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Piden priorizar, sumar y coordinar esfuerzos por el derecho a la vida

El Estado debe respaldar y promover iniciativas de autogestión ciudadana y comunitaria para contener el COVID-19 y facilitar recursos y soporte técnico.

Servindi, 28 de mayo, 2020.- La pandemia del coronavirus (COVID-19) revela desigualdades estructurales que provocan que no todos tengan el mismo riesgo de contagio, advierte la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).

"Las zonas más pobres, rurales e indígenas son las de mayor riesgo de infección, debido a la lenta e ineficiente respuesta del Estado" indica la Coordinadora, en un pronunciamiento público.

La situación urge fortalecer las respuestas sanitarias diversificando estrategias para la contención y tratamiento del COVID-19.

Se requiere mantener medidas como la cuarentena, y aplicar otras más focalizadas en las regiones más afectadas, junto a campañas de prevención y organización comunitaria local que frenen la expansión.

Urge reforzar el sistema de salud y al personal médico, garantizando el acceso oportuno, tratamiento y el cuidado integral en los centros médicos de primer nivel de atención del país.

Además, es necesario mejorar la coordinación entre los sectores del estado, como el Ministerio de Salud (MINSA) y el Seguro Social de Salud (EsSalud).

Otra medida propuesta por la Coordinadora es brindar una protección económica a todos los ciudadanos, desde un enfoque de derechos y atención universal.

Observa que los bonos y canastas se han mostrado insuficientes e ineficientes, lo que obliga a las familias a buscar ingresos para alimentarse. Es por esto que urge un Bono Familiar Universal para que se le garantice un ingreso básico a la gente durante la cuarentena.

Por otro lado, es necesario reconocer y promover la participación de las comunidades y de la sociedad en este enfrentamiento con el COVID-19.

La población se ha organizado para contener el COVID-19 y ha soportado la falta de recursos y alimentos. Las rondas campesinas, comunidades y federaciones indígenas han tenido una buena reacción, controlando el ingreso a sus territorios.

Es por esto que el Estado debe respaldar y promover estas iniciativas facilitando recursos y soporte técnico que mejore y multiplique estas actividades de autogestión ciudadana y comunitaria.
 

Frente al impacto de la pandemia el estado debe garantizar y priorizar el derecho a la vida y salud de las y los peruanos

Pronunciamiento

La situación de la pandemia del COVID-19 en el Perú se hace cada día más dramática. Con más de 129 mil casos de personas contagiadas y más de 3700 fallecidos, el Perú forma parte de los países con más alta tasa de casos confirmados y mayor mortalidad en el mundo (1). Pese a la pronta reacción del gobierno, que declaró el estado de emergencia dictaminando medidas como la cuarentena obligatoria, y otras complementarias, los resultados no han sido los esperados. Las regiones de la costa norte del país (Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, y Áncash), Loreto e Ica alcanzan las más altas tasas de letalidad del país, superando a Lima de 3 a 6 veces más. Y otras regiones, en la Amazonía, como Amazonas y Ucayali, empiezan a incrementar en forma preocupante el mismo indicador (2). Las capacidades y límites del sistema de salud son evidentes, así como las graves condiciones en que trabaja el personal médico. La gravedad de la situación ha sido determinante para que el día viernes 22 de mayo el presidente Martín Vizcarra anuncie la ampliación del Estado de emergencia hasta el día 30 de junio. Si bien algunos sectores como deliverys y servicios técnicos podrán empezar a funcionar, continuará la cuarentena y las medidas de inmovilización social obligatoria.

Reconociendo la importancia de extender la cuarentena y demás medidas de contención sanitaria, es necesario reconocer las causas por las cuales no han funcionado y no funcionará si éstas no se corrigen. En un país con una amplia estructura de empleo informal e independientes, asegurar que las personas se quedarán en sus casas requería adoptar medidas económicas subsidiarias con criterio universal, la debida celeridad y medio de cobro. El primer bono de S/380.00 no ha terminado de pagarse y el siguiente, de S/760, extendido a las familias, apenas ha empezado a distribuirse. Es imposible que se les pida a las familias pasar más de tres meses en cuarentena sin ingresos. A pesar que el gobierno dijo que existían fondos para enfrentar la crisis, se continúa limitando los recursos para las y los peruanos más vulnerables.

La pandemia ha revelado desigualdades estructurales que han conducido a que no todos tengan el mismo riesgo de contagio, y que las zonas más afectadas resulten ser las más pobres y/o desatendidas por el Estado en sus distintos niveles. La gravedad de la situación también alcanza a los pueblos indígenas, principalmente amazónicos, para quienes la respuesta ha sido particularmente lenta e ineficiente. La situación de las personas privadas de libertad en los penales también es crítica, el nivel de hacinamiento, las altas tasas de enfermedades crónicas, los casos de COVID-19 y la desatención del INPE hacen prever un desastre.  Las y los migrantes venezolanos, ya expuestos a condiciones de total precariedad, se ven hoy en mayor riesgo por la ausencia de políticas de contención de la pandemia hacia esta población. Del mismo modo, la situación de las mujeres continúa siendo crítica por los casos de violencia y feminicidios que se producen en medio de la inmovilidad social, especialmente cuando el hogar no es un lugar seguro.

