Colombia: La paz es esquiva para el Cauca

Por Fernanda Sánchez Jaramillo*

16 de julio, 2020.- La violencia no cesa en el Cauca, departamento ubicado al suroccidente de Colombia entre las regiones andina y pacífica. Después de la firma del Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, el 24 de noviembre de 2016, hubo un incremento de los asesinatos: 12 ese año, 24 en el año 2017, 45 en el 2018, 68 en el 2019 y este año aproximadamente 32 asesinatos, 22 de los cuales  ocurrieron durante el confinamiento por el COVID- 19, señala Jhoe Sauca coordinador del Programa Defensa de la Vida y los Derechos Humanos (CRIC).

Cauca es, después de la Guajira, el departamento con mayor población indígena. Tiene una ubicación privilegiada con salida al mar, goza de variedad de climas y fertilidad en sus suelos; además, riqueza hidrográfica, minerales y metales preciosos.

Antes de la firma del Acuerdo de Paz los pueblos originarios del Cauca fue objeto de la violencia de las guerrillas del ELN y las Farc, ahora de las disidencias de este último, el ELN, paramilitares y traficantes de drogas que les disputan el territorio mientras ellos resisten a través de su guardia indígena.

Los pueblos originarios son víctimas de la violencia estructural, latifundista y de los actores armados que pretenden negar su cultura y su organización despojándolos de los territorios y sometiéndolos a modelos de economía y desarrollo contrarios a sus formas de vida.

En el Cauca la mafia, los grupos armados ilegales, mineros legales e ilegales, agroindustriales disputan esta zona para adelantar sus actividades económicas, lícitas e ilícitas mientras los pueblos originarios reclaman la tierra para la vida, el ejercicio de su autonomía y la reivindicación de su forma ser uno con el territorio.

Por eso para ellos el territorio también es víctima como explica Jorge Sánchez coordinador político del CRIC https://soundcloud.com/user-812930324/asesinatos-de-indigenas-en/s-hRCap90AKqs

La privilegiada ubicación geoestratégica de este departamento ha convertido a los  pueblos indígenas en objeto de ataques, hostigamientos, amenazas con panfletos que ordenan su silencio y declaran objetivo militar a quienes porten símbolos de organizaciones indígenas como lo denunció Cristina Taquías, autoridad Nej´s Wexs asesinada en noviembre del año pasado, quien en su último discurso dijo que a los indígenas los mataban si hablaban y si callaban, ante lo cual preferían hablar.

Sánchez, del CRIC, enfatiza que el ensañamiento con este departamento obedece a que es parte del corredor estratégico entre Ecuador, Cauca y el norte del país para la mafia, pero también para algunas actividades económicas del gobierno https://soundcloud.com/user-812930324/asesinatos-de-indigenas-en/s-hRCap90AKqs

La violencia arrecia porque en las entrañas de la Madre Tierra, como los indígenas la denominan, hay petróleo, oro, coltán y se cultiva la mata sagrada de Coca.

La violencia arrecia porque en las entrañas de la Madre Tierra, como los indígenas la denominan, hay petróleo, oro, coltán y se cultiva la mata sagrada de Coca. Cauca es uno de los principales cultivadores de coca, principal insumo para producir cocaína y, de acuerdo con un informe de  Indepaz, publicado el 20 de junio de este año, en zonas de propiedad colectiva – resguardos y territorios colectivos de comunidades negras– se encuentra cerca del 20% de los cultivos de coca, sobre todo en los municipios del Andén Pacifico medio y sur, con alta concentración en la costa de Nariño, Cauca y Valle.

Asimismo, en su informe especial  sobre Cauca y Nariño Indepaz determinó que:

“El Cauca forma parte de la región productora en el Sur del Andén Pacífico, que abarca Tumaco a Buenaventura. Se estima que por las rutas del pacífico sur de Colombia salen más de 200 toneladas de cocaína al año” y en el departamento del Cauca “convergen corredores entre la amazonia y el océano Pacífico, el Ecuador y el valle del Cauca”.

Por su parte, el Observatorio de Drogas de Colombia, 2016, estableció que a través de las rutas del tráfico de drogas en el Cauca, circulan marihuana, cocaína, heroína y sustancias químicas y armas. Desde el municipio de Suárez hacia el municipio de Buenos Aires envían clorhidrato de cocaína por el corredor del río Naya hacia el Pacífico; desde el Patía pasando por los municipios de Balboa y Argelia y el corredor del Río Micay hacía el Pacífico.

