Unsplash/Byron Jimenez Protesta en las calles de Bogotá, Colombia, en abril de 2021. (Foto de archivo)
De hacerlo, algunas de las 228 personas que protestaron en 2021 y fueron acusadas de cometer delitos graves como terrorismo podrían enfrentar más de 22 años de prisión.
Servindi, 29 de marzo, 2023.- Un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos solicitó a Colombia no usar de forma indebida leyes antiterroristas para procesar a quienes participaron en protestas contra el Gobierno.
De hacerlo, algunas de las 228 personas que protestaron en 2021 y fueron acusadas de cometer delitos graves como terrorismo y conspiración para delinquir podrían enfrentar más de 22 años de prisión.
“Utilizar cargos tan atroces para perseguir conductas violentas durante las protestas supone una grave amenaza para la defensa y protección de derechos humanos”, advierten los expertos.
El hecho también afectaría las libertades fundamentales y podría tener “un efecto amedrentador” que fomentará “las campañas de vilipendio contra los movimientos de protesta en el país”, agregan.
Desde las protestas con las políticas del Gobierno, más de 180 manifestantes permanecen en prisión o bajo arresto domiciliario, pese a que legislación permite que lleven el proceso en libertad.
Entre los detenidos, según la información alcanzada a la ONU, hay manifestantes pacíficos y jóvenes que presuntamente dañaron bienes públicos y privados y participaron en actos violentos y destructivos.
En esa línea, los especialistas piden a las autoridades colombianas que garanticen que los cargos presentados se ajusten al derecho internacional y a las normas de derechos humanos.
“Las personas violentas entre manifestantes pacíficos deben ser tratadas con justicia y de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos”, recordaron en un pronunciamiento.
En el escrito también expresan su preocupación por la presunta “estigmatización y acoso judicial” a defensores de derechos humanos, reporteros y abogados defensores de procesados en el contexto de esos procedimientos.
Así, subrayan que las decisiones “de procesar, mantener en prisión preventiva, condenar o conceder indemnizaciones por daños y perjuicios a manifestantes deben cumplir con algunos requisitos”.
Entre ellos, los requisitos de necesidad, proporcionalidad y no discriminación establecidos en el derecho internacional de los derechos humanos.
El pedido es firmado por:
- Clément N. Voule, relator especial de la ONU sobre el derecho de reunión pacífica y de asociación
- Fionnuala Ní Aoláin, relatora especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo
- Mary Lawlor, relatora especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos
- Irene Khan, relatora especial sobre la Libertad de Opinión y Expresión
- Miriam Estrada-Castillo (presidenta relatora)
- Mumba Malila (vicepresidente)
- Ganna Yudkiviska, Priya Golapan, Matthew Gillett, Grupo de Trabajo sobre detención arbitraria
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