponsabilidad política del actual gobierno:

Las docenas de muertos ocurridas tras las previas protestas son de responsabilidad política del actual gobierno de turno, dirigido por la Sra. Dina Boluarte y su premier el Sr. Alberto Otárola. Según la Constitución Política, de ellos depende la conducción de las Fuerzas del Orden (artículo 118º, inciso 14º, y 167º y ss. de la Constitución Política), y si éstas han sido las causantes de una de las muertes, la responsabilidad recae en el régimen.

En estas circunstancias, prevenir los hechos de las nuevas protestas también depende del actual régimen. Los efectos que ocurran políticamente dependerán de ellos, aunque se encuentre responsabilidad individual en determinadas personas.

¿Cómo prevenir y evitar una nueva irresponsabilidad política? La respuesta más simple es el diálogo. Si el gobierno actual no dialoga, enclaustrándose en el concepto del poder como fuerza formal, debilita el país afectando a toda la sociedad. Un ejemplo de ello es la alta delincuencia que, como efecto, se vive en el país: los asaltos, el sicariato y las bandas organizadas se reproducen porque el Estado es débil, fácil de corromper, contribuyendo a ello el actual gobierno.

Si quienes protestan representan a la mayoría del país y exigen que el actual régimen renuncie o deje el poder político, incluyendo el cese de los actuales miembros del Congreso de la República, es legítimo escucharlos. Hay muchas soluciones al respecto, siendo una de ellas un gobierno de transición.

Si el poder ejecutivo ni el poder legislativo quieren dialogar y reconocer la legitimidad de los pedidos de quienes protestan, constitucionalmente corresponde al poder jurisdiccional (Poder judicial y Ministerio Público) intervenir. Lamentablemente en las previas protestas ni el Ministerio Público ni el Poder Judicial han actuado con eficacia. Pero, ahora lo podrían hacer, definiendo el poder del pueblo (artículo 45º de la Constitución Política del Perú).

Perspectiva:

En suma, ¿Es posible evitar constitucionalmente en el Perú la violencia tras las protestas y tras la “Tercera Toma de Lima” con sus posibles efectos en muertes? Las actuales autoridades del Gobierno Central y del Congreso de la República tienen la respuesta inmediata.

(Escrito el 17 de julio de 2023)

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* Antonio Peña Juma es profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Abogado, Master en Ciencias Sociales y PhD. in Laws.