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Compartimos un artículo sobre una experiencia que destaca la importancia de las consultas continuas como procedimiento para beneficiar a las comunidades y cómo este tipo de prácticas resultan mejorando la sostenibilidad del proyecto.
Cómo las consultas beneficiaron a las comunidades en Perú y mejoraron la sostenibilidad del proyecto
Por Michael Kent
29 de abril, 2017.- El proyecto de la Carretera Longitudinal en Perú pone de manifiesto tanto los desafíos para realizar consultas con las poblaciones indígenas como las oportunidades que dichas consultas ofrecen para mejorar los proyectos. Ubicada en un área de población predominantemente quechua, la carretera atraviesa 25 comunidades campesinas.
Si bien la ruta trae importantes beneficios a estas comunidades, y las consultas públicas iniciales demostraron un alto grado de apoyo al proyecto por parte de la población local, su construcción también implicó el reasentamiento de al menos 400 familias. Dada la escala del reasentamiento, nuestras políticas de reasentamiento involuntario y de pueblos indígenas exigieron que el proyecto alcanzara acuerdos formales con las comunidades afectadas antes de su aprobación.
Las comunidades campesinas son una forma de organización social tradicional en los Andes, donde la tierra es mayormente de propiedad colectiva. Las comunidades son manejadas por juntas directivas con miembros que rotan cada dos años, pero el poder de la junta es limitado y las asambleas generales toman las decisiones importantes por consenso. Estas comunidades se caracterizan por una fuerte cohesión social y fuerte control territorial, por lo que lograr su apoyo es vital para un proyecto como el de la Carretera Longitudinal.
Para respetar los procesos tradicionales de toma de decisiones, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) exigió que el proyecto consultara con cada una de las comunidades afectadas separadamente acerca del plan de reasentamiento y obtuviera acuerdos con cada asamblea general que quedaban asentados en actas. Lograr esto en 25 comunidades fue una tarea particularmente compleja.
Cuando el BID se involucró en el proyecto, se estimaba la necesidad de reasentar unas 1.300 viviendas, para las cuales los afectados solamente recibirían compensaciones monetarias. Debido a la geografía accidentada del área, muchas familias no hubieran sido capaces de reestablecer sus viviendas dentro de sus comunidades. Las consultas realizadas en el marco del plan inicial de reasentamiento habían revelado que las personas afectadas temían verse forzadas a mudarse a algún otro sitio.
Un primer paso fundamental hacia obtener acuerdos fue ajustar el diseño de la ruta y mejorar el proceso de reasentamiento, reduciendo la cantidad de hogares afectados a 520 (con una futura reducción potencial a 400, a través de la construcción de desvíos para evitar áreas densamente pobladas). Medidas adicionales de reasentamiento garantizan que las familias afectadas puedan permanecer en sus comunidades y evitar serias disrupciones a sus lazos sociales y medios de vida. Estas medidas incluyen construir nuevas viviendas y habilitar nuevas áreas apropiadas para la construcción de viviendas.
Realizar consultas en forma reiterativa y utilizar sus resultados para mejorar el proyecto fueron factores claves en la obtención de los acuerdos.
El plan mejorado de reasentamiento fue seguido por un proceso de consulta de dos pasos. Primero, se llevaron a cabo reuniones preliminares con las juntas directivas para presentar las mejorías al proceso de reasentamiento y preparar las asambleas generales. El segundo paso fue un intenso período de tres semanas de consulta con las asambleas generales.
El BID y el prestatario discutieron los acuerdos y presentaciones de antemano para garantizar que cumplirían con los requisitos de las políticas de salvaguardias. Si bien el español es el lenguaje principal durante las reuniones comunitarias, también se contó con un traductor a quechua para facilitar la completa comprensión de todos los miembros de la comunidad, incluyendo las mujeres y los ancianos. Estos esfuerzos resultaron en que 24 de las 25 comunidades firmaran actas expresando su acuerdo. Se esperaba que la asamblea general de la comunidad restante ratificara el acuerdo a comienzos de 2017. Alcanzar este acuerdo final es un prerrequisito para que el BID comience el desembolso de los fondos.
Realizar consultas en forma reiterativa y utilizar sus resultados para mejorar el proyecto fueron factores claves en la obtención de los acuerdos. Esto también significa que las consultas no culminan allí. El plan de reasentamiento incluye una serie de medidas para garantizar la participación continua de las comunidades afectadas durante todo el proceso de reasentamiento.
Lea más sobre este caso y sobre otros ejemplos de sostenibilidad en el Informe de Sostenibilidad del BID 2016.
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