Chevron vs Ecuador: arbitraje internacional e impunidad corporativa

Conocida como el “Chernóbil de la Amazonía”, la tristemente célebre historia de la contaminación de Chevron-Texaco en la Amazonía Ecuatoriana ingresa en una nueva etapa de su ya larga historia. English

Por Aldo Orellana López*

1 de abril, 2019.- En febrero de 2019 se cumplieron 8 años desde que la Corte Provincial de Sucumbíos emitió un histórico fallo en el caso conocido como “Lago Agrio” en contra de la petrolera, sentenciándola a pagar 9,500 millones de dólares por contaminar la Amazonía durante sus operaciones (1964-1992).

Sin embargo, en todo este tiempo, la justicia ecuatoriana no sólo no pudo hacer cumplir la sentencia, sino que ahora es el gobierno el que deberá pagar a Chevron una compensación multimillonaria producto de una demanda internacional bajo el sistema global de protección de inversiones.

El tribunal arbitral que admitió la demanda y emitió un laudo en favor de la empresa, le ordena además al Ecuador anular la sentencia de la Corte de Sucumbíos de 2011 por considerarla fraudulenta.

Ante esta situación, la Unión de Afectados y Afectadas por las Operaciones Petroleras de Texaco-Chevron (UDAPT) en Ecuador, parte demandante en el caso Lago Agrio, ha denunciado internacionalmente la decisión del panel arbitraje, acusándolo de imponer los beneficios de la multinacional por sobre los derechos de las comunidades afectadas.

La organización ha advertido que, de permitir aplicarse este laudo, se estarían sentando duros precedentes en contra de las luchas en favor del medio ambiente y los Derechos Humanos en todo el mundo.

El caso Chevron en Ecuador visibiliza una vez más la necesidad de un instrumento internacional jurídicamente vinculante que ponga fin a la impunidad con la que operan las multinacionales.

El caso Chevron en Ecuador, junto a muchos otros crímenes ambientales y sociales en donde las multinacionales se han visto involucradas – desde la reciente rotura de las represas de desechos mineros tóxicos de las multinacionales Vale y BHP en Brasil, hasta el involucramiento de empresas en la represión y criminalización de las comunidades, e incluso el asesinato de defensores del medio ambiente como es el caso todavía irresuelto de la defensora Berta Cáceres en Honduras –, visibilizan una vez más la necesidad de un instrumento internacional jurídicamente vinculante que ponga fin a la impunidad con la que operan las multinacionales y que brinde una garantía a las comunidades que resisten y protegen el territorio.

Este instrumento no solamente deberá juzgar a las empresas a nivel internacional para que respondan por sus crímenes, si no también garantizar el acceso efectivo a la justicia y reparación de las comunidades afectadas.

El David y Goliat Ecuatoriano

Según Pablo Fajardo, abogado de la UDAPT, “cuando Chevron comenzó a trabajar en la Amazonía ecuatoriana, lo hizo siempre buscando la mayor ganancia económica”. Para lograr ese objetivo, la multinacional operó con técnicas obsoletas y consciente de la contaminación que provocaba.

La UDAPT afirma que la empresa desechó cerca de 650.000 barriles de petróleo crudo y más de 16 mil millones de galones de aguas residuales en los ríos y suelos de la selva, afectando la salud y formas de vida de más de 30.000 indígenas y campesinos de diferentes comunidades.

Otras prácticas incluyen la quema de gases al aire libre y el derrame de petróleo en los caminos para que, según ellos, evitar que el polvo se levante. El abogado de la UDAPT indica que hasta ahora, por lo menos, “2000 personas han muerto con cáncer por los tóxicos, por el agua contaminada y por el aire”.

Texaco, adquirida por Chevron en 2001, llegó al país en 1964 para explotar petróleo en la Amazonía Norte ecuatoriana, concretamente en las provincias de Sucumbíos y Orellana. Se trata de un área de alta biodiversidad y hogar de decenas comunidades indígenas y campesinas.