Existe otra ruta entre los municipios de Miranda, Corinto y Caloto, hacía el Valle del Cauca, el Huila y el interior del país usada para enviar marihuana. Además, la ruta desde los municipios de La Vega – Almaguer, utilizando la vía Panamericana para enviar Heroína hacia Ecuador.

Por si fuera poco, el cultivo de marihuana con fines lícitos ha aumentado. El 22 de junio de este año la Sociedad Pharma Indígena Misak Manasr, domiciliada en Popayán la capital del departamento, obtuvo la licencia para cultivar cannabis con fines medicinales. Esta noticia no fue bien recibida por las autoridades ancestrales del pueblo Misak, quienes en un comunicado rechazaron los monocultivos, entre ellos el cannabis, y toda forma de economía externa que dañe el equilibrio de las soberanías indígenas ancestrales Misak.

Detrás de este negocio está la multinacional canadiense Pharmacielo Ltda, con operaciones en Colombia a través de su subsidiaria Pharmacielo Colombia, ubicada en el municipio de Rionegro (Antioquia). Esta compañía tiene licencia para el cultivo de cannabis medicinal desde el año 2016 y publicita a Colombia como el mejor país del mundo para cultivarlo gracias a su clima y un marco legal que facilita responder a creciente demanda global de Cannabis.

Otro botín disputado en el territorio caucano es el oro. Allí hay tres distritos mineros: El Tambo, Mercaderes y Litoral Pacífico, cada uno abarca varios municipios. En el primer trimestre de este año Colombia produjo 9, 5 toneladas de oro, un 7% más que en 2019, con 8,5 toneladas en el mismo periodo anunció la Agencia Nacional de Minería (ANM) que se vende a $1.730 dólares la onza y que según esta institución este mineral es parte de la reactivación económica “sostenible”.

También hay coltán, uranio, zinc, cobre, plata, platino y molibdeno. Los pueblos originarios están en contra de la minería legal e ilegal porque no corresponde a su proyecto de vida.

Entre tanto, Ermes Pete consejero mayor del CRIC precisa que el conflicto que viven es el resultado del incumplimiento de los procesos de Acuerdo de Paz que hizo que muchos volvieran a las armas a disputar el control territorial mientras los pueblos originarios denuncian los asesinatos de las guardias y autoridades indígenas.

Sistematicidad de los asesinatos

De acuerdo con Jorge Sánchez, del CRIC, la sistematicidad de los crímenes contra los indígenas se evidencia en la constante tensión por el control territorial por parte del narcotráfico, ya que el departamento tiene salida al pacífico y los intereses de los mineros, legales e ilegales, cuyo avance resiste el pueblo indígena a través del cierre del acceso a sus territorios haciéndoles más difícil obtener el control social, político y territorial.

Para Camilo López, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos “Visor Humanitario” de la Fundación Tierra de Paz, la sistematicidad se observa en:

”la disputa que se ha generado entre las comunidades indígenas contra los actores ilícitos, por temas referidos a la gobernabilidad del territorio. De esta forma múltiples liderazgos indígenas se han convertido en objetivo militar para los grupos armados, lo cual se expresa en el asesinato de guardias indígenas y las permanentes amenazas y atentados contra la dirigencia del CRIC y ACIN. La violencia contra comunidades indígenas también se ha concentrado en las regiones del Norte y oriente del Cauca, principalmente contra miembros de la comunidad Nasa”.

De igual forma, la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) ha advertido sobre la existencia de patrones en la violación  de derechos humanos en el Cauca:

“múltiples hechos directos contra autoridades indígenas, que terminaron en asesinatos; el modus operandi de los criminales; la dimensión colectiva y organizativa de las víctimas y “la concentración espacial de estos hechos obedece a la existencia de intereses específicos por el control territorial, bien sea por la apropiación de las rentas y los recursos que poseen o por su ubicación estratégica. Otro interés manifiesto y difundido mediante intimidaciones y amenazas es el control social y la vigilancia de la vida cotidiana, reflejada en los hechos violentos que han sucedido en las viviendas y territorios de las víctimas”.

La sistematicidad de los asesinatos intenta romper con los principios de unidad, tierra, cultura y autonomía, de la resistencia de los pueblos originarios quienes son la piedra en al zapato del modelo de desarrollo colombiano y de las mafias.

“Para los pueblos su territorio también es víctima, es su espacio de vida y porque atentan contra la vida como individuos y el territorio, que es sagrado, lo vulneran la minería. La Madre Tierra sufre, llora y se siente amenazada y en riesgo porque ellos son cuidanderos del territorio, familia, persona y espiritualidad son uno mismo, no son separados del territorio. Los gobiernos quieren debilitarnos para quedarse con el territorio”, añade Sánchez del CRIC.