Las y los trabajadores vienen siendo afectados no sólo por la crisis sanitaria sino también por la vulneración de sus derechos, como ha ocurrido con la “suspensión perfecta de labores”, medida aprovechada por las grandes empresas para dejar sin pago a miles de trabajadores formales. Así mismo es grave que sectores privilegiados, como la minería y la agroexportación, no hayan paralizado o reducido sus labores, dejando centenares de trabajadores contagiados y afectando el entorno comunitario y social de estos enclaves productivos. El apoyo a la reactivación económica, y la entrega del 12% del PIB, hasta ahora parece priorizar a la gran empresa y el sector financiero.

En las actuales circunstancias, el gobierno y todos los poderes del estado deben constituirse en verdaderos garantes del derecho a la salud y la vida de las y los peruanos, priorizándola, frente a quienes presionan porque se "retome el camino del progreso y desarrollo" responsable de las debilidades institucionales para responder hoy a la pandemia. La reactivación de la economía no puede darse a costa de arriesgar las condiciones de la salud y la vida de las personas.

En este escenario consideramos urgente priorizar lo siguiente:

  • Fortalecer la respuesta sanitaria diversificando estrategias para la contención y tratamiento del CODIV-19. Esto implica mantener medidas como la cuarentena nacional, y posteriormente una cuarentena focalizada en las regiones más afectadas, junto a una intensiva campaña de prevención y organización comunitaria local que frene la expansión del virus. Urge reforzar el apoyo al sistema de salud y al personal médico, garantizando el acceso oportuno y el tratamiento y cuidado integral en todos los hospitales y centros del primer nivel de atención del país, así como mejorar la coordinación entre los sectores del estado como MINSA y ESALUD. Es necesario además vigilar y sancionar la corrupción en diversos niveles para la adquisición de insumos, así como la especulación de precios en los medicamentos procurando un efectivo control y fiscalización. Estas acciones requieren ser ejecutadas con prontitud, avanzando a la vez hacia una profunda reforma integral del sistema de salud.
  • Priorizar la atención de las poblaciones más afectadas y en riesgo al COVID-19. La pandemia en el Perú afecta mucho más a los grupos ya afectados por diversas situaciones de vulnerabilidad. Es urgente la adecuada implementación y atención a los desplazados internos por la crisis que buscan volver a sus regiones de origen asegurando presupuesto coordinación intergubernamental. Se debe asegurar también la debida atención a los pueblos indígenas proporcionando los recursos necesarios y consensuado con sus organizaciones para minimizar el riesgo de contagios y abordaje de casos. Urge atender la situación de las cárceles por el alto riesgo que significa para las y los internos, trabajadores penitenciarios y sus familias; a los migrantes extranjeros que no están siendo alcanzados por las políticas del gobierno, a las víctimas del conflicto armado interno y a las víctimas de esterilizaciones forzadas.
  • Brindar protección económica a todas y todos los peruanos desde un enfoque de derechos y atención universal. Los subsidios focalizados, como bonos y canastas se han mostrado insuficientes e ineficientes, y no llegan a tiempo ni a todas las familias que lo necesitan para vivir durante tres meses. Este es uno de los factores por el que la gente no tiene opción de guardar la cuarentena y se ve obligada a ganarse algo para comer. Por ello, urge corregir la entrega del Bono Familiar Universal a fin de garantizar un ingreso básico a las personas mayores de 18 años por dos meses consecutivos. Existen los recursos para ello, tal como lo ha manifestado el MEF. Debe garantizarse continuidad de la cuarentena con la protección económica de las personas.
  • Reconocer y promover la participación de las comunidades y de la sociedad en la lucha contra el COVID-19. Debe reconocerse que la población se ha organizado para contener el virus y también para resistir a la falta de recursos y el hambre. Las rondas campesinas y comunidades indígenas han tenido una adecuada reacción controlando el ingreso a sus territorios, del mismo modo lo han hecho las federaciones indígenas amazónicas. En las ciudades se han organizado ollas comunes y comedores populares que han permitido salidas colectivas a la supervivencia. Es importante que el estado respalde y promueva estas iniciativas facilitando la adecuada disposición de recursos y soporte técnico que mejore y multiplique estas iniciativas de autogestión ciudadana y comunitaria. Se trata de apoyar y facilitar la respuesta social frente a la pandemia que se gesta de múltiples formas en el país.

Finalmente, exhortamos al gobierno y a todos los poderes del estado, en sus distintos niveles, así como a las organizaciones de sociedad civil y a la ciudadanía en general, a priorizar, sumar y coordinar esfuerzos en defensa del derecho a la vida y a la salud de millones de peruanos y peruanas. Del mismo modo hacemos un llamado para avanzar hacia una profunda reforma integral del sistema de salud para que las circunstancias de hoy no se repitan mañana.

Lima, 27 de mayo del 2020

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(1) Fuente: Coronavirus Resource Center de la Johns Hopkins University. Sección: Tendencias Criticas, actualizada al 26- 05-2020. Enlace: https://coronavirus.jhu.edu/data/mortality 
(2) Fuente: Sala Situacional del Minsa. Página 1, actualizada al 26-05-2020. Enlace: https://covid19.minsa.gob.pe/sala_situacional.asp

 

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