Para Justino Piaguaje, presidente de la Nación Originaria Siekopai y representante de la UDAPT, “haber descubierto el petróleo era sinónimo de riqueza. Se pensaba que se iban a resolver todos los problemas financieros y sociales que tenía el país.

Pero no fue así para los pueblos originarios. Empezó el problema de la contaminación. Los ríos fueron contaminados y el territorio reducido”.

A través de los años Chevron no sólo intento sabotear el proceso en su contra, sino que tomó acciones para blindarse y proteger sus activos de un eventual fallo judicial en su contra.

Texaco finalizó sus operaciones en 1992 y luego abandonó el país. Para entonces, ya se habían hecho evidentes los impactos de casi 3 décadas de explotación petrolera irresponsable. Poco tiempo después se funda la UDAPT, conformada por 6 nacionalidades indígenas y más de 80 comunidades campesinas afectadas.

El objetivo de la organización ha sido siempre buscar la reparación y remediación de los daños producidos por la petrolera en selva y hacer que responda por sus acciones. Para ello iniciaron en 1993 un juicio en contra de Texaco en tribunales estadounidenses.

Sin embargo, a pedido de la misma empresa, el juicio se trasladó a Ecuador y se instaló en la Corte local de la provincia de Sucumbíos, bajo el caso conocido como “Lago Agrio”. Finalmente, el 11 de febrero de 2011, después de casi 2 décadas de litigio, la Corte falló en favor de la UDAPT y sentenció a Chevron-Texaco a pagar una multa de 9,500 millones de dólares en reparaciones.

Chevron apeló, pero la sentencia fue ratificada por todas las instancias judiciales posibles en Ecuador – incluyendo la Corte Nacional de Justicia y la Corte Constitucional, máximo órgano administrador de justicia del país. Según Pablo Fajardo, la Corte Constitucional en su fallo ratificatorio de Julio de 2018, “reconoce que muchos derechos de los pueblos indígenas y campesinos fueron violentados por la empresa”, una realidad sostenida por la UDAPT durante los 18 años que duró el litigio.

De esa forma llegaba a su fin uno de los Juicios más renombrados de las últimas décadas, en el que una organización de indígenas y campesinos llevó ante los tribunales y le ganó el juicio a una de las multinacionales más grandes del mundo – cuyo ingreso anual de 2018 supera los 150.000 millones de dólares, casi el doble del PIB de Ecuador para ese mismo año.

Según Pablo Fajardo, el aparato de defensa de Chevron era tal, que durante el litigio llegaron a tener a sus servicios a más de 2000 abogados de más de 60 firmas legales. Sus gastos de defensa llegaban hasta los 250 millones de dólares anuales. Pese a ese poder, la UDAPT ganó la disputa. “Tenemos la razón”, indica Fajardo.

Sin embargo, tan pronto terminó el gran desafío que significó el juicio, comenzó otro, el de ejecutar y hacer cumplir la sentencia. Un camino que ha sido todavía mucho más difícil de recorrer puesto que a través de los años Chevron no sólo intento sabotear el proceso en su contra, sino que tomó acciones para blindarse y proteger sus activos de un eventual fallo judicial en su contra.

Las estrategias de Chevron para sabotear el juicio

La UDAPT señala que, durante todo el juicio, Chevron llevó adelante todo tipo de acciones para sabotearlo. Desde la presión política hasta la amenazadas de procesos internacionales. Se adoptó la política del “miedo” para aislar a los aliados internacionales, además de una agresiva campaña mediática de desacreditación de las cortes ecuatorianas y del equipo de defensa de la UDAPT.

“Según Chevron, los indígenas, los campesinos y abogados, nos habíamos asociado de forma ilícita para extorsionar a la empresa. Y nos planteó acciones legales en esa línea. Es decir, la empresa se convirtió en víctima y ahora los indígenas, los campesinos éramos los criminales”, señala Fajardo.

