Ataques y acciones de desinformación se están convirtiendo en una práctica política habitual que pone a los defensores y defensoras de derechos humanos en un riesgo permanente.
Desinformación y terruqueo contra Raida Cóndor: defensores de derechos humanos en riesgo
Por Iris Jave*
Idehpucp, 15 de febrero, 2022.- El terruqueo se ha convertido en una táctica a la que se recurre de manera fácil para descalificar mediante discursos de odio a actores que se atreven a denunciar, exigir y debatir en el espacio público la desinformación permanente que propagan actores políticos para negar y/o desconocer la historia y el contexto del conflicto armado interno que vivió el país entre 1980 y el 2000.
La estrategia es básica y hasta pueril: atacar al otro con mentiras y desinformación causando revuelo por unas horas hasta que la información falsa se aclara, se denuncia o se elimina de las redes sociales, como en el caso reciente del ataque a la señora Raida Cóndor, activista y madre de Armando Amaro Cóndor, uno de los estudiantes detenidos y desaparecidos por agentes del denominado grupo Colina el 18 de julio de 1992.
El problema de la desinformación es la viralización, la inmediatez y la réplica masiva que se produce en las redes sociales, lo cual genera no solo mayor confrontación sino que también expone públicamente a personas como Raida, produce una nueva estigmatización y, con ello, una revictimización en torno a la pérdida de su hijo. Y, a través de ella, a todas las demás activistas que permanecen con sus familiares desaparecidos, y a la comunidad de derechos humanos.
Han transcurrido 30 años desde que Armando Amaro Cóndor fue detenido y desaparecido junto a 8 estudiantes y un profesor de la Universidad Enrique Guzmán y Valle La Cantuta: Bertila Lozano Torres, Dora Oyague Fierro, Luis Enrique Ortiz Perea, Robert Edgar Teodoro Espinoza, Heráclides Pablo Meza, Felipe Flores Chipana, Marcelino Rosales Cárdenas, Juan Gabriel Mariños Figueroa y el profesor Hugo Muñoz Sánchez.
Este es uno de los casos de graves crímenes y violación a los derechos humanos por los que Alberto Fujimori, expresidente del Perú, fue condenado y sentenciado a 25 años de prisión en un juicio ejemplar el 2009. En ese proceso fue declarado autor mediato de los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos. Esos crímenes fueron considerados de lesa humanidad debido a que: fueron dirigidos contra la población civil, de manera sistemática y generalizada y, como parte de una política de Estado.
“Los ataques a la señora Raida Cóndor no pueden pasar inadvertidos. Ella no solo es madre de una persona desaparecida sino también una permanente activista de derechos humanos que, sobreponiéndose a su dolor, persiste en demandar a las autoridades que agilicen la búsqueda de personas desaparecidas en el país, que suman más de 21 mil.”
Justamente, una de las conclusiones de la sentencia del colegiado que condenó a Fujimori es que los estudiantes “no eran terroristas”, lo que constituye de algún modo una reparación y dignificación de parte del estado peruano hacia las víctimas. El día de lectura de la sentencia fue sentido como una victoria para las familiares del caso La Cantuta, que durante los años 90 fueron estigmatizadas por los medios de comunicación afines a Fujimori.
una de las conclusiones de la sentencia del colegiado que condenó a Fujimori es que los estudiantes “no eran terroristas”
Recordemos que los principales medios de comunicación del país vendieron –literalmente– su línea periodística al gobierno de Fujimori y Montesinos, entre ellos América Televisión, Panamericana Televisión, Andina de Radiodifusión -ATV, y otros, como puede comprobarse en los denominados Vladivideos, donde aparecen los dueños de esos medios recibiendo dinero de Vladimiro Montesinos, quien también cumple una pena de cárcel por los delitos de derechos humanos y corrupción.
Los ataques a la señora Raida Cóndor no pueden pasar inadvertidos. Ella no solo es madre de una persona desaparecida sino también una permanente activista de derechos humanos que, sobreponiéndose a su dolor, persiste en demandar a las autoridades que agilicen la búsqueda de personas desaparecidas en el país, que suman más de 21 mil. Estos ataques y acciones de desinformación se están convirtiendo en una práctica política habitual que pone a los defensores y defensoras de derechos humanos en un riesgo permanente; por ello deben ser rechazados y sancionados en la medida en que constituyan delitos punibles.
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* Iris Jave es investigadora en el Instituto de Democracia y Derechos Humanos (Idehpucp), una unidad académica de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
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Fuente: Portal del Idehpucp: https://idehpucp.pucp.edu.pe/opinion_1/desinformacion-y-terruqueo-contra-raida-condordefensores-de-derechos-humanos-en-riesgo/
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