Gustavo Gorriti, foto: IDL-R.
Servindi, 29 de marzo, 2024.- Una investigación preliminar compleja contra el periodista Gustavo Gorriti, director de IDL-Reporteros, dispuso el fiscal supremo provisional Alcides Chinchay quien ha requerido del periodista su teléfono y levantar el secreto de sus comunicaciones.
Según denuncia IDL-R la decisión del fiscal Chinchay vulnera el derecho de los periodistas a la reserva de fuente y constituye “un grave atentado a la libertad de expresión”.
El fiscal Chinchay, a cargo de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria, ha dado un plazo de cinco días para que Gorriti entregue la información del número telefónico que ha usado entre 2016 y 2021.
La orden fiscal indica que las investigaciones tendrán un plazo de ocho meses e incluyen al coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, y al fiscal José Domingo Pérez.
La disposición de inicio de investigaciones toma como argumento las declaraciones que el exasesor Jaime Villanueva hizo sobre Gustavo Gorriti como testigo en las investigaciones a la exfiscal de la nación Patricia Benavides.
El fiscal Chinchay investiga al director de IDL-R por el ‘caso cócteles’ y ‘la permanencia del fiscal Rafael Vela como coordinador del Equipo Especial Lava Jato’.
El único sustento que esgrime el fiscal Chinchay son las declaraciones de Jaime Villanueva, sobre los que IDL-R ha publicado informes que los desmienten de manera contundente.
Sobre Gustavo Gorriti
Gustavo Gorriti Ellenbogen es un periodista, columnista y escritor peruano conocido por sus reportajes sobre grupos subversivos, corrupción gubernamental y narcotráfico.
Es fundador de IDL-Reporteros, una unidad de investigación periodística dentro de la organización no gubernamental Instituto de Defensa Legal (IDL).
En 2005, fue nombrado presidente del Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), una sociedad de periodistas independientes que defiende las libertades informativas y promueva el periodismo de investigación.
Es miembro del Consorcio Internacional para Periodismo de Investigación y ha sido un colaborador frecuente de publicaciones internacionales, incluyendo The New York Times y Los Angeles Times.
Gustavo Gorriti inició su carrera periodística en la revista Caretas en 1981 donde cubrió la época del terrorismo en el Perú iniciado por el grupo terrorista Sendero Luminoso.
Dejó la revista para escribir el libro Sendero: Historia de la guerra milenaria en el Perú en la Universidad de Harvard, libro que publicó en 1990.
En 1992, cuando trabajaba para el semanario Caretas, denunció los vínculos entre el gobierno y los narcotraficantes, implicando en particular a Vladimiro Montesinos, el «jefe» del entonces presidente Alberto Fujimori.
La cólera suscitada por estos artículos llevó a un comando del ejército peruano a irrumpir en su domicilio y secuestrarle durante la crisis constitucional peruana de 1992, en la que Fujimori disolvió el Congreso y detuvo a varios opositores.
La esposa de Gorriti, que había estado presente en el secuestro, siguió un plan que ambos habían concertado previamente, llamando a organizaciones internacionales de prensa, así como al gobierno de Estados Unidos.
La inmediata presión internacional hizo que Gorriti fuera trasladado a detención oficial al día siguiente, una respuesta que, según dijo más tarde, probablemente le salvó la vida. Fue liberado el 8 de abril, dos días después de su secuestro inicial.
En 2009, Fujimori fue declarado culpable por un tribunal peruano de ordenar el secuestro de Gorriti, entre otros abusos contra los derechos humanos, y condenado a 25 años de prisión.
En noviembre de 2021, su antiguo asesor, Vladimiro Montesinos, fue condenado a 17 años de prisión por el secuestro de Gustavo Gorriti.
En 2023, Gorriti recibió diversos ataques por parte del colectivo de extrema derecha llamado La Resistencia, tanto en su domicilio como en IDL-Reporteros.
El portal web de IDL denunció la vinculación del fujimorismo de La Resistencia y varios grupos extremistas afines como La Insurgencia, Los Combatientes y Los Patriotas
Por tales motivos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de Gustavo Gorriti a fines de 2023.
Según Carlos Rivera Paz, abogado del IDL, se habría reportado siete campañas de desinformación hacia Gorriti, al vincularlo sin fundamento con organizaciones como Odebrecht y Movadef.
Los motivos de los ataques Gustavo Gorriti son de carácter principalmente político a quién se le acusa de parte de la “caviarada” un termino despectivo usado principalmente por la extrema derecha para referir a personas de filiación progresista.
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