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¿Quién se beneficia con los derrames?

Además del deterioro y falta de mantenimiento del Oleoducto otra causa de algunos derrames serían los cortes de tubería. Pero ¿a quién beneficiaría estos cortes? El autor desliza una hipótesis.

Por Iván Brehaut

1 de octubre 2017.- Una vez más, el Oleoducto Nor Peruano (ONP), ha sido víctima de dos cortes, que tienen como consecuencia nuevos derrames cercanos al río Marañón. Con estos 2 nuevos incidentes ya suman 14 fugas en el ONP, todos con cuantiosas pérdidas económicas y ambientales que, como en los casos anteriores, serán pagadas por todos los peruanos.

Las consecuencias económicas de estos cortes suman decenas de millones de dólares; el deterioro ambiental en las zonas donde ocurren los cortes, a pesar de las acciones de limpieza que despliega PetroPerú son notorias. En las comunidades nativas y caseríos las caras de preocupación se multiplican entre los pobladores, principalmente las mujeres y los comuneros que dependen de la salud del ambiente para su subsistencia a través de la pesca. Aun cuando al parecer todos pierden en estos eventos, los puntos de vista de los diferentes actores involucrados en estos eventos es tan diverso como la espesa selva por donde transcurre el oleoducto.

El tubo y la selva

Caminar en la selva no es fácil, aun cuando existan caminos o trochas abiertas en la espesura. Así, recorrer los primeros 306 km, el llamado Tramo I del Oleoducto Nor Peruano, es una tarea pesada y que muy pocos han logrado realizar en su totalidad. El ONP atraviesa bosques maduros, chacras, caminos, aguajales, cruza ríos y quebradas, y fue instalado en donde ahora vive población indígena y mestiza, que con el transcurso de los años se han ido asentando en mayor número, incorporando al “tubo”, como se llama en campo al oleoducto, como parte del paisaje común de la selva.

La incorporación del oleoducto en la vida diaria de la gente es evidente. No solo es parte del paisaje diario, cuyas señas ves incluso al salir a la puerta de tu casa, si no que forma parte de las áreas de caza y pesca cotidiana. Muchos pobladores aprovechan la zanja de contención del oleoducto, inundada gran parte del año, para pescar con comodidad sin arriesgarse a las crecientes o volcaduras en los ríos o quebradas. Las trochas abiertas para llegar a inspeccionar el tubo son parte de los caminos de mitayo, con los que se explora el monte para la caza.  Chacras y tambos de pona y madera se han instalado en numerosos puntos a lo largo del tubo. El tubo y la selva ya comparten 40 años de vida.

El tubo no es entonces como se ha señalado, una serpiente que devora la selva y acecha con su veneno a la gente. Es parte de la vida diaria de la población. Los viejos, los que aún quedan luego de 40 años de finalizada la instalación, recuerdan la construcción del ONP como un momento de gran actividad, que generó trabajo, y aunque hubieron problemas, les dejó oficio, les dejó recuerdos, les dejó vecinos y amigos.  En estos 40 años, el tubo se había mimetizado con la selva y con la gente.

El oleoducto se instaló entre 1974 y 1976, bajo la indicación del Ministerio de Energía y Minas, quien encargó la labor a la empresa Bechtel.  El tendido de los primeros tubos transportadores demandó dos años, en tanto el primer flujo de petróleo llegó el 31 de diciembre de 1976 a la Estación 1 del Oleoducto (en San José de Saramuro). El primer frente de crudo llegó a la Terminal de Bayóvar el 24 de mayo de 1977.

Desde la construcción del oleoducto a la fecha, mucho petróleo ha fluido por el tubo. Los constructores se fueron y dejaron un grupo de trabajadores paulatinamente viene siendo relevado por nuevos equipos de operadores. Aún acompañan el trabajo diario personajes cuya vida ha transcurrido entre válvulas, fierros, sol y lluvia, así como los frecuentes vaivenes de la historia petrolera del país.

Río revuelto

Como toda estructura construida, el oleoducto no es eterno y requiere para su operación continua acciones de mantenimiento. Estas operaciones de mantenimiento, de acuerdo a lo manifestado en varios informes de OSINERGMIN, no se han realizado. He allí que parte de los incidentes se han dado por corrosión o por fenómenos geológicos, como inestabilidad de suelos, caída de piedras, etc.  Sin embargo, no todas las responsabilidades van por ese lado.

El año 2016 y ahora en el 2017, se han dado frecuentes alertas respecto a atentados contra el Oleoducto. Cortes intencionales, causados con sierras y esmeriles han desatado eventos de ambientales que se transformaron inmediatamente en situaciones de tensión social. Alertados por la propia población, los equipos de Petroperú se han movilizado a los sitios afectados por los derrames y en algún caso, no en todos, han recibido la colaboración de la población para llegar a los sitios donde ocurría la emergencia.

