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CIDH abre el Caso del Canal Interoceánico de Nicaragua

Miembros de la Comunidad de Bangkukuk, pueblos indígena Rama, últimos hablantes del idioma Rama, mostrando documentos con sus firmas en contra del megaproyecto del GCIN.

Servindi, 31 de junio, 2018.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reabrió el caso referido a la concesión otorgada sobre territorios indígenas a favor del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua (GCIN).

La CIDH se puso a disposición de las partes con el fin, de ser el caso, llegar a una solución amistosa, sobre la controversia, en un comunicado del 25 de junio dirigido a los peticionarios.

El caso se origina con la presentación del presidente Daniel Ortega de la iniciativa para aprobar la Ley 840 que otorgó la concesión del GCIN a la Empresa Hong Kong Nicaragua Canal Development Investment Co., Limited (HKND).

La concesión se efecfuó sin licitación alguna, sin la debida consulta y por ende sin el consentimiento, libre, previo e informado, requerido en el caso de los pueblos indígenas y afrodescendientes.

Ello a pesar que 52 por ciento de la ruta del Gran Canal ha sido planificada sobre los territorios histórica y tradicionalmente propiedad de estos pueblos ubicados en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS).

Antecedentes

El Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (CALPI) sostiene que el Estado de Nicaragua tituló en 2009 el territorio Rama y Kriol, sin embargo, la Autoridad del GCIN pretende usurpar 263 Km2 del corazón de dicho territorio.

La usurpación se lleva a cabo mediante el Convenio de Consentimiento Previo, Libre e Informado para la Implementación del Proyecto de Desarrollo del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua”.

En él se establece el periodo del arrendamiento de manera perpetua o “indefinida”, lo que en la práctica constituye una usurpación velada.

Además, apunta el CALPI, fue obtenido por medio de la amenaza, coacción y la cooptación de autoridades del GTR-K, en detrimento de la autonomía y autodeterminación de este pueblo, faltando a la buena fe establecida en el Convenio sobre Pueblos Indígenas 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El 29 de octubre de 2016 el presidente Daniel Ortega entregó a un gobierno paralelo al GCCB, conformado por miembros de su partido, un irregular título de menos del 7 por ciento del territorio reclamado por la Comunidad Negra Creole Indígena de Bluefields (CNCIB) entonces en proceso de titulación de su territorio tradicional amparado por la Ley 445.

Por medio del gobierno paralelo, primero: debilitan las instituciones tradicionales de la CNCIB a la vez que, en violación al debido proceso legal elaboran el título, dejando por fuera el 93 por ciento de la tierra reclamada por la CNCIB para facilitar así la ruta del GCIN, evitando a la vez, la realización del proceso de consulta a la CNCIB en la ruta del GCIN.

De otro lado, proceden a la usurpación de la posición de la representante étnica Creole en la Comisión Nacional de Demarcación y Titulación (CONADETI) legalmente elegida para que miembros del gobierno paralelo tomaran parte en la elaboración del irregular título de solamente el 7 por ciento del territorio reclamado.

Los miembros de estos pueblos indígenas y afrodescendientes llevaron el caso ante la CIDH en el año 2014, y entre entonces y el año 2016, interpusieron 16 Recursos de Amparo ante la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua (CSJ), órgano facultado por la Constitución Política de la Republica de Nicaragua para tutelar los derechos humanos y las libertades fundamentales de los ciudadano.

Sin embargo, la CSJ aún no ha dado respuesta a algunos de los recursos y los que ha decidido lo ha hecho en contra de estos pueblos, en varios casos mal interpretando los hecho y la norma; y hasta fallando contra de ley expresa.

Los peticionarios esperan que el Estado de Nicaragua reflexione y en esta oportunidad responda ante la CIDH de acuerdo a la normativa Constitucional nacional e internacional de promoción y protección de los derechos humanos de estos pueblos.

  • Video: El vídeo muestra los testimonios de autoridades y líderes indígenas denunciando la falta de consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas y afro descendientes en el Territorio Rama y Kriol de la Costa Caribe de Nicaragua ante el interés gubernamental para la construcción del Canal Interoceánico de Nicaragua. Documental de 26 minutos en inglés y castellano. Disponible en: https://vimeo.com/184864298 y en : https://www.calpi-nicaragua.org/we-do-not-consent/

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Fuente: Con información del Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (CALPI): http://www.calpi-nicaragua.org
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Comentarios

Grave error de Daniel Ortega. El ningunear a los pueblos originarios es quedarse sin raíces; por tanto, y como es un gobierno de izquierda, queda a merced de la voracidad de los inquilinos de la casa blanca.
Y si los pueblos indígenas se unen a ese coro con el justo reclamo de sus derechos, pues entonces serán los inválidos útiles a los intereses de la derecha local al servicio de los inquilinos de la casa blanca.
Lo saludable y decencia como capital de lucha de los pueblos indígenas es retirarse de ese coro desestabilizador del gobierno de Nicaragua; una vez que pase, continuar con la agenda de derecho a la consulta previa.

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