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Comuneros de Apurímac inician huelga de hambre

Servindi, 31 de marzo, 2016.- Una delegación de 50 personas de la asociación Unión de Comunidades Campesinas de influencia directa e indirecta afectadas por el proyecto minero Las Bambas (UCCAMBA), procedente de las provincias de Grau y Cotabambas, departamento de Apurímac, inició desde el 29 de marzo una huelga de hambre indefinida en las afueras de la sede de la Defensoría del Pueblo, en Lima.

El motivo de la acción de fuerza es iniciar un diálogo directo con la empresa MMG Limited –concesionaria del proyecto minero Las Bambas– para dialogar sobre el incumplimiento de acuerdos internos firmados hace doce años.

La comitiva arribó a Lima el 8 de marzo, en una marcha de sacrificio desde Apurímac. Desde entonces han intentado en vano dialogar con MMG Limited, pues según refieren, los funcionarios de la empresa solo quieren recibir a tres de los representantes campesinos.

“La empresa se debe sentar con todos nosotros, no somos dos o tres comunidades, somos 47 las afectadas por ellos. Entonces no nos pueden pedir conversar a puerta cerrada solo con algunos. Tenemos que estar todos presentes. De otra manera no podemos conversar. Queremos hablar con la empresa de dueño a dueño. Nosotros tenemos títulos de propiedad”, manifestó Rony Cabrera, representante de la comitiva Chanka-Yanawara.

La delegación espera que el Estado también intervenga y establezca las condiciones para el diálogo con los responsables de la empresa minera de origen chino, reportó la Red Muqui.

La comitiva acudió la semana pasada a la comisión de Pueblos del Congreso de la República donde la congresista Leyla Chihúan les aseguró que concertarían un mesa de diálogo con representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros y otros ministerios del sector.

Sin embargo, el lunes 28 de marzo los representantes de las etnia Chanka-Yanahuara se dieron con la sorpresa de que la posible reunión aún no había sido tramitada de manera formal.

Cabrera también declaró a la Red Muqui que días antes se acercaron a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) sin obtener resultados positivos.

“Cuando hemos ido a la PCM nos dijeron que ya existe una mesa de trabajo en la provincia (Cotabambas) y que dialoguemos ahí, que esa es la única forma de ver nuestro caso. Ellos (la PCM) no entiende que si estamos aquí es porque tenemos acuerdos pendientes por parte de la minera desde hace años”, declaró el dirigente Chanka.

“Esa mesa (de trabajo) se ha postergado tantas veces que ya no creemos. Nuestra problemática con la empresa viene de años atrás. No nos reconocen los acuerdos de licencia social, ni los que hicimos con Xtrata Tintaya en el 2004, ni los de Glencore en el 2010. Es por ello que ya no queremos a Las Bambas”, comentó Cabrera.

La comitiva acudió el martes 29 a la Defensoría del Pueblo donde fueron recibidos por la Adjuntía del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas.

Relación de comunidades campesinas Chanka-Yanawara:

Huancuiri, Pumamarca, Sacsahuillca, Fuerabamba, Chuicuni, Ccasa, Huanacopampa, Cchuanpirhua, Pamputa, Choqueca antuyo, Chumilli, Chicñahui, Quehuira, Manuel Seoane Corrales, Carmen Alto-Challhuahuacho, Cconccacca, Arcospampa Congota, Pabamba, Pisaccasa, Yuricancha, Huaruma, Andrés Avelino Cáceres, Chacamachay, Pitic, Qqello, Allahua, Ccasacancha, Hulluyo, Asacasi, Payancca, Queuña, Tambulla, Pararani, Huancuiri, Chila, Choaquere, Minascucho, Lahuani, Chocoyo, Chuntahuillqui, Huarccoyo, Llamahuiri, Anta Anta, Patario, Cuchuhuacho, Picosayhua, Juan Velasco Alvarado y Escorno.

Esperan que el OEFA verifique daños ambientales

El dirigente campesino, Rony Cabrera, informó a la Red Muqui que el organismo defensorial recogió el testimonio de cada representante Chanka-Yanawara, y se comprometió a solicitar al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) corroborar los daños ambientales por parte de la actividad minera.

Ellos esperan pronta respuesta del organismo fiscalizador para iniciar la toma de muestras en las zonas afectadas.

La delegación Chanka-Yanawara divulgó un comunicado en el denuncian la afectación ambiental de sus territorios por el proyecto minero Las Bambas.

“Con la actividad minera se está dando inicio a la destrucción de los ecosistemas en las cabeceras de cuenca contaminando nuestros recursos hídricos y destruyendo la actividad agroganadera y nuestra propia vida comunal, lo que se hace en complicidad del Estado peruano, que en vez de hacer respetar el Convenio 169, la Constitución y la Ley de comunidades campesinas, favorece a esta empresa exploradora, habiendo aceptado la modificación unilateral y arbitraria del Estudio Impacto Ambiental”, indica el comunicado.

A pocos días de su llegada a Lima, en busca de un lugar donde pernoctar. Foto: Servindi

Antecedentes del descontento

Los reclamos de las comunidades campesinas se remontan a los tiempos en que la empresa suiza Xstrata estaba a cargo del proyecto Las Bambas.

Según refieren los delegados comunales los acuerdos con la empresa fueron firmados en el 2004 por adultos mayores de las comunidades que no hablaban español y que además eran analfabetos. Por estas razones, uno de los pedidos de las comunidades es anular los acuerdos de licencia social para el funcionamiento de la empresa.

Los compromisos pactados con las comunidades se refieren a procesos de reubicación e implementación de servicios básicos, entre otros.

Luego que el proyecto minero pasara a manos de Glencore (Suiza), nuevamente las comunidades, firmaron un convenio en el 2013 en el que la empresa se comprometió a brindar beneficios relacionados a la educación.

Con el paso del tiempo, la actual concesionaria del proyecto, la empresa MMG Limited, ha desconocido los acuerdos, y las comunidades han perdido toda posibilidad de contar con estos beneficios que forman parte de la licencia social para llevar a cabo el proyecto en la zona.

Sumado a lo anterior está el cambio al plan original de construcción de Las Bambas lo cual generó el conflicto que estalló en setiembre de 2015, y en el que hubo tres muertos durante las protestas cercanas al campamento.

La comitiva comunal espera iniciar un diálogo directo que permita establecer condiciones más justas para la explotación minera, donde la comunidad tenga poder de decisión en las actividades sobre sus territorios y beneficios más visibles e inmediatos.

Las 47 comunidades sostienen que las actividades mineras en la zona han generado contaminación en sus territorios. Esto explica la desaparición de variadas especies de cultivo y que sus animales también sufran con la contaminación de las fuentes de agua.

Dato

- El reclamo de la comitiva representante de 47 comunidades campesinas corresponde a acuerdos directos con la empresa. La Mesa de Trabajo de Cotabambas establecida por el Ejecutivo, es un proceso aparte del que los Chankas-Yanahuara también forman parte.

- Las 47 comunidades agrupan a un aproximado de 40 mil pobladores. Todas ellas pertenecen a todos los distritos de la provincia de Cotabambas y a tres de Grau, en un radio de influencia, cuya extensión comprende unas 60 mil hectáreas.

- Las actividades económicas principales son la agricultura, la ganadería y la minería artesanal.

- Son 30 los representantes comuneros que acatan una huelga de hambre al no lograr acceder a un diálogo con la empresa minera MMG Limited, de capitales chinos.

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