En un escenario global y regional en donde se multiplican los conflictos socio ambientales, las multinacionales en general – que ahora se dicen víctimas -, no sólo juegan un rol activo en generar los conflictos, sino que también se ven involucradas en procesos de criminalización e incluso en el asesinato de defensores y defensoras del medio ambiente y del territorio – al menos 207 en 2017.

El abogado de la UDAPT señala que lo que pasó finalmente es que, cuando Chevron se dio cuenta de que las comunidades continuarían con su demanda hasta el final, comenzó a retirar todos sus activos del país. “Lo único que había dejado es una cuenta con 350 dólares y nada más”, indica.

Ante la imposibilidad de hacer cumplir la sentencia en Ecuador, la UDAPT intentó sin éxito homologarla en otros países en donde Chevron tuviese activos que puedan ser embargados – entre ellos, Argentina, Brasil, Canadá e incluso Estados Unidos, de donde proviene la empresa.

Sin embargo, las autoridades de esos países desestimaron esta posibilidad argumentando, en entre otras cosas, de que se trataban de empresas diferentes. “No se puede cobrar a Chevron Argentina o a Chevron Brasil una deuda que es de una empresa diferente, Chevron Corporation”, dijeron.

El problema es que “Chevron Corporation no tiene bienes en su nombre casi en ninguna parte del mundo”, indica Fajardo. En opinión del abogado, “la estructura jurídica que van creando estas empresas con las auxiliares y holdings, es sencillamente una estructura para evadir su responsabilidad y en este caso para evadir la justicia”. Un panorama sin duda adverso para la UDAPT.

La demanda de Chevron contra Ecuador

Durante el juicio de la UDAPT, Chevron no sólo retiró todos sus activos de Ecuador, sino que también demandó al país en tribunales internacionales con el objetivo de sabotear el juicio y buscar compensaciones económicas.

El año 2009, la empresa recurrió al sistema de Arbitraje de Diferencias Inversor-Estado (ISDS) y demandó a Ecuador en la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) de La Haya – alegando violaciones al Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) firmado entre Ecuador y Estados Unidos en 1993. La empresa acusó a Ecuador de “denegación de justicia”.

Finalmente, después de casi 10 años de proceso, el 31 de agosto de 2018, un panel de arbitraje de la CPA emitió un laudo en favor de la empresa, ordenando a Ecuador anular el fallo del tribunal de Sucumbíos en favor de los afectados. Además de ello, el estado deberá pagar a Chevron una compensación aún desconocida por el supuesto daño económico y moral que se le habría causado.

No es la primera vez que Chevron demanda a Ecuador en tribunales internacionales. Antes intentó inculpar al Ecuador de la contaminación e incluso ya recurrió en una ocasión a la CPA con resultados a su favor.

Sin embargo, el problema ahora es que el laudo del panel de arbitraje de 2018 amenaza directamente al fallo del caso “Lago Agrio” en favor de la UDAPT. ¿Cómo es esto posible? la clave se encuentra en unos acuerdos que la empresa firmó con los gobiernos ecuatorianos de turno entre 1995 y 1998 – convenios que incluyen un contrato de liberación de obligaciones a la empresa.

Después de casi 10 años de proceso, el estado ecuatoriano deberá pagar a Chevron una compensación aún desconocida por el supuesto daño económico y moral que se le habría causado.

Chevron había dejado el país en 1992. Sin embargo, regresó en 1995 para buscar un acuerdo que finalmente consiguió en 1998. Según Adoración Guamán, jurista experta de la Campaña para Desmantelar el Poder Corporativo – una coalición internacional de más de 200 organizaciones -, el gobierno de ese entonces y la empresa firmaron un “contrato para la ejecución de trabajo de reparación medioambiental y liberación de obligaciones”.

Se trata de un documento mediante el cual el gobierno libera “para siempre” a Texaco de cualquier responsabilidad. Este es el contrato que Chevron utilizó para demandar a Ecuador en la CPA el 2009 y que no sólo le permitió deslindar responsabilidades de la contaminación en la Amazonía, sino que le sirvió para buscar compensaciones económicas por haber sido demandada.

