Piden acciones urgentes para evitar el despojo de territorios indígenas

Declaración de Yarinacocha

Nosotros, las comunidades de los pueblos indígenas Shipibo-Conibo y Kichwa firmantes y sus organizaciones representativas: la Federación de comunidades nativas del Ucayali y afluentes (FECONAU), el Consejo Étnico de los Pueblos Kichwa de la Amazonia (CEPKA), la Federación de los Pueblos Kichwa del Bajo Huallaga de San Martin (FEPIKBHSAM) y la Coordinadora de Desarrollo y Defensa de los pueblos indígenas de San Martin (CODEPISAM) de las regiones Ucayali y San Martin, reunidos en Pucallpa para evaluar la situación de nuestros territorios y defensores indígenas ante el despojo, violencia y deforestación permitido o avalado por las entidades del Estado afirmamos lo siguiente:

1. Sufrimos los graves impactos y daños de la mirada sesgada de las entidades del Estado peruano quienes ven nuestros territorios como un simple botín de recursos naturales puesto a su servicio para explotar o declarar intocable. Como resultado de ello, vivimos arrinconadas por invasiones de nuestros territorios por colonos, narcotraficantes, madereros, pescadores, mineros y recientemente por empresas agroindustriales de palma aceitera, papaya, cacao y arroz.

Estas actividades convierten nuestros ríos y cochas en desagües, nuestros bosques en desiertos y nuestros líderes y lideresas en blancos de amenazas y criminalización que ponen en riesgo sus vidas por el simple hecho de defender nuestros bosques.

Por el otro lado, gran parte de los bosques y ecosistemas que nosotros criamos y cuidamos durante generaciones han sido convertidos en áreas naturales protegidas donde nos tratan de intrusos por el simple hecho de querer acceder al bosque para alimentar nuestras familias, construir nuestras casas y sostener nuestras identidades. Para nosotros el bosque no es un recurso natural para explotar, es vida.

2. Recordamos que a pesar de iniciativas de titulación en la Amazonia peruana desde los años 70 la gran mayoría de nuestros territorios ancestrales aun no cuentan con ningún reconocimiento o titulo de propiedad estatal lo cual los expone al riesgo de ser entregados a favor de terceros en la forma de constancias de posesión, títulos individuales, concesiones forestales o agroindustriales y hasta Áreas Naturales Protegidas. 

3. Reafirmamos que el Estado, sobre todo a través del MINAGRI y las direcciones agrarias de los gobiernos regionales, son los motores principales del acaparamiento de nuestros territorios y los conflictos asociados. Esto debido a la corrupción relacionada con el trafico de tierras, y la falta de mecanismos adecuados y efectivos para el reconocimiento legal y titulación de nuestros territorios.

4. Lamentamos que a pesar de la existencia de fondos millonarios para atender a la titulación, estos fondos están dedicados a implementar los procedimientos actuales de titulación sin el debido reconocimiento de nuestros derechos como pueblos indígenas. Esto incluye la exclusión del titulo de propiedad de áreas del territorio ancestral clasificadas por el Estado como ‘bosque’ bajo la modalidad de ‘cesión en uso’. Además, los procedimientos actuales definen nuestros limites territoriales en forma arbitraria sin respeto por nuestra ocupación y posesión ancestral como exigen los estándares en materia de derechos de los pueblos indígenas ratificados por el Estado peruano. Además, muchos de estos fondos y proyectos de titulación están paralizados por la simple existencia de terceros que quieren apropiarse de nuestros territorios y logran suspender los procesos ante la no existencia de un mecanismo ágil y eficaz para resolver estos conflictos.

5. Deploramos la inoperancia del sistema administrativo y judicial para proteger nuestros derechos y resolver nuestras denuncias. Hay un conjunto de barreras de acceso a la justicia, como lingüísticas, geográficas, económicas y culturales que a la fecha no se superan con ninguna reforma. Los procesos judiciales son lentos, engorrosos, costosos e inaccesibles a comunidades sin abogados ni dinero para facilitar investigaciones en materia penal y ambiental así como agilizar demandas para protección de nuestros derechos. Esto conlleva a la impunidad de las empresas y asociaciones detrás de la deforestación e invasiones y mantiene el alto nivel de conflictividad y violencia que nos aflige.

6. Responsabilizamos a entidades del gobierno sobre todo al Ministerio de Agricultura y las direcciones agrarias de los Gobiernos regionales de generar los conflictos de tierra y no resolverlos. Esta omisión de obligaciones a su vez expone a nuestros lideres y lideresas a un clima de hostigamiento y violencia donde están siendo secuestrados, amenazados de muerte, disparados y hasta asesinados. Este contexto se agrava porque no existe la voluntad política, la capacidad logística ni mecanismos específicos de la policía para garantizar la seguridad física de nuestros defensores y defensoras quienes están perseguidos y criminalizados por el uso cínico de la ley por el mismo Estado o agentes involucrados. De esta manera debemos agotar los pocos recursos y tiempo que tenemos para defendernos contra acusaciones que muchas veces no cuentan con fundamento alguno.

