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Las Bambas: un conflicto que demuestra que el Estado no aprendió de los baguazos

Foto: Gestión

Para entender el conflicto actual de Las Bambas, es necesario entender la realidad de los departamentos del sur que urgen de una intervención articulada del Estado y la empresa privada, para ampliar la cobertura de agua potable, servicios educativos, infraestructura social básica, seguridad alimentaria y salud, etc.

Por Elmer Antonio Torrejón Pizarro*

30 de marzo, 2019.- El proyecto minero Las Bambas, está ubicada a más de 4,000 m.s.n.m., entre las provincias de Cotabambas y Grau, Región Apurímac, a 72 km al suroeste de la ciudad de Cusco. Las Bambas tiene una capacidad instalada de 145,000 toneladas por día, produciendo principalmente cobre y molibdeno; y durante el 2017, la producción superó las 450,000 toneladas de cobre. El año 2018 el proyecto tuvo 1,900 empleos directos y 7,000 indirectos.

A octubre del 2018, la cartera de proyectos mineros en el Perú ascendía a más de 59 mil millones de dólares, según información del Ministerio de Energía y Minas (MEM), y la minería tiene un peso aproximado del 10% en el Producto Bruto Interno. Los proyectos de cobre tienen una participación de 71%, seguido por el oro y la producción de hierro.

Según el MEM, la mayoría de cartera de proyectos mineros, actualmente se sitúan en la Macro Región Sur (Arequipa, Cusco, Tacna, Moquegua, Puno, Apurímac, Huancavelica, Ica y Ayacucho), con un 64% del total nacional, indicando de esa manera que esta parte del Perú, se ha convertido en el principal espacio para la actividad minera. Correspondiente a esta realidad, los departamentos del sur están expuestos a mayor conflictividad socioambiental que demanda mejorar los instrumentos de diálogo y construcción de escenarios de desarrollo sostenible. Si en años anteriores la inversión minera se focalizaba en departamentos del norte peruano como Cajamarca o Ancash, hoy el mayor dinamismo de la inversión minera se ha trasladado al sur peruano.

Para la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Apurímac se puede convertir en corto plazo, en un potencial espacio minero, ya que en dicha región se encuentran ubicados los proyectos Hierro Apurímac, Los Chancas, Huaquira, Cotabambas, Trapiche y Anubi, que implicarán una inversión superior a los 10,000 millones de dólares. Solo con el proyecto Las Bambas (Apurímac), el año 2016 se tuvo una inversión de 10,000 millones de dólares.

A marzo del 2018 según el MEM, el departamento de Cajamarca, concentraba el mayor monto de inversión en construcción de proyectos mineros con 16,209 millones de dólares (27.7% del total) y 6 proyectos; y en segundo lugar se encontraba Apurímac, con 11,353 millones de dólares y 7 proyectos en cartera, representando el 19.4% del monto global de inversiones.

Hasta hace unos pocos años, la minería en Apurímac ha sido poco relevante, y por ende no ha existido una organización previa. Hoy no es así, es muy diferente y que irá transformando drásticamente el actual panorama económico y socioambiental de Apurímac y todo el sur. Esta situación conllevará a estos departamentos, tener nuevos y diversos escenarios relacionados con los límites de territorialidad, medio ambiente, organización comunal, mega yacimientos en desarrollo, operaciones productivas en conexión, infraestructuras viales que trascienden territorios regionales y diseñan corredores mineros, presencia de grandes consorcios mineros de talla mundial, conflictividad social, etc.

El sur peruano se ha convertido en un área atractiva para la inversión minera, pero a la vez en un espacio de conflictividad social. Según la Defensoría del Pueblo, durante el año 2017, se ha registrado un total de 256 conflictos sociales a nivel nacional y los departamentos con mayor número de conflictos sociales fueron Ancash con 30 conflictos, Apurímac con 27, Puno con 20, Cusco 19 y Piura 18. La mayoría de estos conflictos sociales registrados fue de tipo socioambiental con el 66,4%; de estos conflictos, el 63.1% estaban relacionados con la actividad minera.

Según la Defensoría del Pueblo, durante el año 2017, se ha registrado un total de 256 conflictos sociales a nivel nacional y los departamentos con mayor número de conflictos sociales fueron Ancash con 30 conflictos, Apurímac con 27, Puno con 20, Cusco 19 y Piura 18.

Como se registra, es en los departamentos del sur donde se encuentran la mayoría de conflictos sociales, destacándose los conflictos existentes en Tía María (Arequipa), Majes Siguas II (Apurímac y Arequipa), Las Bambas (Apurímac) y el aeropuerto de Chinchero (Cusco) que concentran grandes inversiones cuyas ejecuciones permanecen en vilo entre mesas de negociación y fricciones con la población.