De inmediato, aparecen autoridades locales preocupadas por la contaminación. El clamor de alerta y necesidad de intervención inmediata se hace presente y la población empieza a temer por los efectos del petróleo derramado cerca a sus fuentes de agua y alimento. Extrañamente, y casi en todos los casos, aparecen como convocados con esquela, representantes de “empresas locales” y “empresas comunales” que inmediatamente se apoderan de la agenda y encabezan una posición de reclamo.

En asambleas y reuniones informales, se observa a funcionarios de estas empresas atendiendo a la gente, invitando cerveza y gaseosas, reuniendo a pobladores para indicarles que reclamar. Como parte del discurso, estos agentes negocian. Claramente, si la empresa tal o cual es respaldada por la comunidad, habrán buenos salarios, regalos para la escuela, turnos de trabajo laxos y espacio para todos los que se ofrezcan. Por supuesto, si se requiere capital para el trabajo, ellos ya tienen eso resuelto, con habilitadores de Iquitos, Piura o Yurimaguas.  Con el respaldo obtenido, empoderados por la población, las empresas inician su segunda negociación.  “Petroperú, si quieres entrar a limpiar y remediar, estas son mis condiciones”.

Lo que sigue es también conocido. En una región altamente afectada por la carencia de inversión pública, donde la actividad del Estado estaba supeditada al canon petrolero que prácticamente no existe hace dos años y donde las actividades de comerciales de algunos contrastan con la supervivencia de pescadores y agricultores, la pobreza campea. Años de retraso en la atención del Estado, con la indolencia de las autoridades de turno en todo nivel, con Iquitos viviendo de espaldas a esta realidad, y con un Gobierno Nacional que solo recuerda esta zona de la selva cuando hay algún conflicto severo, no puede decirse que la población se mantiene calmada y paciente.

Es vox populi que los responsables de los cortes, en la mayor parte de los casos son los dueños de las empresas locales, que en aras de mantener los jugosos contratos con Petroperú y sus contratistas, envían personas equipadas con los herramientas para cortar el tubo. 

Es vox populi que los responsables de los cortes, en la mayor parte de los casos son los dueños de las empresas locales, que en aras de mantener los jugosos contratos con Petroperú y sus contratistas, envían personas equipadas con los herramientas para cortar el tubo. Solo en lo que va de este año ha habido dos nuevos cortes, en el kilómetro 58 del Oleoducto Tramo I, ue mantienen la racha de 12 cortes efectuados el año 2016. La mayoría de los cortes están agrupados en apenas unos 60 kilómetros del oleoducto, afectando a los mismos pueblos, los mismos caseríos, las mismas comunidades. Y por ende, tenemos en la cola para ser convocados y contratados a las mismas empresas locales.

Estos hechos no son un secreto, y son de pleno conocimiento tanto de Petroperú como de las autoridades policiales y judiciales. No pretendemos disculpar las acciones de mantenimiento que debieron realizarse, pero algo si está quedando claro y es que los atentados contra el oleoducto son cada vez más frecuentes y los últimos coinciden con la finalización de la limpieza de otras contingencias. Las denuncias hechas hasta el momento y las investigaciones realizadas por la policía y la fiscalía de Iquitos no han dado mayores resultados. Ya sea por la dificultad de conducir una investigación en campo por lo lejano y a veces hostil de los ambientes en que se han realizado los ataques al oleoducto, por desidia o por la influencia de poderes oscuros, no se han hallado culpables oficiales.

Miles de motivaciones

Las cuentas de cada incidente alcanzan varios millones de dólares, cada una. Miles de soles se pierden diariamente en canon, en movilización de personal, en pago de contratistas, en inversión para tener un registro verás de las condiciones ambientales ante la ocurrencia de un derrame. Uno de los últimos derrames estuvo a punto de alcanzar la quebrada Urituyacu a escasos kilómetros del río Marañón. De haber llegado a la quebrada, el daño sobre la pesca de la cual depende la economía de la CN Nueva Alianza podría haber sido catastrófico.  Entonces ¿Podría un poblador local atentar de manera tan irresponsable contra su propio pueblo? Pues lógicamente no. La modalidad de las empresas locales es enviar personas a los puntos accesibles pero discretos del tubo y realizar allí los cortes. No tan lejos del pueblo como para que se dificulte la vinculación (y posterior contratación), pero no tan cerca como para que estos actos vandálicos sean vistos por los pobladores. No descarto que haya cómplices locales, pero no es toda la población involucrada.

¿Podría un poblador local atentar de manera tan irresponsable contra su propio pueblo? Pues lógicamente no.

Se esperan más cortes en el Oleoducto, eso es seguro. ¿Hasta cuándo seguirán? Depende mucho de la colaboración entre Petroperú, otras agencias del Estado y por supuesto, de la colaboración estrecha con la población. Lo que también es seguro, es que mientras estos delincuentes sigan beneficiándose del peligro, del miedo y la anomía, el futuro de esa zona selvática será más oscuro que cualquier petróleo derramado.

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