Persiste la violencia contra defensores de derechos humanos

Solo entre enero y abril, al menos 33 defensores de derechos humanos han sido asesinados, superando los 27 casos reportados en el mismo periodo del 2022.

Servindi, 29 de junio, 2023.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH) expresaron su preocupación por el aumento de violencia contra defensores de derechos humanos en América Latina.

Durante el período de enero a abril, se han registrado al menos 33 asesinatos de defensores de derechos humanos en países de la región, superando los 27 casos reportados en el mismo período del año 2022.

Los países con casos registrados de asesinato a defensores indígenas fueron Brasil, Colombia, Honduras, México y Perú. En ese orden, se verificó las muertes de 8, 13, 6, 4 y 2 personas, respectivamente.

La preocupación de la Comisión es que la mayoría de estos asesinatos siguen siendo contra personas defensoras del medio ambiente, la tierra o el territorio.

La CIDH ha expresado preocupación por la aprobación en primer debate de un proyecto de ley en Venezuela: "Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines".

Esta iniciativa restringe las actividades de las organizaciones no gubernamentales y permite la disolución unilateral de aquellas consideradas políticas o que representen una amenaza para la estabilidad nacional e institucional del país.

Además, la CIDH ha recibido información preocupante sobre los discursos estigmatizantes como "terroristas" o "delincuentes internacionales" para desacreditar la labor de los defensores de derechos humanos en El Salvador, Guatemala y Perú, provenientes de altas autoridades estatales.

En Perú, se han registrado al menos dos asesinatos de defensores: Cristino Melchor Flores fue asesinado en la ciudad de Piura, mientras que Santiago Contoricon en la Comunidad Nativa Puerto Ocopa, en el distrito Río Tambo, Junín.

Ante ello, la CIDH insta a los Estados a llevar a cabo investigaciones rigurosas e imparciales, priorizando la posible conexión entre estos actos de violencia y la labor de defensa de los derechos humanos.

También solicita que se consideren enfoques de género y étnico-raciales en las investigaciones, juicios y sanciones de estos delitos, así como en la implementación de medidas reparatorias para las familias de las víctimas.

Los defensores de derechos humanos tienen un rol fundamental en fortalecer y consolidar las democracias, y la labor de los defensores ambientales es crucial para equilibrar la protección del ambiente y el desarrollo sostenible en América Latina.

La comunidad internacional debe unirse en la protección y promoción de los derechos humanos, y los Estados deben asumir su responsabilidad en la protección de aquellos que defienden los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, apuntan.

 

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