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Estalla crítica situación en los penales: 9 muertos y 67 heridos

Penal Castro Castro. Foto: AP

El último amotinamiento, en el penal Miguel Castro Castro, dejó 9 muertos y muchos heridos, entre trabajadores, policías y reos. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos se pronunció frente a los actos de violencia y la vulnerabilidad de los internos frente al CoVID-19.

Servindi, 29 de abril, 2020.- El lunes 27 de abril se realizaron hechos violentos y motines en los penales de Huancayo, Ica, Chiclayo y “Miguel Castro Castro” (en Lima), con 9 internos muertos y 67 heridos en este último.

Frente a la grave situación de las Personas Privadas de Libertad (PPL) por la emergencia del CoVID-19, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) emitió un pronunciamiento para las autoridades competentes y la opinión pública.

En el comunicado se señalan cinco puntos que evidencian la situación de los internos y su vulnerabilidad frente al CoVID-19. A la fecha, la cifra de contagiados alcanza a 645 internos a nivel nacional.

Las malas condiciones de hacinamiento en que viven 95 548 internos -según datos del Instituto Nacional Penitenciario-, sumando la grave salud del 55% de ellos a nivel nacional, aumentan la posibilidad de contraer el CoVID-19.

Asimismo, el impacto de la pandemia en penales se hace más crítica. Según medios de comunicación, en los penales se habrían aplicado 1 107 pruebas rápidas. Más del 50 por ciento dieron positivo.

Por otra parte, la falta de información e incertidumbre vienen generando malestar en los internos, sus familias, y también en los trabajadores penitenciarios. En los meses de marzo y abril, se han generado 10 motines a nivel nacional.

Los penales de Río Seco (Piura), Picsi (Lambayeque), El Milagro (La Libertad), Ancón 1 y 2 (Lima), Yanamilla (Ayacucho), Huamancaca (Junín) y Castro Castro (Lima) han provocado el fallecimiento de 14 personas, y más de 45 heridos.

Asimismo, el comunicado aseguró que es responsabilidad del Estado peruano garantizar la vida, integridad y salud de las Personas Privadas de Libertad (PPL).

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomienda "adoptar medidas para enfrentar el hacinamiento de las unidades de privación de la libertad, incluida la reevaluación de los casos de prisión preventiva…".

En otra situación, el personal penitenciario también se encuentra en vulnerabilidad. El 26 de abril, el jefe del INPE Gerson Villar Sandy, comunicó que 179 trabajadores dieron positivo en CoVID-19.

El Sindicato de Trabajadores Penitenciarios señala que “estamos en una situación de absoluto abandono” pues las 13 000 pruebas rápidas prometidas no se han realizado, ni se ha ofrecido explicación sobre el avance de estas.

Considerando la gravedad de la situación de los penales y la alta vulnerabilidad de las Personas Privadas de Libertad a contraer el COVID-19, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos propone:

  • Adoptar medidas urgentes para reducir el número de PPL, incluyendo la variación de las medidas de detención preventiva, la conversión de la pena privativa de libertad para personas que han cumplido la mayor parte de su condena y para internos de baja peligrosidad social como los deudores alimentarios, el otorgamiento de gracias presidenciales, y el retorno de presos extranjeros a sus países de origen, priorizando a las PPL que se encuentran internados en los centros penitenciarios con mayor hacinamiento y cuentan con condiciones previas que los hacen más vulnerables.
  • El INPE debe garantizar los derechos de acceso a la información y a la comunicación de las PPL. Urge establecer canales y medios de comunicación que permitan el contacto de las PPL con sus familiares e instituciones de soporte. Del mismo modo se debe fomentar la participación de las PPL en el diseño e implementación de las medidas de contención dentro de los penales.
  • Al MINSA le toca actuar en la emergencia de los penales para garantizar el acceso a servicios de salud para las PPL. Deben diseñarse protocolos para el aislamiento de casos dentro de los penales, el tratamiento de las personas afectadas y el retiro de los cuerpos en caso de fallecimiento. Por su parte, el INPE debe mejorar la infraestructura de saneamiento dentro de los penales, así como el acceso a una alimentación adecuada para las PPL.
  • Del mismo modo, urge garantizar las condiciones y los implementos de bioseguridad que faciliten la labor que desarrollan las y los trabajadores del INPE, así como, la aplicación de pruebas rápidas.

Lima, 28 de abril del 2020 

 

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