7. Reafirmamos nuestro derecho de libre determinación como pueblos indígenas que incluye el derecho de decidir cómo queremos vivir y organizarnos. Es así que denunciamos los esfuerzos de diferentes instituciones y autoridades regionales y locales de fomentar y presionar a comunidades a aceptar figuras de reconocimiento como en caseríos, centros poblados y hasta en predios individuales en vez de reconocer nuestro derecho de organizarnos en forma colectiva. Reiteramos que la identificación de un pueblo o comunidad indígena, al igual que la definición de nuestro territorio depende de la auto-identificación y no debe depender solamente de un registro o base de datos del gobierno peruano.

Frente a esta problemática hacemos un llamado a las autoridades regionales y nacionales para respetar nuestros derechos como pueblos indígenas e implementar las siguientes medidas de urgencia:

1. El MINAGRI y MINCU deben diseñar e coordinar la implementación de mecanismos inmediatos para salvaguardar los territorios indígenas no titulados, empezando con un registro de reclamos territoriales pendientes en coordinación con las organizaciones indígenas. Esto, para prevenir su clasificación en tierras privadas, constancias de posesión, áreas estatales de conservación, concesiones forestales o de agro-negocios.

2. El MINAGRI, en su condición de órgano rector en procesos de la titulación de comunidades, debe desarrollar y aprobar lineamientos, mecanismos y el presupuesto correspondiente para la solución de controversias que surjan en los procesos de titulación y atender en forma prioritaria los casos pendientes de titulación que están asociados con altos niveles de conflicto socio ambiental.

3. Desarrollar mecanismos institucionales, administrativos y judiciales para efectuar la restitución de territorios indígenas ancestrales entregados a terceros de forma irregular y para dejar sin efecto derechos establecidos en esos territorios.

4. Desarrollar un plan de acción urgente a nivel multi-sectorial para abordar la problemática de siembra y producción ilícita de la coca en territorios indígenas.

5. Cumplir con sus obligaciones legales y compromisos climáticos internacionales adecuando las normas y políticas públicas que atentan contra nuestros derechos colectivos, priorizando la reformas de los procedimientos de titulación engorrosos y discriminatorios y la modalidad de cesión en uso para reconocer derechos de propiedad de tierras forestales y en áreas naturales protegidas.

6. Respaldar y valorar públicamente nuestras iniciativas de defensa y protección territorial, incluyendo el monitoreo y vigilancia de nuestras comunidades y rondas. El MINJUS debe dedicar recursos públicos para promover la seguridad física y defensa legal de los líderes y lideresas amenazados y criminalizados a través de un programa legal descentralizado y especializado en pueblos indígenas, defensores de derechos humanos y de la tierra.

7. El MINJUS, en coordinación con los diferentes operadores del sistema de justicia, debe elaborar mecanismos concretos de protección de defensores de la tierra bajo amenaza en conformidad con los estándares internacionales, en consulta y con la plena participación de nosotros, las organizaciones indígenas.

8. El Congreso de la República, el Poder Judicial y el Ministerio Publico deben priorizar la reforma de los sistemas judiciales existentes, incluyendo los fiscalías ambientales de las regiones para asegurar que tienen los recursos y personal necesarias para hacer las investigaciones e tener un enfoque inter-cultural para considerar a los pueblos indígenas y no solamente el Estado como agraviados por delitos ambientales cometidos en sus territorios. Esto permitirá nuestra participación en los procesos penales y así agilizar los procesos la medición de impactos sociales y culturales de los delitos ambientales. Asimismo, respetarse las garantías procesales que tienen los pueblos indígenas cuando son procesados por la justicia ordinaria, como por ejemplo, interpretes, peritaje antropológico, derecho a la defensa y la obligación de preferir penas alternativas a las privativas de libertad.

Mientras no se tomen las medidas arriba señaladas, los gobiernos regionales de San Martin y Ucayali, el Ministerio de Energía y Minas, municipios provinciales y distritales, jueces de paz y autoridades políticas, como teniente gobernadores, deberán declarar una moratoria al nivel de nuestras dos regiones en el otorgamiento de constancias de posesión, predios particulares, emisión de concesiones o servidumbres y la reclasificación de tierras de aptitud forestal o de protección para fines agropecuarias, mientras que estas medidas arriba descritas no están implementadas.