Muertos y heridos por represión en Día de los Pueblos Indígenas

Servindi, 9 de agosto, 2020.- Un enfrentamiento ocurrido en la localidad de Bretaña, distrito de Puinahua, provincia de Requena, dejó por lo menos tres indígenas muertos del pueblo Kukama a causa de la represión antimotines de la Policía Nacional del Perú.

Según la versión del Ministerio del Interior la intervención policial se produjo a pedido de la empresa PETROTAL para evitar la toma del Lote 95 por parte de alrededor de cien indígenas.

La protesta buscaba llamar la atención de las autoridades nacionales para que atiendan sus necesidades de salud ante la pandemia y otras demandas ambientales postergadas.

La Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO) exige una mesa de diálogo en el Lote Petrolero 95 e investigar los hechos que provocaron la muerte de los indígenas.

La organización regional afiliada a la nacional AIDESEP recalca que los participantes en la protesta «no tenían armas de fuego» y solo portaban sus flechas como herramienta de defensa ancestral.

Las flechas son de uso tradicional y cultural y tienen la finalidad de expresar rechazo e indignación hacia las autoridades de la empresa petrolera y el Estado peruano ante el abandon y muerte de sus familiares por falta de tratamiento y medicinas ante la pandemia.

ORPIO indica que la protesta pacifica comunicó a los responsables del lote 95 que el control territorial solo buscaba llamar la atención del Estado frente a la pandemia y la pobreza que agobia la zona debido a la contaminación petrolera.

La falta de ejecución del plan de cierre de brechas  y la pobreza ocasionada por los impactos petroleros en las últimas cinco décadas ha ahondado las brechas de pobreza y exclusión.

Policía inició el enfrentamiento

Según la versión de ORPIO fueron los custodios del Lote Petrolero 95 y la Policía Nacional quienes iniciaron el enfrentamiento de madrugada y en medio de la turba y confusión nocturna los mismos efectivos se han disparado entre ellos.

Esto fue así debido a que ningún indígena portaba armas de fuego debido a que nunca hubo intención de provocar un acto de violencia.

Saldo lamentable

Por lo menos hay tres indígenas fallecidos, provenientes de la comunidad nativa Bretania (1), Bacarachiro (1) y otro por determinar. Además, hay seis heridos graves y cuatro heridos leves.

Así lo reporta el apu James Pérez, presidente de AIDECOBAP, base de ORPIO, AIDESEP y de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA).

Tensión latente

Durante el aciago domingo 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, miembros del Ministerio Público y fuertes contingentes policiales se despliegan a Iquitos y luego al lugar de los hechos.

ORPIO exige al gobierno peruano «abrir un proceso de diálogo urgente y no mandar a reprimir a quemaropa como lo han hecho anoche».

La población indígena se encuentra indignada por el abandono, exclusión, desatención a sus demandas y lejos de doblegarse ante la represión se mantendrán firmes incluso frente a la muerte y la protesta se va a endurecer.

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A continuación compartimos un análisis rápido de los hechos a cargo del abogado constitucionalista Juan Carlos Ruiz Molleda compartida en su cuenta de Facebook.

Lamentable saldo de cinco muertos y siete heridos

Por Juan Carlos Ruiz Molleda*

1. Lamentar el saldo de 5 pobladores muertos y 7 que deja el intento de toma del lote 95 por parte de los pobladores, de confirmarse esta información. Nada absolutamente nada justifica la violencia utilizada.

2. También hay que lamentar que los indígenas tengan que recurrir a esta tipo medidas de fuerza para intentar ser escuchados. Dónde están los congresistas, los gobiernos locales, el Gobierno Regional. Desde hace tiempo los indígenas vienen denunciando en abandono en que se encuentran y la falta de medidas concretas frente al covid 19.

3. Debemos ser claros en reconocer que el derecho a la protesta social y la libertad de reunir ejercida por las personas manifestante tiene límites, y esos límites están fundamentalmente en el respeto a la integridad física y a la propiedad privada y pública.

4. Según información de la zona, la población no recibe ningún tipo de apoyo por parte del Municipio y del Gobierno Regional ante el Covid 19. Hasta ahora el Estado no da una respuesta a 40 años de explotación petrolera con inmensos pasivos ambientales que han contaminado los territorios de los pueblos indígenas, afectando el acceso de estos a los recursos naturales que garantizan su subsistencia.

5. Sorprende el uso de armas de fuego por parte de la policía contra la población desarmado, cuando los manifestantes sólo portaban palos y flechas que sólo tienen un valor simbólico. El uso de la fuerza en contextos de protestas sociales debe ser razonable, proporcional y cuando sea estrictamente necesario.

6. Estos hechos deben ser investigados por las autoridades competentes. El ejercicio de la protesta tiene límites. Asimismo, el ejercicio del poder por parte del Estado no les entrega a las fuerzas de seguridad un poder absoluto e ilimitado. El ejercicio del poder que el Estado les confiere a estas debe hacerse en el marco del ordenamiento jurídico, y con los límites que la Constitución establece.

7. Estamos ante un conflicto social. Estamos ante problema político y no ante un problema penal delictivo. Esto es consecuencia de la desatención el Estado y de los diferentes niveles de gobierno.

8. El Estado debe responder a estos conflictos desde la política y no desde la represión penal. A la agenda planteada por las organizaciones indígenas el Estado debe responder con políticas públicas inclusivas, que den soluciones a los problemas de fondo planteados y no con represión penal que criminalice a los líderes indígenas.

9. De conformidad con la reciente sentencia del TC 00009-2018-PI, la existencia de actos de violencia aislados, no deslegitiman una protesta social, y que los actos de violencia que todos condenamos, generan responsabilidad individual y no colectiva.

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Fuente: Facebook personal de Juan Carlos Ruiz Molleda