Ley de impunidad es un duro golpe a la lucha contra la corrupción

Fuente de la imagen: Facebook de Elías Córdova. Fuente de la imagen: Facebook de Elías Córdova.

Servindi, 28 de mayo, 2023.- Pese al enorme descrédito en que se encuentra el Congreso de la República aprobó esta semana la denominada Ley de Impunidad, que fue inmediatamente promulgada por el Poder Ejecutivo.

La norma representa un duro golpe a la lucha contra la corrupción, pues afecta a la mayoría de delitos que se cometen en la administración pública, como patrocinio ilegal, peculado de uso, malversación de fondos públicos, abuso de autoridad, fraude procesal, etc., que tienen penas mínimas.

La norma modifica el artículo 84 del Código Penal y el artículo 339 del Nuevo Código Procesal Final con la finalidad de reducir a un año el periodo de “suspensión de prescripción”.

El plazo de prescripción es el periodo de tiempo que tiene el Estado para sancionar y juzgar un delito. 

En los delitos graves, esto no es un problema debido a que el plazo ordinario de prescripción se establece como el máximo de la pena para el delito cometido más la mitad.

Sin embargo, la mayoría de delitos que se cometen en la administración pública tienen penas menores a 4 años de prisión, con lo que la prescripción es de solo 6 años.

Además, está el caso de que algunas de las personas que cometen estos delitos son altos funcionarios que antes de ser procesados, deben pasar por el antejuicio en el Congreso.

Considerando que muchas veces los delitos se conocen tiempo después surgió la figura de suspensión que interrumpe el plazo de la prescripción hasta que se culmine el paso previo del antejuicio o una extradición, entre otras posibilidades.

Con la norma aprobada y promulgada numerosos procesos quedarían inconclusos y obstruidos, favoreciendo la impunidad de los procesados.

Tal como lo reportó el diario La República en su edición dominical, el Congreso ignoró las opiniones del Poder Judicial, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, contra dicha iniciativa legal.

La norma fue aprobada con votos de Fuerza Popular (19), Perú Libre (13), Acción Popular (12), Alianza para el Progreso (8) y Bloque Magisterial (7).

 Además, Renovación Popular (5), Avanza País (3), Podemos Perú (4), Perú Bicentenario (6), Somos Perú (4) y no agrupados (7).
 

La norma es tan arbitraria que José Williams Zapata, presidente del Congreso de la República, admitió que la norma podría favorecer a investigados que cuenten con la responsabilidad de los delitos que se le imputan.

“Es cierto que es muy probable que, así como camina lamentablemente la justicia por sus trámites, por la falta de presupuesto y también por sus competencias, que los tiempos vayan a vencer”.

“Un año como que queda bastante corto para solucionar el problema y podrían haber algunas personas que son presuntos delincuentes y beneficiarse”, afirmó José Williams Zapata.

La norma beneficia a excongresistas, exmagistrados y exministros investigados por delitos de patrocinio ilegal, peculado de uso, malversación de fondos y encubrimiento real.

Uno de los primeros beneficiarios sería el prófugo exjuez supremo César Hinostroza Pariachi y otros implicados en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto. 

 

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