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Los casos ganados: jurisprudencia sobre criminalización de defensores/as

Servindi, 28 de mayo, 2020.- La jurisprudencia y el analisis de nueve casos emblemáticos referidos a la criminalización de defensores/as de derechos humanos en el Perú fueron compartidos por el Instituto de Defensa Legal (IDL).

Mediante un documento de trabajo y enlaces a las sentencias se analizan nueve casos litigados y ganados por el movimiento nacional de derechos humanos y que señalan un derrotero importante para la defensa de los defensores en el Perú y en el plano internacional.

El documento y la recopilación de los fallos corresponde al tesonero trabajo del abogado Juan Carlos Ruiz Molleda, coordinador del equipo de Litigio Constitucional del IDL, institución que intervino en siete de los nueve casos analizados. 

Acceda al documento con un clic en la imagen o en el siguiente enlace:

Constitucionalidad de la protesta social

El documento destaca que la persecución judicial de defensores de derechos humanos en el Perú se produce fundamentalmente en contextos de protestas sociales, en el que la Policía Nacional del Perú se convierte en un agente de criminalización de defensores.

Ello ocurre por que se desconoce la cobertura constitucional del derecho a la protesta social y, en particular, la Policía Nacional, "no entiende qué significa el ejercicio de la protesta y su carácter disruptivo".

Además, existe una concepción autoritaria del derecho a la protesta que lo percibe como sinónimo de caos y desorden.

Así, la policía se encuentra lejanda de cumplir su rol de protección de las personas que impulsan actos de protesta social.

El problema de fondo es que prevalece un desconocimiento de los estándares de derechos sobre la protesta social tanto en los operadores de justicia, como en las fuerzas policiales, y desconocen la función de los defensores de derechos humanos.

Hoja de ruta para los defensores

El documento no se queda sólo en el análisis descriptivo de los casos sino que señala una hoja de ruta para avanzar en el tema.

Propone, por ejemplo, la necesidad de diferenciar las medidas de fuerza legítimas de los actos de violencia y vandalismo.

En esa perspectiva, es necesario reflexionar con los actores sociales sobre los límites del derecho a la protesta social.

El documento también se refiere al Test de proporcionalidad como una herramienta para evaluar la constitucionalidad de las medidas de fuerza que restringen derechos.

Subraya al Poder Judicial como un órgano de control del gobierno en el marco del diseño constitucional.

Finalmente, concluye que los procesos judiciales pueden ser mecanismos idóneos para proteger a los defensores de derechos humanos en la medida que el sistema de justicia tiene un mínimo de independencia respecto del Gobierno.

Enlaces a sentencias en casos de criminalización de defensores y defensoras

1. El caso de la detención de los trabajadores de la Vicaría de Solidaridad de la Prelatura de Sicuani por mediar en el conflicto del Espinarazo

Ver sentencia 1ra instancia:

Sentencia 2da instancia:

Sentencia del TC:

Resolución del TC respuesta al recurso de aclaración:

2. El caso de la detención arbitraria de Marco Arana por pronunciarse contra la actividad minera

Sentencia 1ra instancia:

Ver sentencia de 2da instancia:

3. El caso de la detención del activista ambientalista Mc Auley por participar en manifestaciones públicas contra la contaminación ambiental

Ver resolución de Migraciones que revoca permiso de residencia:

Resolución cautelar del juez 1ra instancia:

Resolución del TC:

4. El caso de la detención arbitraria de la activista ambientalista canadiense Jennifer Moore por participar en la difusión de un video que critica malas prácticas de una empresa minera

Sentencia 1ra instancia:

Sentencia 2da instancia:

5. El proceso penal contra líderes kichwas y achuar por tomar el aeródromo de Andoas en protesta por la contaminación de su territorio

Sentencia 1ra instancia:

Sentencia 2da instancia:

6. El proceso penal contra el líder awajun Zebelio Kayap por ejercer justicia indígena en defensa su territorio y sus recursos naturales

Sentencia de la Corte Suprema:

7. El proceso penal contra los líderes que protestaron contra el Gobierno por desconocer la consulta previa (El Baguazo)

Sentencia del Baguazo de 1ra instancia (Sala Penal Corte de Amazonas):

8. El proceso penal contra defensores de derechos humanos por denunciar la muerte de campesina por contaminación (Caso Fernando Osores y Juan Carlos Ruiz Molleda)

Sentencia de jueza de 1ra instancia:

9. Proceso penal contra líderes de comunidades campesinas que protestan contra el Gobierno por despojarlos de sus territorios (Caso Anabi)

Sentencia 1ra instancia:

 

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