Entre la retórica de la contienda y la realidad

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El riesgo de una especie de estado de guerra permanente que caracterice al país y al debate público al menos hasta las próximas elecciones, y de un autoritarismo rastrero, ciertamente no en el plano institucional, pero sí en el estado de cosas, está a la vuelta de la esquina.

Ecuador: Entre la retórica de la contienda y la realidad de los hechos

Por Francesco Martone*

Experimento de Pavlov: «Asociando la presentación de carne a un perro con el sonido de una campana un cierto número de veces, finalmente el sonido de la campana por sí solo determinará la salivación en el perro. «

Other News, 17 de enero, 2024.- Hay mucho de neuropolítica en el desarrollo de los últimos acontecimientos en Ecuador, con su crisis de seguridad y las draconianas respuestas decididas por el presidente Daniel Noboa. Hay neuropolítica del terror, hay neuropolítica en la ansiedad de prestación  de un presidente recién elegido que se ve obligado a asumir una situación, ya clara desde el principio, que corre el riesgo de perjudicar su posible futura elección. Y hay mucho de psicopolítica en un país que no puede desprenderse de su odio visceral por los años de la ‘Revolución Ciudadana’, por un lado, ni de su amor incondicional por su padre Rafael Correa, por otro. Y que inevitablemente cae «como el perro de Pavlov», en opciones políticas que favorecen a las élites económicas del país, convencidos como están de elegir el mal menor. Y hay un país agotado por el empobrecimiento, la marginación, el debilitamiento viral del aparato del Estado.

Y al otro lado, de nuevo, al otro lado del Atlántico, hay una especie de reflejo pavloviano según el cual en Ecuador se está produciendo hoy una guerra civil, o un golpe de Estado. Un infierno, en definitiva. Reflejo pavloviano que podría ocultar una especie de «orientalismo» latente que aún impregna la lectura ultramarina de los acontecimientos en este continente.

Por lo tanto, será necesario recurrir a la clásica navaja de Occam, para tratar de cribar los hechos, las noticias, las interpretaciones y llegar al meollo de las cosas.

El grano de las cosas es el siguiente. Desde hace algunos años, Ecuador vive una situación manifiesta de inseguridad provocada por la penetración de hasta 22 bandas de narcotraficantes (colombianas, o afiliadas a los cárteles mexicanos de Jalisco – Nueva generación y Sinaloa, ayudadas por bandas albanesas presentes en la costa del país, lo que sugiere también conexiones con la ‘ndrangheta calabresa) especialmente en las regiones costeras. La tasa de homicidios es una de las más altas de América Latina. Regiones como Esmeraldas -con una abrumadora mayoría de población afro, siempre marginada y empobrecida (hijos e hijas de la ‘colonialidad del poder’ diría el difunto y gran Aníbal Quijano) o Guayas, de una u otra manera, son terreno fértil o estratégicamente relevante para las rutas de la cocaína.

Uno por la gran disponibilidad de ‘mano de obra’ barata, ‘gatilleros’ los llaman, muchachos suburbanos abandonados a su suerte, víctimas de un destino histórico que los margina, que por un puñado de dólares agarran un arma y simplemente aprietan el gatillo. O van a extorsionar con sobornos, ‘vacunas’, a comerciantes o familias. La otra para el importante puerto de Guayaquil, un territorio que hay que controlar para exportar droga a Estados Unidos y Europa, a menudo dentro de contenedores de plátanos, como ocurrió en una reciente gran incautación en el puerto de Gioia Tauro en Calabria, Italia.

La penetración de las bandas de narcos en Ecuador sufre una paradójica aceleración con el proceso de paz en Colombia, cuando las zonas fronterizas «controladas» por las FARC son abandonadas y dejadas presa de nuevas formaciones paramilitares o de las bandas productoras de coca. Ecuador se encuentra así entre dos regiones productoras como Colombia y Perú, con fronteras porosas, pequeños y grandes puertos desde los que embarcar mercancías, un tejido social desgarrado por años y años de políticas neoliberales, una economía centrada casi exclusivamente en un modelo extractivista que empobrece a amplias capas de la población (y que, al fin y al cabo, es la cara «buena» de la narcoeconomía), una sociedad atravesada por enormes desigualdades, sobre todo en las zonas urbanas, un mercado laboral informal, una corrupción rampante en los aparatos del Estado.

