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Exigen protección para Olivia Bisa y defensores/as

Olivia Bisa, presidenta de la Nación Chapra. Foto: Facebook de Cuencas Sagradas. Olivia Bisa, presidenta de la Nación Chapra. Foto: Facebook de Cuencas Sagradas.

Servindi, 29 de febrero, 2024.- Un conjunto de organizaciones y colectivos se sumaron al llamado de las Naciones Unidas para exigir al Estado peruano medidas de protección y seguridad para Olivia Bisa Tirko, presidenta de la Nación Chapra, amenazada de muerte.

Mary Lawlord, Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la Situación de las Personas Defensoras de Derechos Humanos, alertó sobre el riesgo que atraviesa Olivia Bisa y que la ha obligado a salir de su comunidad.

El pronunciamiento suscrito por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, grupos de trabajo y asociaciones civiles se aúna al llamado de la relatora y pide que la protección se extienda a su familia y a otras personas defensoras amenazadas.

Olivia Bisa lidera acciones para la defensa de derechos colectivos de la Nación Chapra y de otras naciones indígenas de la provincia Datem del Marañón, en Loreto, y de la Amazonía en su conjunto.

Su labor se orienta contra la contaminación petrolera, el avance del extractivismo y la imposición de obras de infraestructura sin consulta en territorios indígenas.

Ello ha conllevado que mafias criminales le hostiguen con recurrentes amenazas de muerte contra ella y sus menores hijos.

39 lideres indígenas asesinados

El pronunciamiento indica que en Perú 39 líderes indígenas fueron asesinados en los últimos 11 años y alrededor de 50 se encuentran actualmente amenazados de muerte.

De las personas defensoras registradas oficialmente por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) el 99 por ciento pertenece a algún pueblo indígena u originario.

Ello demuestra que el Mecanismo Intersectorial para Personas Defensoras de Derechos Humanos dispuesto por el Poder Ejecutivo en 2021 “tiene graves fallas de cumplimiento”.

De otro lado, el actuar del Poder Judicial y el Ministerio Público facilitan la impunidad de los sospechosos y agresores.

Así ocurrió en el caso Saweto en el que se anuló la sentencia a los acusados del asesinato de los cuatro líderes de la Comunidad Nativa Alto Tamaya Saweto ocurrido en 2014.

Una década después de los asesinatos, se retomó el caso disponiendo la realización de 30 audiencias, las cuales se iniciaron en noviembre de 2023 y que continúan sin concluir.

Contaminación de hidrocarburos

El Estado peruano se encuentra nuevamente empeñado en promover a nivel internacional la inversión en lotes petroleros sin haber remediado los derrames ocasionados por esta actividad.

Solo hasta 2021, según datos oficiales, se registraron derrames sistemáticos de 87 mil barriles de petróleo a nivel nacional, siendo la Amazonía la principal afectada.

El gobierno se desentienda de su obligación de remediación y sigue en su desenfrenada busca de concesionar lotes de hidrocarburos ignorando que se encuentran sobre territorios indígenas.

Entre las poblaciones afectadas se encuentran las poblaciones articuladas en los Gobiernos Territoriales Autónomos y en particular a los Pueblos en Situación de Aislamiento.

Congreso cómplice

El pronunciamiento ciudadano también denuncia la complicidad del Congreso de la República en la vulneración de los derechos como es el caso de la modificatoria de la Ley Forestal, Ley N. °31973.

Dicha norma vulnera los derechos territoriales de los pueblos indígenas y consagra el cambio de uso del suelo amazónico y la impunidad de los deforestadores.

A este conducta se agrega el constante rechazo a ratificar el Acuerdo de Escazú, el cual contiene disposiciones para afianzar la protección que se brindan a las personas defensoras del ambiente, como es el caso de Olivia Biso.

El 60 por ciento del territorio peruano está cubierto por bosques amazónicos, “área que nunca ha sido 'tierra vacía' sino el hogar de una diversidad de pueblos originarios del mundo y de valiosos ecosistemas”.

Finalmente, exigen que la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio del Interior, el MINJUSDH, el Ministerio de Cultura, las fiscalías y gobierno regionales salvaguarden la vida e integridad de Olivia Bisa y otras personas defensoras.

Asímismo, exigen al Congreso de la República derogar la Ley 31973 y ratificar el Acuerdo de Escazú.

Entre los suscritos se encuentran la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), el Grupo de Trabajo sobre Impactos de los Hidrocarburos (GTIH – CNDDHH), el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas (GTPPII-CNDDHH) y el Grupo de Trabajo sobre Personas Defensoras (GPDD-CNDDHH).

Asimismo, diversa organizaciones y colectivos como la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), Oxfam, Kené, EarthRights International (ERI) entre muchos otras instituciones.

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