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Presentan documento sobre protección para defensores amazónicos

Documento también reitera necesidad de la ratificación del Acuerdo de Escazú.

Cartilla elaborada por la Defensoría, Oxfam y Unión Europea presenta un contexto de la situación, la normativa vigente y recomendaciones para una efectiva protección de defensores.

Servindi, 31 de marzo, 2022.- La Defensoría del Pueblo presentó un documento que recopila la normativa vigente y así como recomendaciones para proteger a defensores amazónicos.

El manual presenta el contexto de la situación de defensores en el Perú y contiene los procedimientos a seguir en casos de amenazas contra la vida e integridad de líderes de comunidades.

La cartilla ‘Mecanismo de Protección para Personas Defensoras Indígenas y Ambientales de la Amazonía’ fue elaborada con el apoyo de Oxfam en Perú y de la Unión Europea.

En la presentación virtual del documento, participaron representantes de estas últimas entidades junto con los de organizaciones indígenas, de ministerios y de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el Perú.

Presentación del documento

Como se recordó durante el evento, en los últimos años hubo 12 líderes indígenas asesinados debido a la expansión de actividades ilegales en sus territorios, siendo los pueblos asháninka y kakataibo los más afectados.

Como señaló Alejandra Alayza, de Oxfam en Perú, este es un primer paso que ofrece una conexión a la información y protocolos existentes para mejorar la protección y el uso de los recursos actuales.

“[La cartilla] permite dialogar y poner en el centro el trabajo de las propias organizaciones indígenas y de derechos humanos en el fortalecimiento de protección, denuncia y acompañamiento a las personas en condición de vulnerabilidad”, señaló Alejandra Alayza, de Oxfam.

“Una agenda por los derechos de los defensores en el país tiene que profundizar un debate y generar más y mejores compromisos desde el Estado, desde una perspectiva intersectorial”, agregó.

Dentro de la amplia agenda de protección, Alayza señaló que se deben atender causas estructurales por la vulnerabilidad, informalidad y economías ilícitas. Además, señaló la importancia de la ratificación del Acuerdo de Escazú.

Por su parte, Nelly Aedo, jefa del Programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, resaltó la necesidad de que se culmine con el proceso de titulación y georreferenciación de las comunidades.

La falta de este reconocimiento, así como la ausencia del Estado, es señalado como una de las principales situaciones que amenazan la vida de los defensores en la cartilla.

Tras ello, se señala el avance de actividades ilegales (tala, minería, agricultura ilegal, narcotráfico, tráfico de tierras) junto a la débil fiscalización, la desarticulación de respuestas y la disminución de intervenciones por la emergencia sanitaria.

La tardía respuesta del Estado para afrontar ataques y amenazas, la poca efectividad de medidas de protección y la escasa articulación con defensores indígenas son otras causas mencionadas.

Luego de detallar los procesos, el documento plantea doce recomendaciones específicas de protección y prevención.

Entre estas, se recomienda emitir una ley de personas defensoras con un mecanismo de protección que articule sectores del Estado e incluya a organizaciones indígenas y de la sociedad civil.

También se señala la necesidad de destinar presupuesto para la implementación del Mecanismo intersectorial de protección de defensores y el establecer responsabilidades de funcionarios que incumplen medidas de protección.

De igual forma, se contempla la lucha contra las actividades ilícitas que afectan a comunidades indígenas y que se articulen comisiones multisectoriales para atender estos delitos asociados con amenazas, ataques y asesinatos a defensores.

 

 

 

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