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Proyecto de Ley buscará prevenir daños por derrames de petróleo

Alfonso López (Acodecospat), María Elena Foronda, presidenta de la Comisión de Pueblos y Edwin Montenegro (ORPIAN-P)

Servindi, 30 de setiembre, 2016.- Congresistas de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología impulsarán un proyecto de ley para articular la vigilancia y el monitoreo socio-ambiental ciudadano e indígena a fin de alertar tempranamente posibles impactos ambientales y sociales.

El anunció lo efectuó la congresista María Elena Foronda Farro, presidenta de la citada comisión, quién precisó que la iniciativa busca fortalecer el sistema nacional de gestión ambiental.

Los congresistas Horacio Zeballos, Marco Arana y Jorge Meléndez quienes asistieron al foro público “Amazonía, Petróleo y Gobernanza" expresaron su pleno respaldo y apoyo a las poblaciones afectadas y a sus iniciativas.

El objetivo es incorporar los reportes de la vigilancia y el monitoreo de las comunidades en una base de datos que mejore la gestión territorial y ambiental en el país, fortaleciendo así la institucionalidad ambiental 

El proyecto de ley responde a una sentida demanda de organizaciones indígenas de Loreto y Amazonas afectadas por los continuos derrames de petróleo, de los cuales se han registrado siete solo en el 2016.

El reclamo y la propuesta indígena

El viernes 23 de setiembre representantes de las organizaciones Acodecospat, de Loreto, y la ORPIAN-P de Amazonas se presentaron en el foro público a fin de instar a las autoridades peruanas a tomar acciones más decisivas para evitar nuevos derrames.

Alfonso López, presidente de ACODECOSPAT, exhortó al Estado a apuntar a la raíz del problema para evitar nuevos derrames.

“Aquí la solución no es reaccionar frente a cada derrame, parchando el ducto. Sin modernizar ni realizar un correcto mantenimiento seguiremos hablando de nuevos y permanentes atentados contra la salud de nuestros pueblos, nuestra diversidad biológica y recursos naturales” dijo López.

Edwin Montenegro, presidente de ORPIAN-P, resaltó la importancia de hacer llegar la información sobre los derrames y sus impactos a las poblaciones locales.

Pidió además que el Estado reconozca las iniciativas de vigilancia indígena que se desarrollan en la Amazonía.

Vanessa Cueto de la asociación Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) afirmó que “el Gobierno ha invertido en acciones para dar confianza al sector privado, ahora es momento de dar confianza a la población".

Cueto enfatizó que hechos como los derrames en el Oleoducto "generan desconfianza ante grande proyectos de infraestructura” por parte de la población indígena, principal víctima de los impactos.

Cueto resaltó que “si el Perú quiere entrar a la OCDE [Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico] debe cumplir con sus recomendaciones en cuanto a fortalecer instituciones como el OEFA y al SENACE. No debemos permitir la flexibilización ambiental”.

Los representantes de las organizaciones indígenas llamaron a los congresistas de todas las bancadas, sin distinción alguna, a respaldar la iniciativa legislativa por ser muy importante para la población afectada por los derrames y además fortalecer el proceso de fiscalización ambiental.  

Respuesta congresal

Además de anunciar la propuesta legislativa: Articulación de la vigilancia y monitoreo socioambiental, ciudadano e indígena en el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, María Elena Foronda hizo un llamado a respetar los derechos de las poblaciones afectadas.

“La atención del Estado ante los derrames no salvaguarda los derechos ambientales y sociales de la población local al ser fragmentada, sectorializada y no preventiva” sostuvo la presidenta de la Comisión de Pueblos.

El caso del Oleoducto Norperuano debe servir de experiencia para los mejorar estándares ambientales de las actividades extractivas, así como mejorar la gestión pública ambiental ante emergencias ambientales, dijo Foronda.

De otro lado señaló que “el OEFA informó que evaluará el impulso de acciones penales contra los funcionarios responsables de los incumplimientos a los mandatos dictados por la autoridad en cuanto a gestión ambiental y medidas correctivas”.

Antecedentes de la propuesta

Las organizaciones indígenas participantes en el foro público recordaron que desde hace años vienen planteando alternativas y en el anterior periodo congresal presentaron la iniciativa que originó el Proyecto de Ley 3937/2014-CR.

El propósito era qiue la información recogida por el vigilante indígena se tome en cuenta de manera oficial y se convierta en una herramienta base para los diversos estudios de impacto ambiental.

También resaltaron que la vigilancia indígena es una de las ocho condiciones mínimas para mejorar el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.

La iniciativa de la ‘Vigilancia Indígena’ desde la cosmovisión de las comunidades indígenas permite prevenir de forma temprana los desastres ambientales o afectaciones al ambiente relacionados a las actividades extractivas.

Precisamente, los últimos daños ambientales registrados en Loreto y Amazonas, fueron denunciados por el “Sistema de Vigilancia Indígena” con reportes de control en sus territorios y gestionados por las propias comunidades y sus organizaciones representativas como ORPIAN y ACODECOSPAT.

Gracias a la Estrategia de Vigilancia Integral Kukama, impulsada por ACODECOSPAT, se hace un seguimiento continuo de la remediación de daños en las comunidades de Nueva Alianza, San Pedro, Cuninico y San José de Saramuro, donde ocurrieron derrames.

La estrecha relación entre la población indígena y su territorio les permite recoger información clave y brindar alertas tempranas, lo que permite un mejor control de su afectación sobre todo en lugares de difícil acceso.

Amplio respaldo a la Vigilancia Indígena

Cabe destacar que el respaldo al proceso de institucionalizar la vigilancia indígena es socialmente bastante amplio. Se encuenbtra comprometida la principal organización nacional indígenas amazónica como la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y sus bases regionales y federaciones.

Entre ellas destaca la Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU), la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca (Acodecospat) en Loreto, el Consejo Machiguenga del Río Urubamba (COMARU) en el Cusco y la Central Asháninka del Río Ene (CARE) en la región Junín.

También respaldan el proceso organizaciones indígenas nacionales que integran el Pacto de Unidad de Organizaciones Indóigenas del Perú como la organización nacional de mujeres ONAMIAP y la Confederación Nacional Agraria (CNA). Asimismo organizaciones y movimientos sociales del ande articuladas en la Red Muqui.

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