Una economía dolarizada que también facilita el blanqueo de dinero gracias a la extendida minería ilegal de oro.  ¿Qué mejor combinación para que los narcotraficantes la conviertan en el lugar de procesamiento y envío de sus mercancías? Según algunos analistas, en particular Pablo Dávalos, existe una fuerte correlación entre la aplicación de la «doctrina del shock» neoliberal del FMI, y sus consecuencias sociales, políticas y económicas, y la extensión del crimen organizado. Una correlación que exige un amplio análisis de las causas y concomitancias de lo que puede considerarse una «policrisis» que azota al pequeño país andino, ciertamente poco acostumbrado a situaciones como las vividas en el pasado en Colombia o en la actualidad en México.

Una policrisis que se hace evidente analizando en filigrana los acontecimientos de los últimos seis meses. Rebobinemos la cinta hasta agosto del año pasado. Desde hace algún tiempo, los motines se han desatado en las cárceles. Los enfrentamientos entre bandas, a menudo facilitados por la connivencia de las autoridades penitenciarias (¿cómo explicar si no la presencia de armas y explosivos utilizados en los motines?), se desencadenan con una brutalidad sin precedentes. El problema carcelario deriva del generalizado panpenalismo en el aparato estatal y de una visión esencialmente punitiva y profundamente patriarcal del castigo, que ha incrementado desproporcionadamente los tipos de delitos por los que se va a la cárcel (incluso por conducir sin licencia). Y por la construcción en 2014 de tres cárceles de máxima seguridad en las que se encarcela a narcos, creando las condiciones para su transformación en centros de mando y teatros de guerras internas. 

La campaña electoral para las elecciones presidenciales, convocadas prematuramente tras la decisión del entonces presidente Lasso de disolver el Parlamento por el mecanismo de la «muerte cruzada» y acudir a las urnas para evitar un proceso de destitución por corrupción, está de hecho dominado por la cuestión de la seguridad. Cerca de la apertura de las urnas, el golpe de gracia que determinará el resultado electoral. Primero el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, paladín de la lucha contra la corrupción, asesinado en Quito en un acto de campaña, e inmediatamente después el del alcalde de Manta,  ciudad portuaria, territorio en manos de bandas como otras de la costa. En los días siguientes, emergió en las encuestas la figura hasta entonces de bajo perfíl del candidato de la costa, expresión de las oligarquías locales y nacionales, las mismas que habían apoyado a Lasso en su momento. Un joven desconocido para la mayoría, Daniel Noboa, hijo de ‘Alvarito’ el gran magnate de la industria bananera, candidato presidencial permanente, y nieto de Isabel la gran empresaria inmobiliaria guayaquileña. En el balotaje Noboa se impuso a la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González, e inmediatamente hizo de la seguridad su caballito de batalla.

Enfrenta un escenario muy complejo. Un Congreso en el que sobre el papel no goza de mayoría (aunque luego votará mayoritariamente las primeras medidas económicas y el estado de conflicto armado interno también en virtud de un pacto con importantes sectores de la oposición), la gran mayoría de territorios controlados por partidos de la oposición (Revolución Ciudadana y Pachakutik, partido de referencia de la poderosa CONAIE, Confederación de Organizaciones Indígenas del Ecuador). De fondo, la importante victoria en el referéndum nacional contra la extracción de petróleo en el Yasuní que prefigura la existencia de un movimiento social y ecologista mucho más fuerte que los números electorales. En suma, Noboa aparece de entrada como una suerte de pato cojo que se encontrará en una situación, para volver a la neuropolítica antes mencionada, de verdadero síndrome de estrés postelectoral, apretado entre la urgencia de dar señales fuertes y eficaces para contrarrestar al crimen organizado y la de responder en el corto tiempo de su mandato, a los intereses de los lobbies a los que se refiere.

Tertium non datur, aunque ese tertium esté representado por la inmensa mayoría del país, ya debilitado por la pandemia. Y es precisamente a partir de ese «tertium», «desde abajo», diría el sociólogo uruguayo Raúl Zibechi, que se debe comenzar a reconstruir una hipótesis plausible de un país capaz de otro futuro. Ese tertium al que deberían dedicarse los recursos del país, jóvenes y adolescentes abandonados y presa de bandas criminales, con padres y madres emigrando por desesperación, cruzando a pie el istmo del Darién para intentar llegar a Estados Unidos. Así que incluso antes de su posesión, Noboa se encuentra haciendo algunos reacomodos previos al gobierno, lanza un plan de seguridad, ‘Fénix’, y luego decide quitarse de en medio a la incómoda vicepresidenta, gran simpatizante de Vox, enviándola a Israel como ‘enviada especial’ para la paz. Y se pone manos a la obra. Pasan unas semanas y estalla el escándalo ‘Metástasis’, prueba de hasta qué punto los narcos han conseguido penetrar en el sector judicial, apretado entre corrupción y amenazas.

