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¿Por qué las rondas protestan contra el Tribunal Constitucional?

Primera reunión de inspección a Conga, río Jadibamba, el 11 de setiembre 2011. Foto: César Estrada Chuquilín

Servindi, 1 de diciembre, 2020.- Las rondas campesinas del Perú realizaron el 30 de noviembre una jornada nacional de movilización en rechazo a una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que menoscaba su función de administrar justicia.

La situación es particularmente grave debido a que el fallo del TC "desconoce y borra de un plumazo, todo lo que se había conseguido en materia de acceso a la justicia de la población rural".

Asi lo destaca el abogado Juan Carlos Ruiz Molleda, al advertir, que el arbitrario fallo "establece que las rondas campesinas no pueden administrar justicia, sino solo las autoridades de las comunidades campesinas y nativas".

"El tema de fondo es que el TC (...) desconoce sin mayor motivación la facultad de administrar justicia de las rondas campesinas, luego que la Corte Suprema había reconocido esta facultad interpretando el artículo 149 de la Constitución".

A continuación compartimos la opinión del abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) que refuerza las demandas de los ronderos y ronderas del país:

¿Por qué las rondas campesinas están protestando contra el Tribunal Constitucional?

Por Juan Carlos Ruiz Molleda*

1 de diciembre, 2020.- ¿Por qué las rondas campesinas están protestando contra el Tribunal Constitucional? Por qué dicen que el TC acaba de expedir una sentencia que al desconocer su función de administración de justicia, promueve la criminalización de las rondas campesinas.

El tema de fondo es que el TC emite sentencia que desconoce sin mayor motivación la facultad de administrar justicia de las rondas campesinas, luego que la Corte Suprema había reconocido esta facultad interpretando el artículo 149 de la Constitución.

Es decir, el TC acaba de expedir una grave sentencia que desconoce y borra de un plumazo, todo lo que se había conseguido en materia de acceso a la justicia de la población rural, pues establece que las rondas campesinas no pueden administrar justicia, sino solo las autoridades de las comunidades campesinas y nativas.

1. ¿Qué ha dicho el TC?

Nos referimos a la STC 04417-2016-HC, también denominada sentencia 468-2020. (Link a la sentencia https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2020/04417-2016-HC.pdf)

En el fundamento 22 de la sentencia señala:

“Así las cosas, este Colegiado considera que la actuación de la Ronda Campesina del caserío Las Malvinas fue arbitraria en el caso de autos, pues, conforme a los fundamentos supra, la Constitución reconoce como únicos titulares de la jurisdicción comunal a las Comunidades Campesinas y Nativas, no a las rondas campesinas”.

A continuación, declara nula la decisión de una ronda campesina que había sancionado a una persona, que se había quedado con maquinaria que era para toda la comunidad.

2. TC desconoce lo que hizo la Corte Suprema para evitar la criminalización de las rondas

Lo que hace la Corte Suprema es desconocer el Acuerdo Plenario de la Corte Suprema que reconoció que las rondas campesinas administran justicia, incorporando a las rondas campesinas en el artículo 149 de la Constitución para evitar criminalización de líderes ronderos.

Ante esta realidad la Corte Suprema liderada por el juez supremo César San Martín Castro, con buen criterio, a través de un acuerdo plenario, reconoció que las rondas campesinas autónomas, también podían ejercer justicia comunal, y que no cometían delito de usurpación, secuestro coacción.

La finalidad era clara, cortar todos los procesos penales contra los líderes de las rondas, que resolvían conflictos ante el vacío del Estado. (Ver http://spij.minjus.gob.pe/Graficos/Jurisp/2010/Enero/08/AP-1-2009-CJ-116.pdf)

La Corte Suprema entendió que lo que estaba detrás de este problema era el acceso a la justicia de la población rural. Y entendió que, si el Estado no era capaz de llegar a esas localidades, debía dejar que las rondas resuelvan conflictos, toda vez que le hacían el trabajo gratis, y no incurrían en linchamientos y ajusticiamientos.

3. La consecuencia práctica es el regreso de la criminalización de las rondas campesinas

La consecuencia práctica es que regresaran los procesos penales contra los líderes las rondas campesinas, acusándolos de la comisión de delito se usurpación de funciones, secuestro, coacción, etc. Es decir, el Estado le niega el derecho de acceso a la justicia de la población rural.

No se da cuenta que, al cerrar el paso al trabajo de las rondas, que son un mecanismo de resolución de conflictos democrático y respetuoso de derechos humanos, abre la puerta a salidas autoritarias y violatoria de derechos como son los linchamiento y ajusticiamientos. Es una pena que el TC pierde una oportunidad para promover el acceso a la justicia de la población rural.

4. No es una sentencia vinculante

Ciertamente esta sentencia aprobada del TC no constituye doctrina jurisprudencial de conformidad con el artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, pues como lo ha señalado el TC, se necesita no un fallo, sino que este haya sido reiterado por lo menos dos veces. (Ver https://recyt.fecyt.es/index.php/AIJC/article/view/40534). Es decir, no estamos ante un fallo que genere precedente vinculante o doctrina jurisprudencial.

5. Informe jurídico presentado por IDL ante la Corte Suprema para que se reconozca la facultad de las comunidades campesinas

Acceda al informe jurídico elaborado por el Instituto de Defensa Legal (IDL) que fundamenta ante la Corte Suprema la necesidad de reconocer la facultad de las comunidades campesinas.

 

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