Defensoría se suma al rechazo para volver a votar cambios a Ley Forestal

Defensoría del Pueblo pide a Congreso de la República rechazar dictamen que busca legalizar la deforestación

Ante pedido de reconsideración presentado en la víspera, luego de que el dictamen fuera archivado el último jueves.

Frente a las solicitudes presentadas en el Congreso de la República para volver a votar el dictamen que insiste en el proyecto de modificación de la Ley n° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, que fue archivado el último jueves, la Defensoría del Pueblo expresa su rechazo a cualquier iniciativa legislativa que busque legitimar las conductas infractoras o delictivas que provoquen la deforestación, amparándose en la formalización de predios rurales. En ese sentido, exhorta al Legislativo a rechazar dichas solicitudes y, de ser el caso, archivar el referido dictamen.

Para la Defensoría del Pueblo, la eventual aprobación del dictamen de insistencia contraviene el mandato constitucional del Estado de promover el uso sostenible de los recursos naturales y la diversidad biológica, al exonerar de responsabilidades a quienes poseen tierras deforestadas para desarrollar actividades agrícolas o ganaderas. Asimismo, vulnera el deber de promover el desarrollo sostenible de la Amazonía con una legislación adecuada, al poner en grave riesgo los derechos ambientales y territoriales de los pueblos indígenas de la Amazonía, cuya identidad, cultura y medios de vida dependen de los bosques.

Así lo señaló la adjunta de Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, Lissette Vásquez, quien recordó que solo entre los años 2020 y 2022, la institución tomó conocimiento del asesinato de, al menos, 17 defensores ambientales e indígenas, entre ellos varios líderes indígenas por su labor de defensa de sus territorios y protección de los bosques que existen en sus comunidades nativas.

La representante de la Defensoría del Pueblo también precisó que, a la deforestación de miles de hectáreas de bosques por cultivos agroindustriales que se desarrollan en la Amazonía, sin contar con la certificación ambiental, debe añadirse que el 82 % de la deforestación en el Perú es provocada por la tala y quema de bosques para abrir pequeñas chacras, principalmente destinadas a las actividades agropecuarias en tierras no aptas para ello.

Explicó que debido a la baja fertilidad de las tierras de la Amazonía, dichas áreas son continuamente ampliadas, convirtiendo a esta actividad en la mayor impulsora de la deforestación de 2.7 millones de hectáreas de bosques amazónicos perdidos en los últimos 20 años, área que equivale a la superficie de los departamentos de Tumbes y Huancavelica o 216 veces la superficie de la Provincia Constitucional del Callao.

En ese sentido, Vásquez también lamentó que el dictamen de insistencia proponga que sea el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), y no el Ministerio del Ambiente (Minam), la entidad pública responsable de establecer la categoría de los bosques y de aprobar la zonificación forestal, a pesar de que estas labores demandan una evaluación integral sobre todos los aspectos y recursos naturales del entorno, para determinar las potencialidades y limitaciones del territorio. “Esta propuesta resulta preocupante, debido a que el Minam es el ente rector en materia ambiental y particularmente en ordenamiento territorial ambiental y no el Midagri, cuya función está orientada a promover las actividades agropecuarias”, explicó.

De otro lado, la representante de la institución dio a conocer que el dictamen de insistencia tampoco atiende la problemática asociada a la posesión informal y a la deficiente gestión del Estado en la formalización de los predios rurales, por el contrario, incrementa la deforestación y los delitos conexos como el tráfico de tierras.

“Para la Defensoría del Pueblo este escenario constituye una grave amenaza a los derechos de las comunidades nativas de la Amazonía y a la conservación de nuestros bosques, situación que resulta aún más preocupante debido al papel que desempeñan los bosques de esta importante región en la lucha contra el cambio climático y sus efectos sobre la población, como las inundaciones, huaycos y deslizamientos –cada vez más frecuentes e intensos– que viene atravesando el país.

Vásquez finalizó recordando el mandato constitucional que tiene el Legislativo de velar por el respeto de la Constitución y de las leyes. “Exhortamos al Congreso de la República a rechazar las solicitudes de reconsideración de la votación que archivó el dictamen de insistencia el pasado 23 de marzo y a archivar nuevamente dicho dictamen, recordando que las iniciativas legislativas deben ser objeto de un análisis objetivo, técnico y de respeto de los derechos humanos”, remarcó.

Fuente: Defensoría del Pueblo