Catacaos: Comité pro-elecciones contra el tráfico de tierras comunales

Conforman comité transitorio pro-elecciones contra el tráfico de tierras comunales

Por Marlene Castillo Fernández*

16 de mayo, 2022.- El domingo 15 de mayo los colectivos de comuneras y comuneros de los seis distritos donde se localiza el territorio de la Comunidad Campesina San Juan Bautista de Catacaos se reunieron frente al local central comunal. No pudieron hacerlo dentro de su local comunal porque la directiva actual, que ya está fuera del período de su ejercicio, no se los permitió.

Tampoco pudo estar presente el sacerdote jesuita Paco Muguiro, ex párroco de Monte Castillo, quien fue declarado el 2007 hijo ilustre de Catacaos junto a sus hermanos Vicente Santuc (QEPD) y Bruno Revez (QEPD). No pudo asistir ni como observador porque fue conminado por esa directiva actual mediante notificación difamatoria dirigida nada menos que al monseñor Eguren, arzobispo de Piura y Tumbes, sacerdote vinculado al Sodalicio, una de las entidades que estaría asociada como empresa inmobiliaria a la adquisición de tierras comunales mediante procedimientos no tan santos ni tan pacíficos ni tan legales (Wayka, 27 de noviembre, 2019).

Alrededor de 300 comuneras/os se reunieron bajo la bandera comunal de su derecho electoral para renovar la directiva como parte de su lucha por la dignificación de su Comunidad contra la corrupción del tráfico de tierras comunales, por justicia ante las muertes y juicios a los defensores agraviados, la recuperación de tierras comunales “vendidas” a empresas agroexportadoras, al punto que no pueden ni gestionar ni invertir en pozos para agua potable porque la propiedad de la tierra del Anexo/Caserío comunal aparece legalmente como propiedad inscrita a nombre de la empresa.

Se trata de un conflicto que ya lleva 10 años y que, a la fecha, tiene como resultado dos comuneros asesinados, siete heridos y 39 denunciados. Un conflicto que continúa porque el despojo mediante tráfico de tierras continúa con total impunidad.

Recientemente a inicios de mayo se publicó la noticia: Comuneros de la Asociación Noria Señor Cautivo-Lapicula pertenecientes a la Comunidad San Juan Bautista de Catacaos denunciaron que alrededor del mediodía del 3 de mayo, cuatro personas ingresaron en cuatrimoto al sector Lapicula y Vega Honda, territorios pertenecientes al distrito El Tallán, Caserío Nuevo Piedrán en Catacaos. Una huyó realizando disparos al aire (Empresas vinculadas al Sodalicio se apropiaron de tierras en Catacaos | Servindi - Servicios de Comunicación Intercultural).
 

La impunidad con que actúan las mafias del tráfico de tierras comunales arrancan desde 1998 cuando se crean empresas "comunales" a base de la ley de promoción de la inversión privada en tierras comunales. Estas empresas "comunales" y contando con la negligencia/complicidad de funcionarios de la SUNARP y la corrupción de directivos de la Comunidad San Juan Bautista de Catacaos, habrían vendido tierras a privados no comunales que se dan el lujo de lograr su inscripción como propietarios.

A la par, el enriquecimiento ilícito de algunos exdirectivos comunales es notoriamente visible: edificación de casas en Catacaos y Piura, camionetas, contratación de técnicos operadores de la documentación e intimidación necesaria para delinquir.

Así miles de hectáreas, en las zonas de More y Congorá, así como en Cucungará entre otras, han pasado a manos de terceros privados con alto valor inmobiliario y agro-comercial. Si hubiera justicia efectiva se debería estar atendiendo las denuncias de los y las comuneros que son los bienaventurados en esta historia que los enfrenta a los todos poderosos.

Una investigación rigurosa y firme desde 1998 debería comprender a la SUNARP, la Gerencia regional de Saneamiento Rural, los expresidentes de la Comunidad de Catacaos, los agentes privados comprometidos sean o no vinculados al Sodalicio.
 

El 15 de mayo 2022 se convertirá en un hito de la historia de la Comunidad de Catacaos en la medida que los colectivos persistan en su unidad, en difundir la justicia de su causa ganando defensoras y defensores dentro y fuera de la comunidad, movilizarse pública y pacíficamente por sus derechos en un trabajo y diálogo con los voceros y conductores que han elegido hoy como su Comité Transitorio.  

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* Marlene Castillo Fernández es ingeniera agrónoma por la Universidad Nacional Agraria La Molina. Nació en Aija, en Áncash, pero en la actualidad vive en Lima.

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