A 20 años del informe de la CVR, fracturas perduran

Dos décadas después de la presentación del informe final de la CVR, las violaciones a los derechos humanos persisten y las recomendaciones han recibido poca atención.

Servindi, 28 de agosto, 2023.- Pese a que hace 20 años el informe de la CVR emitió recomendaciones para no caer nuevamente en la violencia y caminar hacia la convivencia pacífica, las violaciones a los derechos humanos se han repetido.

Así lo señala la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) que considera que el “doble escándalo” del asesinato, la masacre, las ejecuciones extrajudiciales y la indolencia continúan dos décadas después.

El balance de la CNDDHH es emitido este 28 de agosto cuando se cumplen 20 años de la publicación del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) sobre el conflicto armado interno.

Con motivo de este acontecimiento, la coalición de organizaciones que velan por los derechos humanos en Perú alerta sobre la poca atención e implementación de las recomendaciones del informe.

Esto, “a pesar de su potencialidad para construir una sociedad inclusiva y solidaria, basada en el bien común y la ética del cuidado, que nos permita convivir en paz y democracia”, indican en un pronunciamiento.

La Coordinadora también reafirma el principio de paz como imprescindible para la democracia, condena el autoritarismo en las últimas protestas y reconoce el derecho a la protesta pacífica.

Además, llama a atender el derecho a la participación política de los pueblos originarios y a cerrar filas “contra todo tipo de atentado a la institucionalidad democrática y contra todo tipo de violencia”.

 

Hallazgos del informe

Un 28 de agosto de 2003, la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) entregó su Informe Final sobre la barbarie vivida en el país entre los 1980 al 2000 durante el conflicto armado interno.

Este periodo “constituyó el episodio de violencia más intenso, más extenso y más prologando de toda la historia de la República” del Perú y dejó casi 70 mil víctimas fatales, según el informe.

Responsables

El Partido Comunista Peruano – Sendero Luminoso (PCP-SL) fue responsable del 54% de estas muertes, producto de la violencia terrorista que desplegaron en la puesta en práctica de su proyecto fundamentalista y totalitario.

En su búsqueda por destruir el “viejo Estado”, Sendero asesinó a autoridades locales y nacionales, además de dirigentes comunales, campesinos, sindicales o de organizaciones de mujeres.

También incurrieron en asesinatos selectivos, paros armados, masacres arrasamientos de comunidades y empleo de otros métodos terroristas como el uso de coches-bomba bajo la proclama de pagar una “cuota de sangre”.

Por otra parte, los agentes del Estado, los comités de autodefensa y los grupos paramilitares fueron causantes del 37% de las muertes; mientras que el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) lo fue del 1.5%

La reacción de las fuerzas estatales fue desproporcionada, vulnerando los derechos de inocentes en múltiples ocasiones, en medio de una condición de precariedad, sin la debida preparación y sin un verdadero apoyo gubernamental.

Entre 1983 y 1984, años en que se delegó a las Fuerzas Armadas el combate contra la subversión, se registró un mayor número de casos de ejecuciones arbitrarias, desaparición forzada, torturas y violencia sexual.

Atentados y asesinatos del terrorismo del PCP - SL. Foto: Congreso de la República

Víctimas

La violencia fue desmedida especialmente contra poblaciones rurales. El 79% de las víctimas vivían en zonas rurales y el 75% tenía el quechua u otra lengua nativa como idioma materno.

“La tragedia que sufrieron las poblaciones del Perú rural andino, quechua y asháninka, campesino, pobre y poco educado, no fue sentida ni asumida como propi por el resto del país”, concluyó también el informe.

Hubo manifestaciones del racismo de Sendero Luminoso hacia la población campesina e indígena, a la que consideraba como “masa que debía someterse a la voluntad del partido”.

Asimismo, los agentes del Estado sustituyeron su falta de conocimiento por la definición de una población genérica como el presunto enemigo: los ayacuchanos, los quechuhablantes, entre otros.

Familiares de víctimas de personas desaparecidas durante el conflicto armado.

Secuelas y reconciliación

La CVR reconoció el profundo y dañino impacto que tuvo el conflicto armado interno en la sociedad peruana: la descomposición moral, así como la acentuación de los problemas de desigualdad, de racismo, de pobreza y de falta de oportunidades.

Además, mencionó la importancia de reparaciones, dando una atención preferente a personas campesinas, indígenas y pobres quienes fueron las principales víctimas del conflicto, además de ser históricamente excluidas del Estado.

Finalmente, señaló la necesidad de la reconciliación como un pacto entre el Estado y la sociedad peruana en su conjunto, para la construcción de un país “multiétnico, pluricultural y multilingüe”.

 

Hatun willakuy. Versión abreviada del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación

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