Mientras tanto, el presidente comienza a exponer su programa económico, presentando leyes dirigidas principalmente a flexibilizar el mercado laboral, crear zonas francas, libres de impuestos, coincidiendo con los latifundios y plantaciones de los magnates del agronegocio, anunciando la eliminación de los subsidios a los combustibles, detonante de la última revuelta indígena del año pasado, brutalmente reprimida por el gobierno de Lasso. Una «ley económica» que habría creado una gran resistencia en el país, y que responde, junto con las otras, a la necesidad de asegurarse el apoyo del Fondo Monetario Internacional. Al mismo tiempo, se reduce la financiación a las autoridades locales, e incluso se cierra el departamento de seguridad a su servicio. Se anuncia una «amnistía» fiscal para las rentas más altas. Los casos de corrupción en el aparato de seguridad se suceden. Noboa prepara un paquete de propuestas legislativas y enmiendas a la Constitución que permitirían a la Policía y al Ejército tener manos libres y gozar de total inmunidad, algo que de hecho ya ocurre gracias a los decretos emitidos por Lasso, quien varias veces recurrió, en vano, al estado de excepción. Nada nuevo, pues. A continuación, intenta la carta del plebiscito popular unos meses antes del nuevo plazo electoral. 

A las 11 primeras preguntas de referéndum anunciadas, añade otras, incluyendo también temas que sólo en parte tienen que ver con la seguridad. Entre ellos, la apertura de casinos o facilidades para la inversión extranjera directa. Medidas que un destacado constitucionalista y ex miembro del  la Corte Constitucional, Ramiro Ávila Santamaría, califica de inconstitucionales o infundadas. La palabra pasa ahora a la Corte. Luego llega la sensacional noticia de la fuga de prisión en Guayaquil de uno de los cabecillas de la banda de los Choneros, alias ‘Fito’, supuestamente ya en Navidad, y de otro cabecilla de los ‘Lobos’ aparentemente implicado en el asesinato de Villavicencio. Un duro golpe a la credibilidad del gobierno al que Noboa responde con la enésima declaratoria de estado de excepción, con el consecuente toque de queda de 11 p.m. a 5 a.m., la decisión de que el ejército auxilie a la policía en las operaciones de orden público, la restricción del derecho reunión y la inviolabilidad del domicilio. La respuesta de los narcos es inmediata: nuevos motines en las cárceles, ataques a algunas comisarías y el ‘blitz’, cuyos detalles aún no se han aclarado del todo, de un comando que irrumpe en una emisión en directo de un canal de televisión de Guayaquil. Golpe al corazón de su principal electorado.

De hecho pocas horas después del blitz, llega listo y redactado un nuevo decreto, en el que el Presidente -por primera vez en la historia del país- declara el estado de conflicto armado interno, poniendo el juego en manos del ejército, y reconociendo a las 22 bandas como partes ‘beligerantes’. La cuestión pasa así de ser una  de orden público a una guerra declarada, regida por el derecho internacional de la guerra, concretamente la Convención de Ginebra. Cuando se anuncia la medida, el país entra en pánico. Las clases se suspenden y seguirán siendo virtuales durante unos días, se ordena la evacuación de los edificios públicos, se envían contingentes de soldados para vigilar objetivos sensibles.

El Presidente se encierra en el palacio de Carondelet con los altos funcionarios del Estado para decidir qué hacer. Al cabo de unas horas, los militares en uniforme de gala aparecen ante las cámaras, explicando la situación al país y dando la línea. ¿Un golpe de Estado? Ahí va el primer reflejo pavloviano. Y no, el Decreto 111 que declara el estado de «conflicto armado interno» es aprobado por abrumadora mayoría por el Congreso, incluso por los partidos de oposición de izquierda que desde el principio habían declarado su disposición a la unidad nacional. Es evidente la preocupación por no aparecer como los que levantan las manos ante el crimen organizado, una buena oportunidad para los partidos opositores en las próximas elecciones intermedias de 2025. ¿Una guerra civil? Tampoco lo es, ya que no se trata de organizaciones estructuradas en forma paramilitar, ni de un conflicto armado a escala nacional, sino de operaciones de orden público «en camuflaje» en territorios bien delimitados. La declaración de guerra es en realidad un golpe mediático para crear las condiciones de un gobierno «de unidad nacional» y «de guerra», en el que se perfila un claro reparto de tareas. Por un lado los militares, que a partir de ahora toman el mando de las operaciones de orden público, con la policía a su servicio (lo que crea no pocas fricciones) y que pueden así reafirmar su papel, y su credibilidad ante la población.

