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¿Qué pasará con las multas impuestas por OSINFOR a las CC. NN?

AIDESEP mantiene su posición de exigir la anulación de multas impuestas por OSINFOR / Foto: AIDESEP

Por Roger Tunque

Servindi, 29 de agosto, 2018.- Luego de 14 días, las comunidades nativas de Atalaya, Ucayali levantaron el paro tras un diálogo con el premier César Villanueva, los ministros de Cultura, Agricultura y Ambiente.

Entre otros pedidos, la medida fue acatada para exigir al estado la condonación de los más de 50 millones de soles en multas impuestas por el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR) a las comunidades nativas de la Amazonía peruana.

Aunque el presidente del Consejo de Ministros consideró injustas dichas medidas, manifestó que no pueden ser condonadas. En este sentido, anunció que se buscará reducir la multa a 24 millones de soles.

Sin embargo, el presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) Lizardo Cauper, mantuvo la posición de las organizaciones indígenas de anular las multas y llamó a desistir de los procesos judiciales interpuestas en contra de las comunidades.

De acuerdo con AIDESEP, hasta junio último, identificaron a 347 comunidades amazónicas sancionadas por OSINFOR. Además, se iniciaron procesos penales contra los jefes de las comunidades donde el procurador del Ministerio del Ambiente exige una reparación civil aún mayor al de las multas.

Atalaya, según AIDESEP, tiene 143 comunidades nativas que ocupan 2.9 millones de hectáreas que representan el 77 por ciento de los bosques de la provincia, de los cuales “el 90% tuvieron permisos de extracción forestal y solo el 20% tienen planes de manejo y operativos vigentes”.

Multas impagables

En enero último, el Centro para el Derecho Ambiental Internacional (CIEL, por sus siglas en inglés), en un estudio sobre la exportación de madera ilegal a mercados internacionales, reveló que este mecanismo, con la intervención de terceros, perjudicaba a las comunidades nativas.

Para ello, las empresas y sus intermediarios utilizaban el sistema de “enganche”. A través de esta modalidad, las comunidades recibían algunos bienes a manera de pago por adelantado, por lo general, bienes altamente sobrevalorados como retrocarga, machetes, hachas, mosquiteros, entre otros.

“Estas prácticas de comercio injusto en el pasado, aún siguen vigentes para los actuales titulares de los permisos de aprovechamiento forestal en bosques de comunidades nativas, donde las comunidades tienen además que asumir la responsabilidad del mal manejo realizado por terceros”, sostiene CIEL.

Además, los verdaderos responsables no respetaban los Planes de Manejo Forestal (PMF) y que la mayoría de ellos utilizaban Guías de Transporte Forestal (GTF) para “movilizar y comercializar madera extraídas de zonas no autorizadas”.

Así, cuando OSINFOR inspecciona y verifica las infracciones cometidas aplica las multas o caducidad, las comunidades se endeudan ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT) “con procesos administrativos y penales por el incumplimiento a la legislación forestal”.

Sin embargo, una vez que los empresarios cometen las infracciones, eventualmente desaparecen y dejan a las comunidades solas para asumir “sanciones y multas que les generan deudas impagables, generando impunidad sobre la responsabilidad de los verdaderos culpables”.

Ilegalidad y pobreza

Por su parte, la Agencia de Investigación Ambiental (EIA), publicó la investigación El momento de la verdad donde advierte que las multas interpuestas por OSINFOR a las CC. NN., se convierten en cargas económicas que imposibilitan que las comunidades salgan del ciclo de “ilegalidad y pobreza”.

Además, el estudio sostiene que las comunidades nativas son víctimas de conflictos violentos por parte de los taladores ilegales, lo que demuestra que, a lo largo de la Amazonía peruana violan los derechos humanos y dejan serios impactos sobre los ecosistemas forestales.

Por ejemplo, en el 2014, el líder ashéninka Edwin Chota fue asesinado junto a sus tres compañeros provenientes de la comunidad nativa de Saweto.

Asimismo, el estudio documenta que, entre otros casos, “en enero del 2017, 60 hombres armados ingresaron a una comunidad asháninka en Satipo, Junín y expulsaron a 25 familias haciendo demandas falsas sobre el territorio en cuestión”.

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