Adoración Guamán señala que la demanda de Chevron fue mutando y cambiando a medida que la demanda de los afectados en el caso Lago Agrio avanzaba. Al principio la empresa argumentaba que el gobierno de Ecuador, al permitir la demanda de la UDAPT, estaba incumpliendo el acuerdo de liberación de 1998 – denegándole por tanto acceso a la justicia.

Sin embargo, una vez conocido el fallo en favor de los afectados, la empresa modificó sus argumentos y “acusó a las víctimas de haber sobornado a los jueces que dictaron la sentencia”. La empresa afirma que la hay “un complot entre el gobierno y las victimas para ganar la indemnización”, señala.

La experta indica que “el tribunal considera probado” este argumento. Basándose en ese razonamiento, el panel de arbitraje le ordenó a Ecuador anular la sentencia y además tomar medidas para impedir que se ejecute en otras partes del mundo. Para ello, le ordena al gobierno de Ecuador comunicar a todos los países en donde Chevron tiene activos, que el “poder judicial ecuatoriano ha cometido una ilegalidad”.

Pablo Fajardo afirma que todos estos sucesos son “tremendamente arbitrarios e ilegales”. El abogado de la UDAPT la pregunta y cuestiona, “¿qué sentido tiene el derecho interno para los ciudadanos, si sus decisiones pueden ser suspendidas por decisiones de unas autoridades internacionales, en procesos en donde estos ciudadanos no han tenido acceso?”.

El ataque a la soberanía de Ecuador

La demanda de Chevron en la CPA fue cuestionada desde el principio por la UDAPT y sus aliados. En primer lugar, señala Pablo Fajardo, se “aplicó un Tratado Bilateral de Protección de Inversiones de forma retroactiva – algo que es ilegal e ilegítimo”. El abogado hace una precisión cronológica y dice Chevron se fue en 1992 y que el TBI entre Ecuador y los Estados Unidos fue firmado recién en 1993 y entrado en vigor en 1997. Pese a ello, la CPA admitió la demanda bajo el argumento de que cuando Texaco volvió en 1995 habría realizado “actividades de reparación que implicarían inversiones”.

En segundo lugar, señala, “el panel de la CPA no tiene ninguna competencia, ninguna capacidad jurídica para ordenarle a un estado independiente y soberano, que anule una sentencia plenamente establecida bajo el sistema jurídico doméstico ecuatoriano”. El abogado indica que en la práctica lo que están haciendo es “ordenar al estado ecuatoriano a que viole su propia constitución, a que rompa esa división de funciones entre la función ejecutiva y la judicial, en donde el ejecutivo va y se entromete en el área judicial, para hacer que se anule la sentencia”.

Por todo esto el laudo de la CPA sería del todo inaplicable. Entonces, “la sentencia del caso Lago Agrio no puede ser anulada porque no hay norma para hacerlo, y por lo tanto está plenamente vigente”, indica.

“Entonces ¿qué garantía jurídica tiene la población víctima de los crímenes corporativos? ninguna. El poder económico se impone y las empresas compran impunidad”.

Los afectados afirman que el laudo de la CPA vulnera flagrantemente sus derechos, debido a que el contrato de liberación de 1998 compromete al gobierno y no a la UDAPT. Además, el caso Lago Agrio es un juicio privado, en donde el gobierno no intervino”. Por tanto, la CPA “está afectando el derecho de terceros, de quienes no fueron parte” del proceso, señala Fajardo.

La UDAPT señala que el desenlace de este caso debería preocupar no solamente a los afectados y a Ecuador, sino que a todas las luchas en favor del medio ambiente y los Derechos Humanos. “Se están afectando y violando la soberanía de los estados, que es un tema importante, de precedente jurídico”, señala Fajardo.

