Las Comunidades Campesinas y Nativas, el COVID-19 y el Estado

El Perú, como país, tiene hoy en plena crisis la oportunidad de mirar y aprender de las comunidades. Se trata de una hermosa oportunidad para emprender una nueva manera de organizar el Estado y reorientar sus recursos para hacer un ESTADO FUERTE.

Las Comunidades Campesinas y Nativas, el COVID-19 y el Estado

Por Antonio Peña Jumpa*

14 de junio, 2020.- ¿Es posible que las comunidades campesinas y nativas del Perú (incluyendo a sus Rondas Campesinas) sobrelleven el aislamiento social durante la actual emergencia sanitaria sin un subsidio del gobierno central? Si. La respuesta es muy simple, si se valora la capacidad organizativa y de auto subsistencia histórica de las Comunidades.

Desde tiempos pre-hispánicos estas comunidades han sobrevivido a situaciones tan complejas como la actual pandemia del COVID-19 por la autonomía económica, social y cultural que practican en comparación con la situación de dependencia de quienes vivimos en las grandes ciudades. Pero el problema con las comunidades no es el subsidio directo del gobierno, sino el consumo de sus reservas en alimentos por el retorno de sus migrantes, el contagio externo del virus y la ausencia de servicios básicos como los de salud y educación para enfrentar una posible infección.

Las comunidades tienen una economía preponderantemente autónoma, sea en la zona rural andina, en la zona rural o forestal amazónica, o en los valles de la costa. Los recursos naturales de la tierra, de los bosques o de los ríos han sido su fuente de alimentación y desarrollo. Esta economía está basada en su identidad cultural, su histórica organización familiar y comunal y su propio sistema de resolución de conflictos. En el Sur Andino, por ejemplo, año tras año las y los comuneros saben conservar parte de sus cosechas o alimentos de la agricultura y ganadería que practican. Comercializan la otra parte para financiar la compra de sus productos de la ciudad, y atender los costos de los servicios de educación y salud de sus hijas e hijos.

Pero ¿qué ocurre si a su consumo normal de alimentos se suma la de un familiar que llega o retorna de la ciudad con su propia familia necesitada de alimentos? En tal caso, la situación de la familia comunal se torna incierta. Los recursos almacenados se terminarán, y será limitada la posibilidad de renovarlos al año siguiente.

De otro lado, ¿Qué ocurre si a pesar del aislamiento social impuesto por la propia comunidad llega una persona externa llevando alimentos o dinero y, sin intención, lleva también el virus COVID-19 dejándolo en algún miembro de la comunidad? Toda la comunidad o la mayoría de sus miembros se infecta, con los efectos trágicos que nos podemos imaginar. Este hecho ocurrió recientemente en la comunidad nativa de Pucacuro, en el distrito de Trompeteros, provincia y región de Loreto, tras la visita con bolsas de víveres del alcalde y su comitiva (ver noticia y denuncia en línea).

En el mismo sentido, ¿Qué ocurre si la comunidad, ya contagiada del COVID-19, requiere para un grupo de sus miembros urgente atención médica, medicinas, respiradores o cuidados intensivos? Quedarán a la suerte de la resistencia de cada cuerpo humano de quienes se encuentren infectados, dado que no tienen personal médico cercano, carecen de ambulancias para auxiliar al comunero infectado, y, menos aún, tienen la capacidad para comprar un respirador o un balón de oxígeno cuyo precio depende de comerciantes ambiciosos de la economía de mercado.

Son lamentables estos hechos. Sin embargo, históricamente, no solo por el COVID-19, las comunidades campesinas y nativas han afrontado estos peligros y amenazas externas. Hoy, ellas afrontan un nuevo riesgo de desastre.

Pero el problema actual está envuelto de muchas contradicciones. En tiempos de bonanza económica, como la del crecimiento económico, las comunidades campesinas y nativas han proveído de alimentos y mano de obra barata, y de recursos naturales como los minerales, el petróleo, el gas, la electricidad o la madera que yacen en sus territorios o se obtienen de la geografía de su territorio. También han proveído de impuesto, al consumir un producto o un bien fabricado en la ciudad para satisfacer sus necesidades de alimentos, educación, salud o sus festividades. A cambio, recibieron poco o nada de las gestiones de cada gobierno transcurrido. La educación o salud de calidad ha sido un sueño que escuchan por la radio o ven en algún televisor o teléfono celular cuando llega la electricidad y la señal a su comunidad.

Lo peor es que en tiempos de crisis económica, como la que nos ha traído la pandemia del COVID-19, también desde los gobiernos y desde la ciudad se vuelva a la comunidad para seguir extrayéndole lo mínimo que tienen para su auto subsistencia.

Las comunidades campesinas y nativas son un ejemplo de adversidad y resistencia, en tiempos de pandemia o no pandemia.

¿Qué hacer?

La solución se encuentra en la misma comunidad. La comunidad campesina o nativa tiene que emprender su capacidad productiva para atender a sus retornantes (que regresaron sin dinero o bonos del gobierno central). Tiene que fortalecer su organización social, y seguir materializando su forma particular de hacer justicia, para retomar y aumentar la producción en sus territorios (montañas, bosques, ríos) y fortalecer el AYNI y la MINKA o MINGA para ser solidarios entre ellos mismos.

Pero sobretodo, el Estado, a través de sus gobiernos de turno, tiene que devolverle todos los recursos que le han extraído a las comunidades.

Al menos un 25% de la población nacional, según las estadísticas, están relacionadas con las comunidades campesinas o nativas (considerando a sus migrantes ese porcentaje supera el 50%). Hay una deuda con esta población que puede compensarse, en parte, a través de la disponibilidad de servicios básicos y la promoción de su economía. Es posible que los cientos o miles de millones de soles que se van a invertir en la economía nacional para superar la crisis o recesión económica, se oriente en parte a estas comunidades. Esto porque hay que pagar parte de la deuda que tenemos con ellas, pero sobre todo porque son fuente de un desarrollo y distribución de recursos más sólido que la propia economía de mercado de las ciudades.

El Perú, como país, tiene hoy en plena crisis la oportunidad de mirar y aprender de las comunidades. Se trata de una hermosa oportunidad para emprender una nueva manera de organizar el Estado y reorientar sus recursos para hacer un real ESTADO DEMOCRÁTICO.

(escrito en Lima, el 12 y 14 de junio de 2020).

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* Antonio Peña Jumpa es profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Abogado, magister en Ciencias Sociales y PhD in Laws.

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