Fiscales ambientales en contra de proyectos pro minería ilegal

Una de las propuestas plantea que ya no se destruya maquinaria incautada a mineros ilegales. Foto: Andina Una de las propuestas plantea que ya no se destruya maquinaria incautada a mineros ilegales. Foto: Andina

Cuestionan iniciativas que pretenden ampliar nuevamente el plazo para formalizar a mineros informales y otra que prohibiría destruir la maquinaria incautada a extractores ilegales.

Servindi, 28 de junio, 2023.- Los fiscales especializados en materia ambiental de Madre de Dios expresaron su rechazo frente a iniciativas del Congreso orientadas a facilitar la minería informal e ilegal.

Cuestionan iniciativas que pretenden ampliar nuevamente el plazo para formalizar a mineros informales y otra que prohibiría destruir la maquinaria incautada a extractores ilegales.

“Advertimos con profunda preocupación estos hechos, pues a ellos se suma el peligro constante que enfrentamos como operados de justicia frente a una actividad ilegal de gran envergadura”, sostienen.

La primera preocupación de los fiscales está relacionada a los Proyectos de Ley 2172, 2519 y 3621 que contemplan abrir nuevamente el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO).

Señalan que habilitar nuevamente este registro desnaturaliza su carácter excepcional y temporal, desincentiva la formalización y hace que sigan existiendo “mineros ilegales amparados en la formalización”.

“Llevamos desde el año 2002 un proceso de formalización eterno” cuya ampliación ha servido para que mineros ilegales digan “que esta vez sí será posible lograrlo”, indican los fiscales.

Por otra parte, la segunda propuesta que cuestionan es el Proyecto de Ley 2715-2022 que obligaría a que la maquinaria que incautan a extractores ilegales ya no sea destruida y pase a manos de gobiernos regionales y locales.

Los fiscales afirman que no tienen recursos económicos y logísticos para custodiar y trasladar dicha maquinaria ya que las interdicciones que realizan suelen ser en lugares con poco acceso y bastante alejados.

“Trasladar esta competencia a los gobiernos municipales y regionales, que tampoco cuentan con dichos recursos, debilitará este mecanismo, frente a la lucha contra la minería ilegal”, indican.

Además, advierten que la iniciativa atenta contra la autonomía del Ministerio Público y el carácter reservado de las interdicciones, puesto que todo operativo ahora tendrían que coordinarlo previamente con los gobiernos mencionados, y de no darse las condiciones logísticas, serían “frustrados”.

Por todo ello, los fiscales piden al Ejecutivo observar el proyecto de ley que fue aprobado por el Congreso casi a la media noche del 25 de junio, pese a las observaciones de tres ministerios.

El Ejecutivo tiene hasta hoy 28 de junio para observar o promulgar la norma. De no hacerlo, la norma regresaría al Congreso donde tienen la facultad legal para aprobarlo por insistencia.

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