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La operación Lava Jato y el Derecho

Servindi, 2 de enero, 2017.- Para el docente universitario Antonio Peña Jumpa el caso Laja Jato es tan grave y escandaloso que nos debe obligar a "repensar el Derecho", el rol de los políticos y altos funcionarios, así como la presencia de las grandes empresas transnacionales.

Y es que el caso de corrupción es tan enorme que representa un desastre político de enormes consecuencias sociales y morales para el país.

En particular afecta a la población local y a la juventud que "siente que todo el Estado y la sociedad son así (“podridos”), y que nada cambiará".

Frente a dicha situación Peña propone esforzarnos por convertirla en una oportunidad para reconstruir una democracia auténtica y libre de la calamidad política de la corrupción.

A continuación el análisis y las recomendaciones que sobre el tema formula Peña Jumpa, profesor principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú y abogado, master en Ciencias Sociales.

Casos de desastre político:

La operación Lava Jato y el Derecho

Por Antonio Peña Jumpa*

La operación Lava Jato, iniciado en Brasil y extendido a varios países latinoamericanos, muestra cómo el Derecho se puede imponer sobre el poder económico y los actos de corrupción.

Particularmente la “limpieza” de actos de corrupción puesta de manifiesto en dicha operación a partir de la investigación y juzgamiento de altos directivos de empresas transnacionales y de políticos y altos funcionarios públicos, por millonarios actos de sobornos, es una oportunidad formidable para reconstruir una democracia libre de estos desastres políticos y, sobre todo, auténtica para nuestros países.

Si bien el imperio del Derecho es el que ha sometido a las empresas envueltas en estos desastres, como es el caso de la empresa Odebrecht, es a través del imperio del Derecho cómo estas empresas también operaron. Las adjudicaciones de obras públicas recibidas excepcionalmente, así como las ampliaciones de estas obras con nuevos presupuestos millonarios, muy favorable a las mismas empresas, no pudieron ser posible si es que no se recurría al propio imperio del Derecho.

En estos casos el Derecho significó un conjunto de normas y procedimientos puestos a disposición de políticos y funcionarios corruptos. Los principios y el razonamiento del mismo Derecho quedaron supeditados a las normas y procedimientos que favorecieron a las empresas cuestionadas. Pero, sobre todo, quedaron supeditados a los millones de dólares que en la forma de soborno pagaban a los políticos y funcionarios encargados de aplicar el Derecho.

Recomendaciones

La experiencia, aún por conocerse en su plenitud en el Perú, nos adelanta un aprendizaje que debemos aprovechar para fortalecer nuestro Estado. A continuación algunas recomendaciones.

  1. Es importante no confiarnos de todas las grandes empresas. Todas ellas buscan ganancias o lucro, frente a lo cual no dudarán en “comprar” políticos, altos funcionarios y profesionales de todas las tendencias (derecha, centro, izquierda). Estas grandes empresas, normalmente transnacionales, sub-contratan medianas y pequeñas empresas, consultoras y staff de profesionales, a las que conducen y orientan dentro del mismo actuar u objetivo.
  2. Tampoco nos podemos confiar de los políticos y altos funcionarios que laboran para el Estado. Es raro encontrar políticos honestos, pero existen. Sin embargo, es común encontrar políticos deshonestos que suelen hacer obras pero también “roban”. Ellos manejan el derecho durante su mandato o gestión y, por ello, tienen el poder de controlarlo y orientarlo en el sentido que les conviene. Un buen político utiliza el Derecho para el cambio social, un mal político utiliza el Derecho para su beneficio o para favorecer a personas o empresas que les conviene. El mal funcionario sigue a estos políticos.
  3. El espíritu de lucro y las ansias de consumo son los que guían a las malas empresas y a los malos políticos y altos funcionarios públicos. La concesión de una obra pública, servicio público o explotación de un recurso natural mueve millones de dólares que significan ganancias para la empresa transnacional o nacional y dinero disponible para consumo en los políticos y los altos funcionarios. El mercado se mueve con ese dinero. La empresa genera teóricamente más capital para reinvertir, mientras los políticos y altos funcionarios cuentan con dinero para comprar sus lujosos departamentos o autos; con ambos se mueve parte de la economía nacional e internacional.
  4. El más perjudicado con estos casos de corrupción es la población local. Ésta siente que todo el Estado y la sociedad son así (“podridos”), y que nada cambiará. La juventud crece con esta idea de Estado y sociedad que en unos casos buscan transformar y en otros simplemente se adaptan. Los más pobres no reciben ni el lucro, ni los sobornos de los negocios corruptos, aunque sí son partícipes de las obras o servicios públicos adjudicados ilícitamente, y de la tentación por la cultura de consumo con la que sueñan y no dudan en participar apenas la oportunidad se les presenta.

Comprender a los sujetos y el sentido de la corrupción de los casos investigados desde la operación Lava Jato, nos lleva a repensar el Derecho, las obras y servicios públicos, el rol de los políticos y altos funcionarios públicos, así como la presencia de las grandes empresas, particularmente transnacionales.

Es una oportunidad para purificar el escenario político y económico actual, pero también para pensar en alternativas de políticas públicas y el uso del Derecho en un Estado peculiar, que busque evitar rebroten otras formas de corrupción semejantes al que se ha denunciado.

¿Por qué no pensar que las obras y servicios públicos se diseñen, gestionen y controlen legal y judicialmente con la población beneficiaria? ¿Por qué no iniciar una efectiva descentralización trasladando esa potestad a cada comunidad, distrito o provincia?

Si bien se corre el riesgo que la corrupción se propague a estos niveles, también existe la posibilidad que la propia población local, afectada directamente, pueda hacer uso de un Derecho de control y juzgamiento antes que los casos se acrecienten.

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*Antonio Peña Jumpa es profesor principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Abogado, Master en Ciencias Sociales y PhD. in Laws.

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Comentarios

en COLOMBIA con respeto de la sabia opinon del PROFESOR; no funciono la DESCENTRALIZACION por eso es el pais mas corrupto de AMERICA; y uno de lso MAS CORRUPTOS DEL MUNDO; la descentralizacion MUY AMPLIA desde antes de la cosntitucion de 1991, se convirtio en la DEMOCRATIZACION DE LA CORRUPCION; contrarioa achile donde la corrupccion es moderada o controlable, en COLOMBIA la CORRUPCION impera en todos los organos del ESTADO, su cauusa fueron los partidos politicos, la mala calidad del sistema educativo, los medios de comunicación compicles, las empresas deshonestas, las juntas de acción comunall. CUANDO ACEPTARON QUE EL ANRCOTRAFICO, conviviera hceira negocios con los partidos politicos desde el expresidente SAMPER

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