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¿Por qué el fujimorismo derogó el D. Leg. 1333?

Con los votos del fujimorismo se derogó norma que afectaba el respeto a las propiedades comunales. Lejos de un respaldo a la causa indígena, detrás de esta postura habría un interés político en contra del Gobierno. ¿Se mantendrá consecuente Fuerza Popular con postura asumida frente al decreto 1333?

Por José Díaz

Servindi, 29 de mayo, 2017.- En la última sesión del Pleno del Congreso, la mayoría parlamentaria fujimorista aprobó el proyecto que derogaba el decreto legislativo 1333, también conocido como “ley del despojo”. En lo que súbitamente se convirtió en una victoria para las poblaciones indígenas, se escondería un interés político de Fuerza Popular.

Para el legislador del Frente Amplio, Marco Arana, la actitud del fujimorismo que terminó beneficiando a la población indígena responde más a “un toma y daca” con el Gobierno que a una convicción por defender el derecho de las propiedades comunales.

“El fujimorismo no expuso problemas de fondo sino de forma. No han votado contra el decreto legislativo 1333 por convicción. Veamos cómo reaccionan frente a la iniciativa del Ejecutivo que pronto votaremos en el Congreso y que declara a las cabeceras de cuenca y lechos de río como espacios aplicables a la figura de obras por terrenos”, señaló a Servindi el legislador del Frente Amplio.

Esto quiere decir que la derogatoria del 1333 respondería más a un trasfondo político de crispación entre Fuerza Popular y el Ejecutivo que a un interés por apoyar la causa indígena.

No es que el fujimorismo se haya pasado al lado de la causa indígena. De hecho el proyecto de Consulta Previa lo tienen aguantado. Hay que estar atentos, esto no garantiza un compromiso del fujimorismo para la protección de las tierras de las comunidades”, advirtió Arana.

La derogatoria del 1333 respondería más a un trasfondo político de crispación entre Fuerza Popular y el Ejecutivo que a un interés por apoyar la causa indígena.

Cabe recordar que el D. Leg. 1333 implicaba la creación del Proyecto Especial de Acceso a Predios para Proyectos de Inversión Priorizados (APIP), un órgano que iba a tener el objetivo de priorizar la ejecución de obras de infraestructura sobre terrenos de comunidades campesinas e indígenas que aún no han sido regularizadas.

Esto generaba una mayor fragilidad si se toma en cuenta que los procesos de titulación y la base de datos indígena del Viceministerio de Interculturalidad aún permanecen inconclusos. ¿Será coherente el fujimorismo con su postura asumida frente al D. Leg. 133?

 

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