Hay que decir que la presencia de los militares en las calles es – al menos en la capital Quito – muy esporádica, el efecto parece ser más que nada simbólico. Otra cosa es en las cárceles, donde los militares pueden ahora intervenir libremente para reprimir disturbios y liberar al centenar de rehenes que siguen en manos de los alborotadores. O en redadas o pesquisas en los barrios «calientes» de las ciudades con una fuerte presencia criminal. Sin embargo, en lo simbólico también acecha el riesgo de una «securitización» penetrante del espacio público, que se traduzca en la inhibición de cualquier forma posible de disidencia o conflicto social.

Noboa se apresuró a declarar que incluso aquellos que no intervienen contra las pandillas, (por extensión también se podría interpretar a aquellos que se oponen a sus políticas) podrían ser considerados «el enemigo». Y entonces, en ese espacio público, se corre el riesgo evidente de que las verdaderas víctimas de la represión terminen siendo las clases marginadas y marginales, culpables sólo de serlo, o de tener la piel oscura, como ocurrió con fenómenos como el de los ‘falsos positivos’, (véase Colombia, donde los militares, para demostrar el éxito de sus operaciones, mostraron al público cadáveres de pobres con uniformes de guerrilleros). Los militares se apoderan así del espacio público determinando por defecto la dirección que tomará el país, mientras que del espacio privado se ocupa el presidente con nuevos decretos-leyes presentados invocando la necesidad de encontrar fondos para la guerra interna, desde el aumento del IVA al 15%, liberalización del sector energético, a las políticas destinadas a atraer capital extranjero. De fondo, dos acuerdos de cooperación en el sector militar y de seguridad con Estados Unidos, firmados hace meses por Lasso que contemplan la presencia aunque temporal de militares en territorio nacional.

En Washington tienen prisa, ante el fantasma del aislacionismo trumpiano del America First. El tratado de libre comercio con China, hasta ahora bloqueado por el Congreso, entrará en vigor en breve. ¿Y qué existe y vive entre el espacio público y el privado? ¿Los de lo “común»? ¿Los movimientos? ¿Las organizaciones de la sociedad civil? De ahí salen las únicas expresiones de crítica y disidencia. La CONAIE se solidariza con las víctimas del conflicto, insta a las comunidades a organizar guardias indígenas para proteger sus territorios (hasta ahora casi intocados por la violencia de los narcos) y advierte al gobierno que no utilice el pretexto de la guerra para imponer medidas antipopulares.

En los últimos días, con sus organizaciones amazónicas, ha salido a las calles para protestar contra la construcción de una de las dos supercárceles modelo Bukele en la provincia de Pastaza. Por otro lado, las organizaciones de derechos humanos señalan la inoportunidad del uso del instrumento militar, y las posibles graves repercusiones sobre los derechos humanos. Luego denuncian los riesgos para los millones de ecuatorianos que trabajan en la economía informal o con contratos temporales, y cómo el estado de excepción puede aumentar los casos de violencia intrafamiliar y de género. El resto es todavía un trabajo en curso. El riesgo de una especie de estado de guerra permanente que caracterice al país y al debate público al menos hasta las próximas elecciones, y de un autoritarismo rastrero, ciertamente no en el plano institucional, pero sí en el estado de cosas, está a la vuelta de la esquina. Aunque los decretos de excepción y de estado de conflicto armado interno tienen una duración de dos meses, es muy poco probable que el Estado pueda declarar la victoria en ese tiempo. Que cuando uno declara la guerra también debe tener claro cuando la gana. Que por el momento es muy vago e indefinido. ¿Cuándo serán expulsados todos los criminales colombianos o venezolanos? Lo cual es muy difícil según la Constitución, que consagra el derecho humano a la libre movilidad. ¿Cuándo serán todos encarcelados?¿O «abatidos» según el término utilizado por la gran prensa?

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* Francesco Martone es coordinador de la Asamblea de jueces del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza y portavoz de la red “In Difesa Di – por los derechos humanos y quienes los defienden” en Italia. Asociado al Instituto Transnacional y miembro del Tribunal Permanente de los Pueblos, fue Senador de la República durante dos legislaturas y secretario de la Comisión Extraordinaria de Derechos Humanos del Senado.

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Fuente: Publicado por Other News: https://www.other-news.info/noticias/ecuador-entre-la-retorica-de-la-contienda-y-la-realidad-de-los-hechos/ - Traducción automática  DeePL.

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