Los pueblos indígenas ubicados en los departamentos del Amazonas, Nariño, La Guajira, Chocó y el Cauca son los más afectados por el COVID-19. La Organización Nacional indígena de Colombia (ONIC) monitorea la evolución de la pandemia en los pueblos originarios. Su más reciente boletín 38, del 8 de julio, informó que incrementó a 403.331 familias indígenas en alerta por probabilidad de contagio, a 1175 los contagios, a 38 fallecimientos. Además, aseguró que hay 40 pueblos afectados, 180 personas Indígenas en observación y 756 recuperadas.  (Ver mapa ONIC).

López, del Observatorio de Derechos humanos de la Fundación Tierra de Paz, indica que durante el confinamiento ha habido un recrudecimiento del conflicto armado en el Cauca:

“Esto incluye el asesinato de líderes sociales, especialmente durante los meses de abril y mayo. Los distintos grupos armados que vienen posicionándose en la región, aprovecharon el espacio de confinamiento para aumentar su poder a través de hechos de reclutamiento, desplazamiento forzado y asesinato de líderes sociales; de igual forma, aumentaron las tensiones entre grupos armados y la comunidad, a raíz del ejercicio de control por parte de las comunidades para detener el incremento del COVID 19 en las subregiones del departamento”.

De acuerdo con Sauca, del CRIC, algunos de los actores armados que continúan en el departamento son las estructuras Roberto Ramos, Jaime Martínez, el EPL, el ELN, especialmente en la costa pacífica donde han protagonizado enfrentamientos las disidencias FARC por el control de los cultivos de uso ilícito. Además, los narcotraficantes y los paramilitares. Las acciones victimizantes son amenazas, homicidios, retenes, toques de queda y confinamientos, entre otros.

“Estamos intentando salvaguardar los territorios nuestros, como autoridades de los 10 pueblos del departamento del Cauca, a quienes representamos como CRIC y de esos 10 pueblos, son aproximadamente 350 mil habitantes y nueve zonas, once asociaciones de cabildos y el Consejo Regional CRIC que velan por los derechos del Cauca. Seguimos haciendo frente y cuando denunciamos el gobierno solo piensa en militarizar y esa no es la solución porque debe primar la justicia social en el Cauca”, afirma Pete del CRIC.

Resistencia

Frente a la violencia los pueblos indígenas resisten como lo han hecho desde siempre. En el Siglo XV, la invasión española intentó doblegarlos, hizo todo por cristianizarlos y dominarlos fueron marcados con hierro, cazados con la ayuda de perros y obligados a pagar tributos a la corona.

Un siglo después, como forma de resistencia ellos se negaron a cultivar algunas tierras para que los colonizadores no pudieran asentarse allí. En los Siglos VXII y XVIII esa oposición al despojo de sus territorios ancestrales fue liderada por Juan Tama y la Cacica Gaitana, entre otros.

En el siglo XIX fue Manuel Quintín Lame, indígena caucano, quien lideró un movimiento que reivindicó el derecho a la autonomía de los pueblos originarios y el 24 de febrero de 1971, Siglo XX, nació el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), que desde entonces ha organizado las diversas estrategias de resistencia contra la violencia.

Desde su creación, el CRIC ha reclamado sus derechos frente a quienes afectan su dinámica, social, económica y cultural al pretender homogeneizar a sus pobladores. A través de estrategias como la guardia indígena y puntos de control, intentan impedir que grupos armados ingresen al territorio y alteren su dinámica productiva imponiendo horarios de circulación.

“Hay puntos de control en entradas principales, puntos internos donde se conectan entre veredas y cascos urbanos y permite una mayor coordinación de las guardias para defenderse frente la violencia, la cual es nuestra mayor estrategia de defensa y la parte de comunicaciones que está fluyendo y los mecanismos espirituales de cada pueblo y la articulación con instituciones garantes de derechos humanos”, explica Sauca.

Durante el confinamiento siguen asesinando, reclutando y estigmatizando a los pueblos originarios: “(…) el camino es la movilización no tenemos otra forma de visibilizar esta problemática (…) nosotros le decimos al país y el mundo que acá hay una problemática sistemática y seguiremos defendiendo lo que nuestros mayores nos han dejado porque no estamos pensando en el mañana, estamos pensando en el ayer para poder fortalecer estos caminos”, insiste Sánchez.

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*Fernanda Sánchez Jaramillo es comunicadora social y periodista, magister en relaciones internacionales y trabajadora comunitaria.

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