El abogado de la UDAPT indica que, “si se deja que ese laudo arbitral se consuma, ese hecho podrá ser aplicado en otros estados, donde las cortes de justicia domésticas van a perder la capacidad de administrar justicia frente a las transnacionales”. “Entonces ¿qué garantía jurídica tiene la población víctima de los crímenes corporativos? ninguna. El poder económico se impone y las empresas compran impunidad”, concluye.

Tratado Vinculante: un instrumento para terminar con la impunidad corporativa

El caso Chevron es otro ejemplo elocuente de la impunidad con la que las multinacionales operan en el mundo y refuerza la necesidad de un instrumento internacional que ponga fin a esa práctica.

Los aliados internacionales señalan que este caso hace evidente la necesidad de mecanismos que no solamente reconozca obligaciones a las empresas, sino que establezca las garantías del acceso a los mecanismos de reparación y justicia para las comunidades. Al mismo tiempo, ejemplifica la forma en que las multinacionales utilizan el mecanismo internacional de protección de inversiones para vulnerar la soberanía de los países y cuestionar las decisiones de las cortes de justicia nacionales.

El sistema global de inversión impone el beneficio de las corporaciones por encima de los derechos humanos y del medio ambiente. Para Adoración Guamán, se necesita un instrumento que cambie ese balance y “establezca la primacía de los derechos humanos frente a las normas de comercio e inversión”.

Los expertos cuestionan además la falta de efectividad de los sistemas de DDHH para hacer cumplir sus mandatos. Mientras las multinacionales poseen mecanismos internacionales de protección de inversiones de cumplimiento obligatorio, los mandatos de protección de los DDHH y el medio ambiente suelen ser de cumplimiento voluntario o carecen de mecanismos para hacerlos cumplir. “Hay un gran vacío jurídico que hace necesario un Tratado Vinculante”, afirma Pablo Fajardo.

Según Fajardo, “la justicia como tal no existe, sobre todo cuando el criminal es una transnacional y las víctimas son los pueblos indígenas, campesinos, o la propia naturaleza”.

Ese es precisamente el objetivo del Tratado Vinculante Sobre Empresas Transnacionales y Derechos Humanos que actualmente es impulsado en el marco de las Naciones Unidas (ONU) y que es impulsado por organizaciones internacionales y la Campaña Global para Desmantelar el poder Corporativo – de la cual la UDAPT es parte.

La Campaña, ha denunciado el caso señalando que “tres árbitros privados, que responden a intereses comerciales, tiran por tierra una reclamación justa de 20 años de un amplio conjunto de demandantes”. Afirman que el sistema de arbitraje “asienta un derecho mercantil que prioriza la protección de los beneficios del capital sobre el derecho a la vida”.

En ese sentido, Adoración Guamán afirma que el caso Chevron se ha convertido en el estandarte de la lucha por el Tratado Vinculante. La experta advierte que mientras las multinacionales como Chevron no tengan miedo a la justicia y vean que hay un mecanismo efectivo que las va a juzgar, condenar y además obligar a pagar esa condena, “no van a respetar los derechos humanos”.

“Para Chevron es el dinero, es el prestigio” “para los pueblos es la vida”, señala Pablo Fajardo. Lo que Chevron hizo “no fue un accidente” “fue un crimen intencional cometido por 26 años consecutivos”.

Sin embargo, pese a las evidencias y a un proceso con un fallo en su contra, Chevron no paga por sus crímenes. “La justicia como tal no existe, sobre todo cuando el criminal es una transnacional y las víctimas son los pueblos indígenas, campesinos, o la propia naturaleza”, señala.

El abogado afirma que la UDAPT seguirá buscando justicia, no sólo con el objetivo de que Chevron repare el daño provocado en la Amazonía Ecuatoriana, sino, algo todavía más importante, “dejar un precedente para que este tipo de crímenes no se repitan en ningún otro lugar otro del planeta”.

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*Aldo Orellana López es activista y periodista boliviano enfocado en temas ambientales, extractivismo y empresas multinacionales en América Latina. Trabaja en el Centro para la Democracia, una organización de investigación y campañas con base en  Bolivia. Tweeter: @AOrellanaLopez