Esta conflictividad se acentúa, si es que analizamos la problemática social en los departamentos del sur. Así por ejemplo, para el año 2017 las tasas de desnutrición en Huancavelica y Apurímac entre sus niños menores de 5 años eran las más altas del país, con el 34.54% y 24.39%, respectivamente. Apurímac, con actual crecimiento en actividad minera, con crecimiento en conflictividad como en Las Bambas; es uno de los departamentos con los más altos índices de desnutrición infantil. Ahí la complejidad de la problemática actual.

Es por eso la importancia de tener una intervención estratégica y articuladora para disminuir los índices de desnutrición, una estrategia que involucre directamente (junto al Estado) a las empresas mineras que intervienen y van a intervenir en territorios como Huancavelica, Apurímac, Ayacucho o Cusco donde la prevalencia de la desnutrición infantil todavía sigue siendo alta.

En lo que respecta a la pobreza, el Mapa de Pobreza Provincial y Distrital 2013 del INEI, muestra que, de las 71 provincias de los departamentos del sur, 13 de estas provincias están por encima del 60% de pobreza monetaria, ubicándose la mayoría en los departamentos de Ayacucho y Apurímac.

Existen 28 provincias ubicadas entre el 40% y 59.9% de pobreza monetaria ubicadas en su mayoría en Puno, Cusco Huancavelica y Apurímac, espacios donde se encuentran la mayor cartera de inversiones mineras en el sur. Entre los años 2013 y 2016, los departamentos de Huancavelica y Apurímac siempre han estado ubicado entre los departamentos más pobres del país, junto a departamentos como Cajamarca, Ayacucho o Amazonas.

Según datos del Ministerio de Educación para el 2016, es desconcertante observar que en Puno, Huancavelica y Apurímac existe un alto índice de estudiantes de segundo de secundaria que no lograron los aprendizajes necesarios en materia de Historia, Geografía y Economía para poder acceder al siguiente nivel con indicadores altos de 33,4%, 40,7% y 39,2%, respectivamente. En lo concerniente del acceso al agua potable, al 2015 el INEI mostraba que el promedio de acceso de las personas a nivel nacional era de 63,6%, y si nos circunscribimos en el sur peruano, por debajo de ese promedio de personas que acceden al agua potable están departamentos como Cusco con el 55,5%, seguido por Ayacucho con 47,4%, Puno con 28,4%, Apurímac con 27,5% y Huancavelica con 18,8%. En estos dos últimos departamentos, están las mayores inversiones mineras.

Sin duda, para entender el conflicto actual de Las Bambas, es necesario entender la realidad de los departamentos del sur. Estos departamentos necesitan de la intervención articulada del Estado y la empresa privada, para ampliar la cobertura de agua potable, servicios educativos, infraestructura social básica, seguridad alimentaria y salud, etc; sobre todo en Apurímac y Huancavelica, dos territorios dónde viene creciendo exponencialmente la actividad minera. Recordemos que la conflictividad social en torno a la minería está relacionada con el uso y acceso al agua, por ende, poblaciones rurales del sur peruano no pueden caer en la paradoja de acceso del agua para las grandes empresas mineras en territorios de poblaciones que ni siquiera sus hogares cuentan con acceso al agua potable.

En el caso de Las Bambas, la conflictividad se ha circunscrito a una carretera, como principal exigencia de demanda de los comuneros. Es incomprensible que, en nuestro país, dentro de un distrito o comunidad exista una adecuada conexión vial hacia un proyecto minero, contrario a las vías de comunicación que conectan a estos pueblos o comunidades, que en su mayoría son paupérrimas.

Finalizamos mencionando que para asegurar una actividad minera viable, aceptable y sostenible es necesario primero conocer la realidad de los pueblos y comunidades donde se desarrollan estos proyectos, toda vez que las exigencias y demandas de estas comunidades, son históricas y a la vez incumplidas y/o olvidadas; y que recién se conocen en el Perú Oficial, en el Perú Centralista, cuando se descubre la riqueza minera y/o de hidrocarburos de estas comunidades, y desde Lima se elucubran grandes inversiones, sin siquiera consultar con los verdaderos dueños históricos de estos territorios. Esta es una agenda pendiente para la nueva política en el Perú, para evitar así futuros baguazos.

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*Elmer Antonio Torrejón Pizarro es natural de Luya, Amazonas. Antropólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) con una maestría en Estudios Amazónicos en la misma universidad, con post grado en Proyectos de Inversión Pública (UNMSM) y Gobernabilidad y Gerencia Política (PUCP) http://elmertorrejonpizarro.com/

 

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Comentarios

me parece interesante.

El Sr Torrejón, habla de toda la problematica de un país subdesarrollado, y no toca nada la verdadera problematica de la política MINERA MERCANTILISTA y del caso de las Bambas en el que la empresa minera debe reconocer que debe pagar un derecho de via, al estar impactando fuertemente la calidad de vida de los comuneros.

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