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Desobediencia civil: la “Guerra del agua” como antecedente

(Imagen de Archivo La Tinta / Aldo Cardoso / Tom Kruse)

Por Gabriel Bulgach

Pressenza, 02 de mayo, 2018.- Entre enero y abril del año 2000, en la ciudad de Cochabamba, Bolivia, se produjo el levantamiento de la población en contra de las prácticas habituales de las corporaciones a las que se adjudica la privatización de servicios públicos.

La Guerra del agua, como popularmente se conocieron luego estos acontecimientos, se produjo luego que el gobierno del ex dictador y presidente boliviano en aquel entonces Hugo Banzer, bajo el impulso del Banco Mundial, privatizara a favor de la empresa Aguas del Tunari, el servicio y la provisión de agua potable en la ciudad de Cochabamba.

Una de las primeras medidas de la corporación fue el aumento del servicio en un promedio del 350 por ciento. Este hecho produjo la movilización de la población que reclamó un diálogo con el gobierno y la empresa. Se produjeron detenciones en medio de las negociaciones y se decretó el estado de sitio.

El pueblo cochabambino, en lugar de acatar esas disposiciones, bloqueó las calles de la ciudad, cortaron las carreteras, tomaron las plazas de forma espontánea, sosteniendo una forma no-violenta de lucha como metodología para conquistar sus reclamos. Como consecuencia, no sólo se invalidaron los aumentos en la tarifa de agua, sino que se dio marcha atrás con la privatización del servicio.

La actual oleada neoliberal que ha conseguido ser electa en los diferentes países de la región, está desplegando un programa de negocios orientado al saqueo de recursos naturales, a la destrucción institucional de la arquitectura organizativa de los estados, y a una transferencia inédita de riqueza desde los sectores del trabajo y los más vulnerados hacia las corporaciones de negocios.

La actual oleada neoliberal que ha conseguido ser electa en los diferentes países de la región, está desplegando un programa de negocios orientado al saqueo de recursos naturales...

En Argentina, puntualmente, desde el comienzo del actual gobierno, se vienen imponiendo el aumento geométrico de todo el conjunto tarifario de los servicios públicos, con proporciones que median el 1000% para las tarifas de agua, electricidad y gas. Y explicitan que estos aumentos no han terminado sino que seguirán produciéndose actualizaciones en las facturas.

Si por “pobreza energética” se comprende a aquel hogar que requiere del 10 por ciento de sus ingresos para cubrir sus gastos en los servicios, podemos intuir que un altísimo porcentaje de las familias pueden ser consideradas hoy como pobres energéticos.

Seguramente en los próximos meses podremos contar con información más precisa acerca de la cantidad de hogares que comienzan a incumplir sus pagos de servicios, ya que estarán en la simple disyuntiva de alimentar a sus familias o pagar la luz, el gas y el agua.

Resultará una opción para el pueblo argentino comenzar a desplegar acciones de desobediencia civil y forzar al gobierno a reformular y adaptar sus marcos tarifarios?

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