Servindi, 30 de marzo, 2024.- La Asociación Nacional de Periodistas (ANP) rechazó la investigación fiscal iniciada al periodista Gustavo Gorriti y sostiene que es un claro intento de vulnerar el derecho a la reserva de fuentes que ampara el trabajo periodístico.
La petición del fiscal Alcides Chinchay Castillo excede el deber funcional de perseguir el delito y “crea un nefasto precedente para el ejercicio del periodismo y los periodistas en el país”.
Como es sabido, el fiscal requiere que el periodista Gustavo Gorriti entregue información de su teléfono celular con amenaza de solicitar, en su momento, el levantamiento del secreto de comunicaciones.
Secreto profesional
El secreto profesional es un derecho fundamental consagrado en el artículo 2 inciso 18 de la Constitución Política del Perú, que señala que toda persona tiene derecho “… a guardar el secreto profesional”.
Sobre dicha materia el Tribunal Constitucional declaró que “ninguna autoridad o poder público, en general, pueda obligar a entregar dicha información reservada para usos propios de la profesión”.
Además la ANP cita una sentencia del Tribunal Constitucional en la que se afirma:
“el secreto profesional también protege a los propios profesionales, quienes podrán hacerlo valer en cualquier situación o circunstancia en que los poderes públicos o cualquier persona o autoridad pretendan desconocerlo de cualquier forma, sea obligando a confesar dichos secretos o poniendo en riesgo su preservación en el ejercicio de su profesión” (STC 7811-2005-PA/TC, Fundamento Jurídico Nro. 5).
Acoso y hostilización a la prensa
La ANP remarca que el Ministerio Público debe tener un criterio fiscal que le permita distinguir la naturaleza del trabajo de los periodistas de investigación y la potencial configuración de delitos.
Pero, advierte la ANP, de que no se trata de un hecho aislado sino que se suma a una larga lista de acciones de “acoso, estigmatización y hostilización emprendida en la última década contra el equipo periodístico de IDL Reporteros y su director”.
La ANP remarca que estamos ante un nuevo patrón de hostilización a la prensa que consiste en intentar involucrar a periodistas en otros tipos de delitos.
Con ello se busca, poner en entredicho su credibilidad y escarmentarlos y se instrumentaliza la persecución del delito como una forma de perturbar el trabajo de periodistas incómodos.
Como gremio defensor de los derechos de los hombres y mujeres de prensa y el ejercicio de las libertades informativas la ANP rechaza “todo intento de criminalizar la actividad periodística”.
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