Se prevé su desarrollo en los próximos seis años mediante su aplicación con planes nacionales en los Estados parte.
Durante la Conferencia de las Partes (COP 3) del Acuerdo de Escazú, aprobaron el Plan de Acción sobre defensoras y defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.
El plan se estructura sobre cuatro ejes prioritarios: generación de conocimiento; reconocimiento; fortalecimiento de capacidades, y cooperación para la implementación entre las naciones que son partes del pacto.
Estos buscan que los Estados garanticen un entorno seguro y propicio para que las y los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad.
Para Marcos Orellana, relator especial de la ONU sobre sustancias tóxicas y derechos humanos, el desafío del plan es que los países redoblen esfuerzos para poner fin a la impunidad que normaliza la violencia.
Solo el 26 de este mes cuando Miguel Guimaraes, vicepresidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) volvió de la COP3 encontró su casa en Ucayali, vandalizada y con mensajes intimidatorios.
Miguel Guimaraes encontró su casa vandalizada a su regreso de la COP 3. Foto: Difusión
Según el último informe de Global Witness, en 2022 hubo 177 asesinatos de defensores de derechos ambientales en el mundo, 88 % fueron en América Latina y el Caribe.
“Por décadas, las industrias extractivas han sido responsables de violaciones a los derechos humanos, particularmente de pueblos indígenas y comunidades locales en zonas de sacrificio ambiental”, advierte Marcos Orellana.
Algunos ejemplos son la presencia de niveles peligrosos de toxinas en la sangre de diez millones de peruanos tras décadas de actividad minera, y el hostigamiento continuo a ambientalistas que luchan contra incendios ilegales y ocupación de tierras en la Amazonía brasileña.
Pressenza informó que Argentina, Belice, Chile, Ecuador, México, Santa Lucía y Uruguay compartieron sus planes nacionales, en construcción o ya aprobados, para una progresiva implementación del tratado.
El Acuerdo de Escazú ha sido ratificado hasta ahora por 15 estados: Antigua y Barbuda, Argentina, Belice, Bolivia, Chile, Ecuador, Granada, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, y Uruguay.
Elsa Juc Suc, coordinadora de Derecho y Cultura de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques, dijo que seguirán presionando a los países que no ratifican el acuerdo para que lo hagan y los que ya lo hicieron, para que amplíen su implementación.
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