Recordando la masacre de Juliaca

La masacre ocurrida en Juliaca es un hecho que tiene definidos autores (directos y mediatos). Pero, ¿Por qué no hay una sanción o una respuesta estatal tras el año transcurrido?

Recordando la masacre de Juliaca, en la región de Puno, Perú.

Por Antonio Peña Jumpa

15 de enero, 2024.- El pasado 9 de enero de 2024 se ha conmemorado un año de los trágicos sucesos ocurridos en la ciudad de Juliaca, en la Región Sur Andina de Puno, en el Perú, fecha en la que murieron 18 personas, incluyendo 3 adolescentes, durante las protestas contra el régimen de la Sra. Dina Boluarte. El hecho ocurrió en los alrededores del aeropuerto de la ciudad de Juliaca, tras varios actos de protestas con muertos y heridos iniciados en la región de Apurímac y continuados en las regiones de Ayacucho, Cusco, Arequipa, Cajamarca, La libertad, Ica, Lima, y luego extendidos hacía otras regiones del país. En aquella fecha se desarrolló una fuerte protesta que produjo una reacción violenta de las Fuerzas del Orden con el resultado de los 18 muertos y cientos de heridos.

El hecho muestra una situación de violencia política que involucra al gobierno de turno y que no tiene otra denominación que el de masacre u homicidio colectivo como han referido algunos informes (1). Situación que, a su vez, se confirma con las más de 60 muertes que se sumaron antes y después del 9 de enero de 2023 en las protestas a nivel nacional.  

En el presente artículo solo describiremos a los actores sociales y las consecuencias de sus acciones focalizadas en lo ocurrido en Juliaca. Como veremos, esta descripción nos orienta por una inicial identificación de responsables en un contexto pluricultural.

Los grupos de actores sociales:

La masacre de Juliaca tuvo como protagonistas a cuatro principales grupos de actores sociales: 1) Los miles de ciudadanos aymaras, quechuas y mestizos de la región de Puno que protestaban contra el gobierno recientemente instalado; 2) Las Fuerzas del Orden (Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas) encargadas de cautelar el orden público y, en particular, el aeropuerto internacional de Juliaca identificado como un lugar estratégico para cumplir con dicho fin; 3) Los cientos de miles de personas no involucrados directamente con las protestas pero que las respaldaban porque viven cerca, se movilizan por el lugar o eran familiares de quienes se encontraban protestando; y 4) La Sra. Dina Boluarte, presidenta del Perú recientemente proclamada tras la vacancia del Sr. Pedro Castillo, y sus ministros de Estado al lado de los congresistas y políticos que respaldaron sus medidas.

Los ciudadanos que protestaron:

Los miles de ciudadanos convocados, organizados y aglutinados desde días atrás en las calles de las ciudades importantes como Puno y Juliaca, no eran terroristas ni oportunistas políticos que buscaban desestabilizar el Estado o el gobierno recientemente instalado. Eran más bien ciudadanos Aymaras, Quechuas y Mestizos que integran la región de Puno, con una cultura y concepción diferente de Estado y gobierno. Estos miles de ciudadanos se movilizaron desde sus organizaciones o comunidades rurales hacía las calles y el aeropuerto de la ciudad de Juliaca buscaban ser oídos ante la noticia de un cambio de gobierno que no les convencía. No entendían por qué había dejado de ser presidente el Sr. Pedro Castillo, y por qué había sido vacado y detenido simultáneamente tras un supuesto intento de golpe de estado. No entendían por qué la Sra. Dina Boluarte había aceptado la presidencia, confirmando la vacancia y detención del Sr. Pedro Castillo.

Las Fuerzas del Orden que intervinieron:

Las Fuerzas del Orden, en aquella fecha, comprendieron a los agentes de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas (Ejército, Aviación y Marina) destacados o en funciones en la región de Puno y localizados en el aeropuerto de Juliaca y sus alrededores. Un grupo de estos agentes, fueron quienes actuaron reprimiendo, golpeando y disparando contra las personas que protestaban produciendo los 18 muertos y los cientos de heridos. Según las imágenes y noticias difundidas en los medios de comunicación de nivel regional y nacional, así como los informes de organizaciones internacionales (incluida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos) y la investigación realizada por instituciones del Estado como el Ministerio Público, este grupo de las Fuerzas del Orden aparecen como los autores directos, materiales o ejecutores de dichos hechos. Pero, fueron otros los autores mediatos.

Los ciudadanos que respaldaron las protestas:

Los cientos de miles de ciudadanos que no eran parte de las protestas pero que las respaldaron porque viven cerca, se movilizaban por el lugar o eran familiares de quienes se encontraban protestando constituyen el pueblo de la región de Puno. Aproximadamente el 90% de la población de la región coincide con estos cientos de miles de personas que, de distintas formas, contribuyeron con las protestas. Así, comerciantes, docentes, artistas, estudiantes, empresarios, personal de salud, obreros, personal técnico y profesionales en general de la ciudad, al lado de sus comunidades rurales y semirrurales de Puno se suman dentro de estos cientos de miles que no estaban de acuerdo con el nuevo régimen de la Sra. Dina Boluarte, y rechazaban las muertes ocurridas previamente en otras regiones. Este grupo de actores sociales es el que financió y respaldó la larga protesta que se prolongaría por meses en la región tras los acontecimientos del 9 de enero de 2023.

La Presidenta de la República y sus ministros:

La Sra. Dina Boluarte, presidenta del Perú designada tras la vacancia del Sr. Pedro Castillo, acompañada de sus ministros y los políticos que la asesoraron y respaldaron en aquella fecha aparecen como el grupo de los autores indirectos o mediatos de la masacre ocurrida en Juliaca. El mando ejecutivo correspondía a los ministros de Estado, en particular las carteras del interior y de defensa, pero la decisión final involucra a la Presidenta de la República. Dada la estructura del Estado regulado por la Constitución Política del Perú (CPP), estos actores del Estado coordinaban a través de un Consejo de Ministros bajo el mando de la Presidenta de la República para tomar las medidas de orden público (artículos 121º, 122º y 125º de la CPP). Además, la misma Constitución regula que la presidenta dirige el Sistema de Defensa Nacional (artículo 164º de la CPP).

En suma, el conjunto de estos actores sociales nos muestra que la masacre ocurrida en Juliaca es un hecho que tiene definidos autores (directos y mediatos). Pero, ¿Por qué no hay una sanción o una respuesta estatal tras el año transcurrido? Es una pregunta aún por absolver.

(escrito en Lima, entre el 9 y 12 de enero de 2024).

Nota:

(1) Ver por ejemplo el informe “Puno si es el Perú”, en https://m.facebook.com/cnddhh/videos/puno-si-es-el-per%C3%BA/1107896190390490/?_rdr (visitado el 9-01-2024).