Dinero sucio y destrucción de la Amazonía

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Servindi, 28 de octubre, 2023.- “Los delitos ambientales, como la minería y la tala ilegal, son el tercer tipo de actividad criminal más grande en el mundo y generan hasta 281 mil millones de dólares en ganancias cada año”.

Así lo destaca un informe titulado: “Descubriendo el papel de Estados Unidos en los flujos financieros ilícitos procedentes de delitos medioambientales en el Perú y Colombia” elaborado por la Coalición de Responsabilidad Financiera y Transparencia Corporativa (FACT).

Contra la percepción generalizada de que los delitos ambientales son delitos de “bajo riesgo y alta recompensa” el FACT sostiene que existen serios desafíos que dificultan la investigación y el procesamiento de estos delitos.

El secreto financiero –que los delincuentes ambientales utilizan para ocultar su identidad, facilitar sus operaciones y lavar el producto del crimen– no es una parte pequeña de esa ecuación.

Los Estados Unidos, como la economía más grande del mundo y el principal proveedor del secreto financiero, tiene un papel crucial que desempeñar al negar refugio financiero seguro a delincuentes que degradaron el Amazonas.

Los más de 100 miembros de la Coalición de Responsabilidad Financiera y Transparencia Corporativa (FACT), incluidas destacadas organizaciones ambientales, abogan por políticas para combatir los impactos dañinos de las prácticas financieras corruptas.

El nuevo informe de FACT se basa en entrevistas con activistas locales y regionales, líderes indígenas, expertos en lucha contra el lavado de dinero y funcionarios gubernamentales en Perú, Colombia y los Estados Unidos.

A través de ello, se muestra cómo el secreto financiero contribuye a facilitar estos delitos. El informe además expone una agenda integral de reformas de Estados Unidos.

Enfoque en el Caso Ocho Sur

Anholt Services, un holding estadounidense con sede en Connecticut, actuó como facilitador financiero de plantaciones de aceite de palma reiteradamente incumplidoras en la región peruana de Ucayali.

La plantación es propiedad de Ocho Sur, el segundo mayor productor de aceite de palma de Perú, que ha operado plantaciones de aceite de palma en tierras indígenas desde 2016.

A finales de 2020, se perdieron más de 17,000 acres de bosque en territorio indígena. Cuando el Gobierno peruano finalmente intervino para detener la operación, las plantaciones fueron simplemente vendidas y reorganizadas bajo una nueva entidad corporativa.

Esa acción fue respaldada una vez más por Anholt Services, así como por otro inversor estadounidense, Amerra Capital Management, miembro de la Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

Ocho Sur es una filial de Peruvian Palm Holdings, una empresa de las Bermudas cuyos directivos están vinculados a Amerra Capital. La opacidad de la reestructuración obstruyó los esfuerzos del gobierno por detectar y poner fin a estas prácticas engañosas.

La destrucción de la Amazonia peruana continuó en beneficio de los financieros estadounidenses, indica el informe.

La plantación se enfrenta actualmente a denuncias ante las Naciones Unidas y ante los tribunales peruanos por parte de comunidades indígenas que afirman haber sufrido pérdidas de numerosas hectáreas de tierra.

Acceda al resumen ejecutivo en español del informe a través del siguiente enlace:

 

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